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SUSCRIBITEPor primera vez, la Justicia habilitó cámaras Gesell para adultas en un caso de webcams eróticas. Mientras las pericias exponen un negocio multimillonario basado en multas y vulnerabilidad, la defensa se aferra a una frase de las víctimas para desarmar la acusación.
El juicio al conocido abogado penalista sanjuanino Gustavo De la Fuente y al comerciante colombiano Jhon Sebastián Quevedo Medina ha dejado de ser un simple proceso penal para convertirse en una radiografía del sometimiento moderno. Acusados de captar y explotar sexualmente a más de 37 mujeres bajo la fachada de la agencia "Belle Argentina", el debate oral transita horas decisivas.
En la jornada de este jueves 28 de mayo hubo una ronda de testimonios que introdujo una anomalía procesal que refleja la gravedad del caso: el uso de la Cámara Gesell para que declaren cinco mujeres adultas. Este recurso, que no se utilizó nunca en víctimas de la modalidad webcam -pero si en otros casos de trata tanto laboral como sexual-, se aplicó para evitar la revictimización frente a sus presuntos captores.
Lo que las víctimas relataron no solo expuso el funcionamiento de un sistema perverso que generó cientos de millones de pesos (se estima que hubo 300 millones en ganancias), sino que también le entregó a la defensa técnica los cimientos para su maniobra exculpatoria.
El juicio en el TOF lo preside el juez Daniel Doffo. Por la defensa del hombre oriundo de Colombia está la defensora oficial federal Gema Guillén y representando al abogado penalista sanjuanino, los doctores Fernando Castro y Jorge Olivera Legleu. En el Ministerio Público Fiscal Federal está encabezado por Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
El nivel de coacción psicológica que rodea a "Belle Argentina" quedó en evidencia no por las que hablaron, sino por las que callaron. La Justicia emitió un oficio con un listado de 30 jóvenes para constatar su situación y tomarles declaración. La respuesta inicial fue el silencio absoluto: nadie atendía los teléfonos.
Cuando las profesionales especialistas en trata y miembros de Desarrollo Humano fueron domicilio por domicilio, el panorama fue desolador. En algunas casas no había nadie; en otras, las jóvenes se negaban rotundamente a declarar. De las 30, apenas seis aceptaron inicialmente. Días después, volvieron a apagar sus celulares. De las dos que finalmente confirmaron su asistencia, solo una joven de 18 años, que fue captada bajo la promesa de entrar a una agencia de modelos, se sentó frente a la psicóloga. Al ver a mujeres en ropa interior circulando por el edificio y entender de qué se trataba el "contenido", ella se había negado a participar.
Para entender cómo funcionaba la cooptación, es imperativo mirar a quiénes buscaban. La falta de trabajo en la pandemia por el COVID fue el principal motivo por el que las mujeres aceptaron la propuesta de los dos apuntados.
La primera joven (21 años): con una adolescencia rota por la violencia y la falta de contención, llegó recomendada por otra chica. Su caso ilustra el circuito: aunque facturaba supuestamente $700.000 mensuales, el departamento donde vivía le pertenecía a Gustavo De la Fuente, a quien debía pagarle un alquiler. Cuando el búnker fue allanado, se quedó sin ingresos y literalmente en la calle, al punto que el Ministerio Público debió asistirla con mercadería para que pudiera comer.
La segunda mujer (44 años): víctima de violencia de género, recientemente separada (en esa época). La asfixia económica de la pandemia la empujó a firmar un contrato para hacer personajes y videos en TikTok durante dos años. Llegó a percibir unos $400.000 por mes, debiendo costear ella misma su vestuario.
La tercera mujer (aproxidamente 30 años) y el descarte comercial: su testimonio es quizás el más crudo en términos de cosificación. Como su físico era "diferente" al estándar del lugar, los administradores le informaron que "su contenido no era rentable". Lejos de desvincularla, le pidieron que se dedique a limpiar el lugar ubicado en el centro sanjuanino, precisamente por calle Güemes a escasos metros de Avenida Libertador. Cuando la policía allanó el búnker, la encontraron durmiendo en una habitación minúscula donde solo había una cama y ninguna otra comodidad.
La cuarta mujer (aprox. 30 años): madre de dos hijos. Aprovechó el anonimato de la virtualidad para ocultarle el trabajo a su familia. Trabajaba exclusivamente de noche para poder cuidar a sus hijos durante el día, vendiendo contenido erótico que era tarifado en dólares.
El control que ejercían De la Fuente y Quevedo no requería de cadenas físicas, según la acusación fiscal. El mecanismo era logístico y económico. Las mujeres cumplían turnos rotativos para cubrir un servicio 24/7. Mientras los clientes internacionales pagaban 2,90 dólares el minuto -en salas privadas-, ellas estaban sometidas a un "monitor" que las coucheaba sobre sus posturas y vestimentas.
El encierro era funcional: no tenían vínculos profundos entre ellas, lavaban su ropa en un lavarropas del búnker, y estaban por poco obligadas a comprar su comida en el drugstore ubicado enfrente, propiedad del mismísimo Quevedo, lo que funcionaba como un "descuento forzado" que licuaba sus ganancias. Incluso la salud estaba monopolizada: todas eran enviadas a atenderse a una misma clínica en Concepción. Sin pasar por alto, que todas las chicas -que hablaron- iban al mismo gimnasio para hacer ejercicio.
Frente a la abrumadora prueba contable, los abogados defensores (Castro y Olivera Legleu por parte de De la Fuente, y la defensora oficial Guillén, representando a Quevedo) han diseñado una maniobra técnica inteligente y agresiva: desarmar el delito de trata argumentando que las mujeres sabían lo que hacían y eran "libres" de irse.
Durante el interrogatorio a la psicóloga que estudió e hizo informes de las Cámara Gesell, la defensa bombardeó a la forense basándose en tres ejes: ninguna de las chicas mantuvo encuentros presenciales/físicos con hombres, todas tenían un franco semanal y gozaban de "libertad" ambulatoria. "Si no te gustaba, te ibas", es la premisa de la defensa para intentar reducir el caso a una mera infracción laboral, vaciándolo del peso penal de la trata de personas.
Por lo que se presenció en la audiencia de este jueves en el TOF, la defensa encontró una buena estrategia con las propias palabras de las mujeres. Una de ellas declaró en Gesell: “Dicen que soy víctima y no sé de qué”. Para los abogados de De la Fuente, esto es la confirmación del consentimiento. Además, arrinconaron a la psicóloga con una pregunta clave del defensor Castro: “¿Sintieron las chicas que fueron rescatadas?”
La respuesta de la psicóloga fue: “No lo sé, si ellas se sintieron engañadas". "Ninguna de las chicas fue a ese lugar engañada”. Es el arma principal que esgrime la defensa hoy. Si no hubo engaño sobre el tipo de trabajo (todas sabían que era contenido para adultos, salvo la joven de 18 años), los defensores sostendrían que no hay coacción.
Sin embargo, para los especialistas del programa de rescate, esto es un error conceptual grave. La psicóloga explicó que la víctima de trata no se reconoce como tal justamente por la vulnerabilidad estructural en la que ha vivido toda su vida. El consentimiento viciado por el hambre, la falta de alternativas y el control total (pagar el alquiler y la comida al propio proxeneta virtual) anula cualquier presunta "libertad de elección".
La magnitud del despojo es evidente en las pericias de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). Mientras la defensa habla de un acuerdo de partes (donde supuestamente las chicas se llevaban el 50% de lo que hacían en concepto de comisión), las auditorías de Gendarmería Nacional demostraron retenciones unilaterales bajo un sistema de multas por "llegadas tarde", "cansancio" o no cumplir horas.
En aproximadamente dos años, "Belle Argentina" generó un capital de $141.000.000, con ingresos mensuales de $6.000.000 solo por las transmisiones (sin contar lo recuperado forzosamente por el drugstore). Sumando bienes y cuadernos en negro, el negocio acumuló cerca de $300.000.000.
El contraste es obsceno: el requerimiento judicial expone el caso de una joven a la que se le pagaron apenas $27.200 por realizar 114 horas extras trabajando sin calefacción ni agua caliente. Es decir, 238 pesos por hora.
Por esta violencia económico-patrimonial, la SIFRAI exige hoy un resarcimiento histórico que ronda los $1.122.000.000 ($366 millones por ganancia ilícita, $569 millones por lucro cesante y $187 millones por daño moral).