Una denuncia en la Justicia Federal por lavado de dinero iniciada por César Manuel Olivera y una demanda en el 3º Juzgado Civil por daño moral y punitivo pesan sobre la firma Montemar. Siete demandantes representados por el abogado Ismael Hidalgo le piden a la compañía financiera un resarcimiento económico de $35 millones de pesos, por haber usado sus nombres e identificaciones en la creación de plazos fijos sin su autorización y posteriormente cobrarlos con firmas truchas.
La existencia de los plazos fijos truchos fue descubierta de casualidad, según indicó Hidalgo. El hallazgo se remonta al mes de junio del año 2010, cuando César Manuel Olivera denunció a su socio José Carlos Galdeano Montilla por estafa en la Central de Policía (el caso quedó a cargo del 1º Juzgado de Instrucción). Olivera denunció la desaparición de 8 autos de alta gama de la agencia de autos que tenían en conjunto sobre avenida Rawson 228 (sur), Capital.
“Luego de denunciar a Galdeano por estafa en la Central voy a la agencia y tomo posesión de una computadora que estaba en el salón. En mi casa me puse a ver los archivos y allí encontré una carpeta titulada Montemar. Inmediatamente la abrí y noté que había datos de 11 plazos fijos a mi nombre en la financiera que yo nunca había abierto, encima cobrados”, contó Olivera, uno de los demandantes.
Ante este hallazgo decidió contactarse con su abogado, Ismael Hidalgo. El profesional junto a Olivera se dirigieron a Montemar y pidieron saber si había en la compañía financiera plazos fijos a su nombre, ante la solicitud le respondieron por escrito que no. La duda sobre si era certero o no el archivo detectado en la computadora llevó al representado y a su abogado a dirigirse a Mendoza, provincia en la cual también tiene sede Montemar. Fue allí donde le dieron un listado completo de los plazos fijos que tenía Olivera a su nombre, según manifestó Hidalgo.
Fue con esa documentación que se asentó la denuncia en la Regional de la Policía Federal en mayo del 2011. La causa por lavado de dinero quedó en manos del Juzgado Federal Nº 2 a cargo de Leopoldo Rago Gallo, quien posteriormente se inhibió en la causa, ahora en manos del juez Miguel Ángel Gálvez (de licencia).
Al iniciarse la investigación, la Justicia Federal citó a declarar a las demás personas que figuraban en el archivo de la computadora como titulares de plazos fijos en la compañía financiera, en noviembre del 2011.
Andrés Masuelli aseguró que el plazo fijo Nº 01264296 por $ 27.153,97 era falso; Gabriel Masuelli indicó que los plazos fijos Nº 01264295 por $ 27.153,97 y Nº 01428699 por $29.654,29 eran falsos; Rolando Masuelli dijo que el plazo fijo Nº 01292924 por $ 32.073,37 era falso; Leonardo Martín afirmó que los plazos fijos Nº 01452925 por $ 30.774,28 y Nº 1428812 por $ 30.154,66 eran falsos; Adriana Romano manifestó que los plazos fijos Nº 01264298 por $27.153,97 y Nº 01452595 por $ 43.797,65 eran falsos; Eduardo Martín alegó que los plazos fijos Nº 1452926 por $ 30.774,28, Nº 1428813 por $ 30.154,66, Nº 1330522 por 34.177,66 y Nº 01264301 por $ 27.153,97 eran falsos; y César Manuel Olivera afirmó que los 11 plazos fijos a su nombre también eran falsos, según consta en la causa. Los 23 plazos fijos hacen un total de $757.299, 47.
El punto en común de todos los demandantes sería su conexión con Galdeano. Algunos le compraron un auto a la agencia de Olivera y Galdeano Montilla, otros eran amigos suyos.
La legislación establece que puede abrirse un plazo fijo a nombre de una persona pero sólo puede ser cobrado por el titular con documento de identidad en mano. En su defecto, ya sea porque el titular del plazo fijo se encuentre imposibilitado o haya muerto, quien lo cobre debe tener un poder para poder retirar el dinero de la entidad financiera en donde está depositado.
“Se investiga a Montemar por lavado de dinero y por evasión impositiva agravada por los montos. Ante el Estado el dinero ingresó al mercado en aparente forma legal, pero mis clientes no eran los titulares de esos plazos fijos y tampoco los cobraron”, agregó Hidalgo. La causa está en pleno proceso investigativo en el Juzgado Federal.
Tiempo de San Juan se acercó por la compañía financiera para que dé su visión de los hechos, pero desde la entidad financiera dijeron que iban a hablar sólo en la Justicia.
Por otro lado, los siete posibles damnificados le iniciaron a Montemar una demanda en el 3º Juzgado Civil, a cargo de Luis Arancibia, por daño punitivo y moral por $35 millones. Los hechos reclamados por la demanda son “daño moral y punitivo provocados por esta entidad en el entorno social y de credibilidad bancaria usando nombres e identificaciones en maniobras delictivas”.
Carolina Sendra, del 3º Juzgado Civil informó: “Esta causa fue iniciada el 15 de octubre de 2013. El 6 de noviembre ha salido el primer decreto que es el que corre traslado de la demanda. A partir de ello corre el plazo de 15 días (hábiles)”. Los plazos de la justicia indican que Montemar tiene tiempo hasta el 4 de diciembre para contestar la demanda.
Antecedentes
El nombre de José Carlos Galdeano (49 años) se hizo conocido luego de que saliera dos veces publicado en los medios de comunicación, involucrado en dos casos resonantes. En junio de 2010, el comerciante fue denunciado por su ex socio, César Olivera, de haberlo estafado con ocho vehículos, la mayoría de alta gama, que tenían a la venta en la agencia que compartían en un local de Avenida Rawson. Tras la denuncia de Olivera, la Policía recuperó esos rodados y un juez ordenó el arresto domiciliario de Galdeano.
En diciembre de 2010, Galdeano volvió a la escena pública al involucrarse su nombre con un supuesto robo de un BMW, hecho que ligó hasta al empresario Franco Benedetti. El hecho estuvo plagado de dudas. Una de las versiones que circuló indicaba que no hubo robo sino un recupero del auto por parte de Benedetti por una operación de compraventa que no cerró en buenos términos con otro ex agenciero, José Carlos Galdeano, quien dejó para la venta ese vehículo en la agencia "Automotores Alem", que Javier Valiente tiene en Alem y Estrada, Capital.
