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SUSCRIBITELos trabajadores de Portugal salieron a la calle, convocados por la central obrera de aquel país contra "Trabajo XXI", la reforma laboral que impulsa el gobierno de Luis Montenegro.
Millones de trabajadores portugueses protagonizaron una huelga general y una movilización masiva en todo el país, convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), para rechazar la propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno conservador del primer ministro Luis Montenegro.
Bautizada como "Trabajo XXI", la iniciativa legislativa, que según el gobierno portugués busca mejorar la competitividad del mercado laboral y aumentar la productividad, tiene, a opinión de los dirigentes sindicales portugueses, profundas similitudes con la que impulsa el presidente Javier Milei en Argentina.
Según la CGTP, más de tres millones de personas participaron en la jornada de protesta. En un país con una población de apenas 10,3 millones de habitantes, esta movilización congregó una cifra histórica. La adhesión de los trabajadores fue tal que alcanzó el 90% en varios aeropuertos, y la capital, Lisboa, fue descrita como "una ciudad por completo desierta".
Se trata de la primera huelga general en 12 años, la última habiendo ocurrido en 2013, cuando Portugal estaba intervenido por la "troika" europea en medio de duras medidas de austeridad.
La propuesta de Montenegro, que contempla unas 100 medidas, busca una mayor flexibilización del mercado laboral. El punto más destacado que relaciona esta reforma con la impulsada por Javier Milei es la inclusión del "banco de horas laborales".
Este sistema busca designar, "mediante el acuerdo de ambas partes," cuántas horas por día podría trabajar un empleado. Los sindicatos, sin embargo, alertan que esta medida podría significar que la jornada laboral aumente hasta dos horas diarias, alcanzando las 50 horas semanales y un máximo de 150 horas al año, lo que consideran "trabajo gratuito para los empresarios".
Otras medidas polémicas del proyecto portugués incluyen la flexibilización de la negociación colectiva, la subcontratación tras despidos colectivos, el aumento de los sectores cubiertos por servicios mínimos en caso de huelga, y la posibilidad de que los trabajadores compren días de vacaciones a cambio de una reducción de salario. Además, la flexibilidad horaria para madres y padres con hijos menores de 12 años o con enfermedades crónicas o discapacidad pasaría a depender del "ajuste al funcionamiento de la empresa".
Mientras el gobierno sostiene que la reforma busca una legislación laboral "aún más favorable al trabajo, a la calidad del empleo y a la competitividad de la economía", los sindicatos han catalogado la propuesta como un "ataque concertado contra una amplia gama de derechos" y un "enorme retroceso" para el sector de los trabajadores.
A principios de noviembre, miles de personas ya se habían manifestado contra la reforma, considerándola un retroceso en los derechos laborales. Ante la movilización masiva del pasado jueves, el secretario de la CGTP, Tiago Oliveira, aseguró que la jornada es un "éxito" y una "señal inequívoca de la exigencia de mejores salarios y más derechos".
Por su parte, el primer ministro Montenegro ha defendido su iniciativa, sosteniendo que las reformas buscan flexibilizar aún más el mercado laboral, y ha criticado la protesta, afirmando que “La huelga es política y motiva a quienes jamás llegaron a un acuerdo y no quieren un acuerdo”. Los sindicatos, sin embargo, advierten que la reforma es "una respuesta incondicional a las demandas del capital, algo que los empresarios aplauden".