Nuevas modificaciones en el proyecto de la Ley Ómnibus. Tras una serie de modificaciones en la iniciativa, el Gobierno nacional aceptó la quita de las retenciones a 35 economías regionales, entre ellas la vitivinicultura. Esta medida fue impulsada por los gobernadores, con Marcelo Orrego como protagonista, y también celebrada por el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández. Sobre dicha novedad, aseguró que “será una buena oportunidad de recuperar terreno en materia exportadora”.
Desde Buenos Aires, el funcionario provincial mostró su conformidad con la postura del Poder Ejecutivo argentino. “Estamos satisfechos por el avance del diálogo con el Gobierno nacional y la apertura demostrada. En particular, el entendimiento para atender la necesidad de eliminar retenciones a economías regionales y especialmente a nuestra industria madre, la vitivinicultura”, contó.
Fernández destacó el trabajo constante del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, diputados nacionales y representantes del sector. “Está dando frutos”, expresó.
En conclusión, manifestó que las modificaciones sean plasmadas en los dictámenes de comisiones y, luego, sean sancionados por ambas cámaras del Congreso. “De concretarse, será una buena oportunidad de recuperar terreno en materia exportadora”, finalizó.
Los cambios fueron solicitados por oposición dialoguista, como el caso de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, y aceptado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Propusieron cambios en más de 100 artículos del proyecto en temas de emergencia económica, retenciones y derechos a la exportación.
Para la cadena de la uva del país, desde la Mesa Vitícola de San Juan indicaron que el 8% de retenciones significaba un gran perjuicio para el futuro y un bajo impacto en los ingresos de las arcas del Estado nacional, ya que sumaría solo 60 millones de dólares, constituyendo apenas el 0.005% del gasto público. Además, el sector expuso que perjudicaba más la competitividad de las exportaciones argentinas frente a países sin este tipo de gravámenes, sin mencionar el menoscabo a productores de uva, a proveedores de insumos y de servicios.
"Provocó un derrumbe en toda la línea de producción, ya que los montos a entregar significan un tercio de lo invertido en empleo directo e indirecto, un cuarto de las compras de materias primas y una reducción de la inversión que se hace para el enoturismo de toda la Argentina, entre otras razones", comunicaron a través de un informe.
