La COVIAR fue a la Justicia para recuperar el aporte obligatorio y en San Juan se armó un frente común en contra

La avanzada desató un rechazo generalizado en San Juan: la posibilidad del regreso del aporte obligatorio generó un bloque de resistencia en el que están el Gobierno provincial, entidades viñateras y referentes bodegueros.

Ante la consulta de Tiempo de San Juan, todos salieron a respaldar la resolución nacional y los privados cuestionaron con dureza tanto el rol de la COVIAR como la continuidad de un esquema que consideran agotado y sin resultados concretos para el sector.

Qué pidió COVIAR a la justicia

Se conoció que la Corporación presentó el pasado martes 26 de mayo una demanda de amparo en el Juzgado Federal Nro. 2 de Mendoza, contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. La medida nacional eliminó el aporte obligatorio que debían realizar las bodegas para sostener económicamente a la entidad.

Pero el juzgado rechazó habilitar la vía rápida solicitada por la COVIAR y otorgó al Estado nacional un plazo de tres días para responder y fundamentar la legitimidad de la resolución. De esta manera, la cautelar quedó en pausa hasta que el Gobierno Nacional presente el informe solicitado por el juez interviniente.

La postura del gobierno sanjuanino

La primera reacción en San Juan llegó desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que tal como lo hizo a principios de mayo, ahora volvió a emitir un duro comunicado respaldando la eliminación del aporte obligatorio y marcando distancia de la estrategia judicial de la corporación.

“El Ministerio ratifica su postura en favor de la voluntariedad de estos aportes y acompaña lo dispuesto por el Gobierno Nacional”, señalaron oficialmente. Además, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la promoción del sector debe sostenerse “sobre la adhesión voluntaria y nunca bajo el cobro compulsivo de aportaciones para sostener entidades privadas”.

El comunicado también reconoció aportes históricos de la COVIAR, aunque advirtió que las contribuciones obligatorias “generan una división que no contribuye a unir criterios para un diálogo estratégico sobre el futuro de la vitivinicultura”.

Las cámaras empresarias

Desde el sector privado también hubo un fuerte alineamiento contra la intención de la COVIAR de reinstalar el cobro obligatorio.

• Antonio Giménez, presidente de CACEX, aseguró que la demanda judicial difícilmente prospere y sostuvo que el Plan Estratégico Vitivinícola “nunca logró resultados”. “Si COVIAR decide continuar, debe ser con aportes solidarios. Nuestra Cámara siempre estuvo en contra del aporte compulsivo y obligatorio”, expresó.
• En la misma línea se manifestó Mauricio Colomé, presidente de la Cámara Bodeguera de San Juan, quien ratificó la postura histórica de rechazo a la contribución obligatoria y adelantó que emitirán un nuevo comunicado institucional.

Los viñateros hablaron de “asfixia económica”

• Pablo Martín remitió a un comunicado que acaba de sacar la Mesa Vitícola. Allí se advierte que volver atrás con la eliminación del aporte obligatorio implicaría “un duro golpe para el sector vitícola”. “En un contexto donde cada recurso es vital para sostener la actividad productiva, esta liberación representa un alivio fiscal directo e inmediato”, indica. Además, se cuestionó la continuidad de un esquema basado en un PEVI que, recordó, debía concluir en 2020. “Prolongar indefinidamente una tasa obligatoria bajo el amparo de un plan vencido constituía una distorsión legal y un esquema de recaudación forzosa que el sector primario ya no podía sostener”, afirmó.
• Desde la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés también cuestionó con dureza a la corporación y aseguró que durante años nunca pudieron acceder a una rendición clara de cuentas sobre los fondos administrados. “El consumo per cápita de vino cayó de 30 a 14 litros y las exportaciones están lejos de los U$S 2.000 millones planteados originalmente por el PEVI”, además denunció que los aportes terminaban siendo trasladados al productor y cuestionó la prórroga del plan estratégico hasta 2030. “Hay sectores que no quieren perder los beneficios y viajes que tenían para promocionar vinos en el exterior”, disparó.
• Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes, afirmó que la eliminación del aporte obligatorio representa “el fin de un esquema que fracasó en todos sus objetivos”. Sostuvo que el PEVI nunca contempló la rentabilidad del viñatero y cuestionó que la representación sanjuanina quedara relegada desde la creación misma de la COVIAR en 2003. También dijo que la entidad prorrogó el PEVI hasta 2030 “por motus propio” y sin aval parlamentario.

Así, mientras la discusión llego a la Justicia Federal, en San Juan Gobierno, productores y parte importante del empresariado vitivinícola aparecen hoy alineados en una postura común que busca dejar atrás el sistema de aportes obligatorios y reabrir el debate sobre el futuro institucional de la vitivinicultura argentina.