El conflicto judicial por el estado de abandono de un predio perteneciente a la empresa Naturgy en Chimbas alcanzó su punto de máxima tensión en las últimas horas. Tras haberse vencido el plazo de 180 días otorgado para la limpieza total y el saneamiento del lugar, en la última audiencia de la Justicia de Faltas se vio indignación ante lo que considera una actitud reticente y negligente por parte de la compañía de energía. La situación, que arrastra meses de reclamos vecinales por la acumulación de basura y la inseguridad, dejó a la firma al borde de severas sanciones que podrían incluir multas millonarias, la clausura del lugar. Las intimaciones fueron apeladas por la compañía.
La trama sumó un capítulo picante en la cuarta desde que se inició el proceso el año pasado. Si bien el encuentro terminó en un planteo de nulidad debido a un error administrativo del juzgado que no elevó a tiempo el expediente a la Cámara de Apelaciones, el juez Enrique Mattar mostró su malestar por el incumplimiento de la empresa. Aunque en etapas previas Naturgy retiró transformadores en desuso considerados residuos peligrosos, el terreno sigue colmado de escombros y restos de postes de hormigón que son vandalizados por desconocidos para extraer hierro, lo que incrementa el peligro en la zona.
Tanto es el malestar del juez que mencionó la quita de la concesión pero aclaró en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN. "Yo no tengo esa facultad legal. Yo he dicho que la desobediencia legal me permitiría a mi solicitar la misma". La concesión de la distribución de energía es potestad del Gobierno de San Juan.
"Cuatro audiencias tendientes a que solucionen el problema sin respuesta alguna. Solo argumentos dilatorios. Y promesas de solución a una problemática sencilla para la capacidad económica y logística de dicha empresa la colocan en una actitud injustificada de rebeldía", destacó el magistrado.
Durante la audiencia, que se desarrolló en un clima de extrema tirantez, Mattar elevó el tono de voz para cuestionar la falta de voluntad de una empresa con semejante envergadura económica para resolver un problema de limpieza básica. El magistrado dijo que no aceptaría más dilaciones, afirmando que él es quien tiene la autoridad en el recinto. En uno de los momentos más tensos, el juez increpó a los representantes legales de la firma asegurando que puede interrumpirlos tantas veces como se le dé la gana y que no permitiría que lo hicieran callar.
La reprimenda de Mattar se centró en la desproporción entre los recursos de la multinacional y la tarea pendiente en Chimbas. El juez calificó la situación como un "absurdo" y a los representantes de la empresa les dijo que son unos "incumplientes" que ya han agotado sus oportunidades. "Digan que no tienen capacidad para sacar basura. Eso no se los admití nunca, ni se los voy a admitir nunca", sentenció el magistrado a los gritos, agregando que es inaceptable que una empresa "privilegiada" y con tal poder logístico solicite seis meses para retirar escombros. En sus palabras más duras, Mattar comparó la situación de forma irónica mencionando que Naturgy tiene el poder de "Superman" pero actúa pidiendo "una carretilla".
El nivel de indignación del juez escaló al punto de calificar la conducta corporativa como "vergonzosa" y asegurar que la empresa "da vergüenza" por no poder solucionar un inconveniente logístico menor. Mattar exigió que se comunicaran de inmediato con sus superiores para terminar con el problema ese mismo día, rechazando cualquier argumento sobre el volumen de los residuos. Para el juez, la reticencia a limpiar es una burla a la salud pública y a la seguridad de los vecinos, quienes vienen planteando una inquietud creciente por el estado del predio.
A pesar de que el trámite judicial formal lleva menos de un año, el conflicto es de antigua data y la paciencia de la Justicia parece haberse agotado ante las reiteradas solicitudes de prórroga que Naturgy presentaba habitualmente apenas un día antes del vencimiento de los plazos. El futuro de la causa ahora depende de la resolución de la Cámara de Apelaciones, que se espera en menos de un mes. Una vez que el expediente regrese, el juzgado está decidido a exigir el cierre perimetral del terreno como medida de seguridad ineludible y a aplicar las sanciones correspondientes para poner fin a un foco de conflicto que la empresa, según la Justicia, se niega sistemáticamente a resolver.
Aclaración del EPRE
En el marco del avance de este pleito, el Ente Provincial Regulador de Electricidad emitió este comunicado: "EPRE no es parte del expediente Judicial; consecuentemente, no corresponde que emita comentarios respecto a estas actuaciones. En el conflicto entre privados, ajeno a la materia de la Concesión del Servicio Público, se presentó una denuncia y se intimó al retiro de todos los residuos de transformadores que se requirió, con certificado de disposición final. Respecto de los residuos sólidos, se está en antecedente de que se encuentra en desarrollo un plan de remediación, que estaría en evaluación de las Autoridades Ambientales con competencia en la materia. La Distribuidora debe acreditar el cumplimiento de dicho plan una vez aprobado y ejecutado."
