El Gobierno aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional a través de la publicación del Decreto 864/2025 en el Boletín Oficial. Esta medida, oficializada con las firmas de Javier Milei y Manuel Adorni, se enmarca en una reestructuración integral del sistema de inteligencia, que incluyó la disolución de la AFI y la creación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Las autoridades indicaron que, por primera vez en dos décadas, se realiza una actualización en esta materia, buscando modernizar las capacidades del Estado frente a un escenario internacional "difuso, fragmentado y complejo".
Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) se destacó que estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) para consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad.
Los ejes estratégicos clave de la nueva política
La nueva normativa redefine la actuación del sistema de inteligencia y establece cinco intereses estratégicos fundamentales:
- Asegurar la soberanía y autonomía de la Nación.
- Proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado.
- Proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes.
- Asegurar la vigencia del sistema democrático, republicano y federal.
- Preservar los recursos estratégicos.
Para cumplir estos intereses, el documento desarrolla lineamientos estratégicos detallados que abordan las principales áreas de riesgo y oportunidad:
- Preservación de la Soberanía y Autonomía Estratégica:
Uno de los propósitos centrales es posicionar a la Argentina en el plano internacional y preservar su autonomía estratégica. Esto implica identificar a los actores e intereses que contribuyen a la expansión internacional del país, mientras se detectan los factores foráneos que puedan atentar contra "el fortalecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones". En este sentido, se busca monitorear la influencia externa en procesos decisionales que puedan "condicionar la autonomía institucional".
- Protección del Sistema Democrático y Combate a la Desinformación:
Respecto al cuidado de la democracia, se fortalecerá la protección de los "procesos electorales, legislativos y de gobernanza territorial". Se pondrá especial foco en contrarrestar operaciones de influencia, financiamiento encubierto y manipulación informativa. La política enfatiza la necesidad de monitorear la desinformación disruptiva que pueda "erosionar la cohesión institucional y la legitimidad del Estado Nacional".
- Resguardo de Recursos y Ciberseguridad:
Se subraya la protección de los recursos estratégicos e infraestructuras esenciales. Se identificarán posibles riesgos de apropiación, explotación o transferencia no autorizada de recursos naturales, tecnológicos, informativos y científicos. La Argentina enfrenta escenarios de presión sobre su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico por parte de actores estatales y corporativos.
Además, la nueva política prioriza la anticipación y el combate de amenazas en el ciberespacio. Se define al ciberespacio como un "vector de influencia y superficie de ataque" que permite a actores estatales y no estatales proyectar poder de forma encubierta. También se abordará el dominio de tecnologías de frontera, como la inteligencia artificial y la computación cuántica, por su redefinición de los umbrales operativos.
- Prevención y Combate a Amenazas Transnacionales:
La SIDE establece como prioridad prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones, así como contrarrestar actividades de inteligencia externas que afecten los intereses nacionales. El documento advierte que el país enfrenta "exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente" y destaca la consolidación de redes criminales que se benefician de rutas estratégicas y zonas de frontera permeables.
Como paso siguiente, la SIDE fue instruida para elaborar la "Estrategia de Inteligencia Nacional," un documento operativo que deberá enmarcarse en estas bases y definir cursos de acción, objetivos específicos y prioridades, incluyendo el desarrollo de capital humano y tecnológico. Con esta reorganización, el Ejecutivo busca avanzar hacia un modelo más técnico y con mayores controles institucionales.
