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SUSCRIBITEDentro de las reformas que el gobierno nacional enviará al Congreso está la de la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego, afectando puntos muy sensibles.
El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, comunicó este martes 9 de diciembre su determinación de impulsar sensibles reformas legislativas que afectan directamente a la Ley de Tierras y al régimen de Manejo del Fuego. Los anuncios, realizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, buscan "poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento".
La modificación más destacada es la derogación de la reforma a la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815), sancionada en 2020 e impulsada por el entonces jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Esta normativa original se había gestado en un contexto de preocupación por los focos ígneos en campos y bosques, y su objetivo principal era prohibir, por extensos plazos, modificaciones en el destino de los terrenos afectados por incendios. Bajo la premisa de proteger ecosistemas y garantizar su restauración, la ley impedía cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio.
El Gobierno actual busca eliminar esta prohibición, argumentando que la ley de Kirchner "atenta directamente contra la producción". La administración considera que impedir durante décadas el desarrollo de actividades distintas a las registradas antes del siniestro resulta contraproducente. Según el texto oficial, la restricción post-incendio generaba una "catástrofe doble" para los productores, quienes además de sufrir el daño quedan imposibilitados de adaptarse económicamente.
Con la derogación, se restablecerá el régimen vigente antes de la iniciativa de 2020, restituyendo la versión original del artículo 22 bis. Esta medida se enmarca en una batería de acciones orientadas a liberalizar y agilizar los procesos de producción agropecuaria y la compraventa de tierras.
Cabe destacar que la normativa de 2020 ya había encontrado resistencia en sectores rurales, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que cuestionaban que la ley no distinguía la intencionalidad del incendio y asumía que los propietarios generaban quemas para hacer negocios futuros. El Ejecutivo también recordó que la ley original ya contemplaba la obligación de recomponer el daño ambiental, considerando las restricciones de 2020 como "desproporcionadas e innecesarias".
Otra iniciativa clave que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso es la reforma de la Ley de Tierras (Ley N° 26.737). El objetivo central es la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por parte de privados extranjeros.
Desde 2011, la ley vigente obstaculiza la inversión internacional al prohibir que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país. El Gobierno propone modificar la ley para liberar esta compra por parte de privados, con el argumento de que la inversión extranjera es deseable y conducente al desarrollo de la nación, en línea con varios artículos de la Constitución Nacional.
No obstante, la propuesta redefine las restricciones: mientras que se libera la compra a privados, la adquisición por parte de entes estatales extranjeros seguirá sujeta a autorización previa. Esta diferenciación busca preservar los intereses estratégicos y la seguridad nacional.
Estas reformas legislativas forman parte del documento final del Consejo de Mayo y serán enviadas al Congreso, algunas para ser tratadas en sesiones extraordinarias y otras durante el período legislativo de 2026.
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