El Gobierno de Javier Milei ha desestimado el reclamo de la oposición y las centrales obreras para que el proyecto de ley de reforma laboral comience su debate en la Cámara de Diputados, e insiste en que el tratamiento legislativo arranque la próxima semana en el Senado. Esta postura implica un claro "ninguneo" a la Confederación General del Trabajo (CGT), que ya convocó una movilización multitudinaria en rechazo a la iniciativa.
Fuentes oficiales confirmaron a A24.com que el Ejecutivo considera que la exigencia de iniciar el debate en Diputados “no tiene sustento”. La Casa Rosada argumenta que el proyecto no amerita ingresar por la Cámara Baja, haciendo hincapié en que el componente impositivo que incluye la reforma es “muy menor,” centrado en la reducción de los aportes a las cargas sociales por parte de los empresarios.
La Defensiva Oficial y la Respuesta al Gremialismo
La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentará conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado la próxima semana, desde donde se invitará a funcionarios del Gobierno a defender el proyecto. Entre los elegidos para el debate se encuentran el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ya anticipó sus argumentos a través de la red X.
A pesar del rechazo de la CGT y la CTA, Cordero defendió públicamente la reforma, asegurando que “no quita realmente ningún derecho esencial a los trabajadores” y que, por el contrario, otorga derechos apuntando a generar empleo. El funcionario calificó la iniciativa como “completamente proactiva” y en beneficio de los trabajadores, el trabajo y las pymes.
Respecto a la marcha convocada por la CGT para el miércoles 18 frente al Congreso, la Casa Rosada relativizó su poder de convocatoria, alegando que la reforma de Milei fue avalada por el voto en las últimas elecciones. Además, advirtieron que si se realiza la protesta, los manifestantes deberán hacerlo "en las veredas" y cumplir con el protocolo antipiquetes.
La CGT se “Pinta la Cara” y Denuncia el "Tratamiento Exprés"
Las centrales obreras han respondido al proyecto con un plan de lucha que incluye tres ejes: el Congreso, las movilizaciones en la calle y la Justicia. La CGT, junto a las dos CTA y sindicatos combativos, considera que la reforma es “un paso más en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.
El cotitular de la CGT, Jorge Sola, defendió que la iniciativa va “en contra de los principios de los trabajadores” y de la “carta magna”, anticipando que implicará una "pelea judicial" por su inconstitucionalidad. La central también cuestionó duramente la intención del Gobierno de llevar adelante la discusión con un “tratamiento exprés” en el Congreso y “a libro cerrado,” sin una mesa de diálogo con los sectores involucrados.
Uno de los puntos más cuestionados por los gremios es el relacionado con la ultraactividad, ya que consideran que la modernización de los convenios podría resultar en la pérdida de derechos consagrados. Asimismo, la reforma dispone que las empresas ya no tendrán la obligación de ser agente de retención de los pagos mensuales de afiliación. El Gobierno argumenta que esto obligará a los sindicatos a crear su propio sistema de recaudación, asegurando que existen “mil formas de cobrarle a un afiliado” mediante “mecanismos digitales”.
En esencia, el Gobierno avanza con la premisa de que su reforma es pro-empleo y no vulnera derechos, mientras desestima las advertencias gremiales al confinarlas al ámbito del protocolo antipiquetes y la necesidad de modernizar sus mecanismos de recaudación