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SUSCRIBITELa Justicia le dio la razón al municipio de Jáchal sobre la entrega en comodato del predio a la empresa Thor.
La entrega del terreno de Fabricaciones Militares a una empresa cordobesa por parte del municipio de Jáchal desató el enojo de proveedores locales.
En una resolución determinante para el escenario productivo y legal de San Juan, el Juzgado Multifuero de Segunda Nominación de Jáchal rechazó la demanda de nulidad interpuesta por la empresa Minexa S.A. contra la Municipalidad de Jáchal en la pelea por el predio de la ex Fabricaciones Militares. En definitiva, le dio la razón a la comuna.
Con esta sentencia, el juez Dr. Eduardo Jesús Vega pone fin al litigio por el uso de la ex Fábrica de Explosivos, confirmando la vigencia del contrato de comodato otorgado a la firma cordobesa THOR Tecnología Minera SA.
La decisión judicial, firmada el pasado 26 de diciembre, se centró en un criterio técnico fundamental: la "falta de legitimación activa" de la parte demandante. El magistrado determinó que Minexa SA, propiedad del abogado Wbaldino Acosta Zapata, no poseía un derecho subjetivo ni un interés legítimo para cuestionar el acto administrativo municipal.
Según el fallo, la mera expectativa de ser adjudicataria no otorga derecho a una tutela judicial, y el proceso legal no puede utilizarse como una instancia de revisión general del obrar estatal si no existe una afectación personal y directa hacia quien demanda.
Al no acreditarse una lesión a una posición jurídica diferenciada, la justicia ni siquiera ingresó a analizar el fondo de la cuestión, rechazando la demanda de plano y obligando a Minexa a pagar las costas del proceso.
El conflicto se desató cuando la gestión del intendente Matías Espejo entregó en comodato gratuito por 50 años (renovables por otros 50) el estratégico predio de más de 280 hectáreas a la empresa Thor. Esta decisión fue duramente criticada por empresas proveedores mineras y hasta por el gobierno provincial que tenía expectativas de ubicar allí la Zona Franca.
Pero fue la empresa Minexa, de Acosta Zapata, que también había presentado una propuesta para funcionar en el predio, denunció una "flagrante falta de transparencia" y la ausencia de un proceso de concurso competitivo.
Desde la firma se argumentó que el predio, que cuenta con infraestructura valuada en más de 2 millones de dólares, se entregó "a espaldas" de las leyes de contratación municipales. La firma sanjuanina aseguraba haber presentado una propuesta más ambiciosa que incluía la instalación de 40 empresas y la creación de 300 puestos de trabajo, con un 90% de mano de obra local.
Por su parte, la Municipalidad de Jáchal defendió la legalidad del proceso, afirmando que la oferta de Thor fue la única que cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y ambientales tras seis meses de evaluación. El acuerdo con la firma cordobesa establece la obligación de contratar al menos un 35% de personal jachallero y utilizar el inmueble exclusivamente para fines productivos vinculados a la minería.
Con el respaldo de la justicia, el municipio reafirmó que la resolución desautoriza los planteos de nulidad y permite que Thor continúe con su plan de inversiones para transformar el predio en un Centro de Producción de Insumos y Servicios para la Actividad Minera (CMJ).
Para entenderlo de manera sencilla, el fallo judicial actuó como un árbitro que decide que un jugador no puede reclamar un penal en un partido en el que no está oficialmente inscripto; al no reconocerle "derecho a jugar" la demanda, la jugada original del municipio permanece válida y el partido continúa.