El juicio por injurias que enfrenta el exoficial Gabriel Riveros Alday por denuncias y publicaciones realizadas en redes sociales contra el exjefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, entró este jueves en una etapa clave con la realización de los alegatos ante el juez Matías Parrón.
Durante la audiencia desarrollada en Tribunales, la parte querellante, representada por los abogados Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz, solicitó que Riveros Alday sea condenado por cuatro hechos de injurias vinculados a expresiones difundidas principalmente a través de TikTok.
Según trascendió, la acusación pidió una pena de multa económica de 20 mil pesos por cada uno de los hechos denunciados, lo que totaliza un monto de 80 mil pesos. Además, requirieron que el exuniformado se abstenga de continuar realizando publicaciones o manifestaciones contra Martínez en redes sociales.
La causa se originó luego de una serie de videos y publicaciones en los que Riveros Alday vinculó al exjefe policial con presuntos hechos de corrupción. Martínez consideró que esas expresiones afectaron su honor y decidió avanzar judicialmente mediante una querella por injurias.
En esta etapa del proceso también se incorporaron pruebas documentales y elementos vinculados a las publicaciones realizadas por el exefectivo policial. Por su parte, la defensa de Riveros Alday no formuló pedidos especiales durante la audiencia, según indicaron fuentes judiciales.
El fallo quedó ahora en manos del juez Matías Parrón, quien dará a conocer su resolución el próximo martes a las 11 de la mañana, instancia en la que se definirá si el exoficial es condenado o absuelto.
El caso tuvo fuerte repercusión pública debido a la exposición mediática que Riveros Alday mantuvo durante el último tiempo a través de redes sociales, donde difundió denuncias y cuestionamientos contra integrantes de la fuerza policial y autoridades vinculadas a la institución.
El nombre del exuniformado ya había tomado notoriedad en 2025, luego de resultar herido de arma de fuego en un episodio ocurrido en el barrio La Estación, en Rawson. Tras aquel hecho, utilizó sus plataformas digitales para denunciar supuestas irregularidades dentro de la Policía y cuestionar medidas administrativas tomadas en su contra, entre ellas una suspensión y un proceso de cesantía.