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SUSCRIBITESe trata de Luciano Pantano, el monotributista que registró una casona en Pilar a su nombre y que habría realizado pagos de 50 millones mensuales con la extensión corporativa.
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky sostuvo que directivos de la Asociación del Fútbol Argentino quedaron bajo la lupa de la investigación por la compra de una mansión en Pilar y otros bienes, por lo que se sospecha la comisión del delito de lavado de dinero. Una tarjeta corporativa de la AFA, usada por un supuesto testaferro, registra gastos mensuales por unos $50 millones.
Según una resolución que dictó el magistrado, una de las evidencias centrales es una tarjeta de crédito American Express utilizada por Luciano Pantano, señalado en la causa como supuesto testaferro. De acuerdo con el informe incorporado al expediente, la tarjeta pertenece a una cuenta corporativa de la AFA, con domicilio en la sede de Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires, y registra consumos promedio de 50 millones de pesos mensuales entre enero y diciembre de 2025.
Entre esos gastos figuran, entre otros, los pagos de telepase correspondientes a algunos de los 54 vehículos de alta gama secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, propiedad que se encuentra bajo investigación judicial.
Aguinsky rechazó apartarse del expediente y enviarlo al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había planteado una inhibitoria por razones territoriales, dado que los inmuebles investigados se encuentran en Pilar. Para el magistrado porteño, el eje del caso no está en la ubicación de la propiedad, sino en el origen de los fondos.
“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino, cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, afirmó el juez, al subrayar que la sede de la AFA se encuentra a pocos metros del tribunal a su cargo.
En su resolución, Aguinsky advirtió que “el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta” y que esta habría sido cometida “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”. En ese marco, sostuvo que los gastos efectuados con la tarjeta corporativa deben ser investigados para determinar si están vinculados con el predio de Villa Rosa y, en caso de tratarse de un delito en curso, “hacer cesar sus efectos en forma inmediata”.
El magistrado también recordó que el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial vinculó esta causa con otra investigación abierta por presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la AFA, por un monto estimado en 19 millones de pesos, que tramita en otro juzgado del mismo fuero en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Diego Amarante. Para Aguinsky, esa imputación “completa el cuadro indiciario” sobre los delitos que habrían antecedido al presunto lavado de activos, materializado —según la sospecha judicial— mediante la compra de la casa de Pilar y otros bienes a nombre de testaferros, entre ellos Pantano y su madre, quienes figuran como titulares de la sociedad compradora.
El juez remarcó además la competencia del fuero Penal Económico, al señalar que se trata de una jurisdicción especializada para investigar maniobras complejas que impactan en el orden económico y financiero, como las destinadas a “introducir, disimular o dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito”.
Aguinsky ya comunicó el rechazo de la inhibitoria a su par de Campana. Si González Charvay insiste en el planteo, el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, la causa continuará su curso en el Juzgado en lo Penal Económico N.º 10, que subroga Aguinsky, con la feria judicial de enero habilitada.