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SUSCRIBITEEl Gobernador advirtió que en San Juan se aplicará un protocolo antipiquetes que sancionará a quienes corten calles. La medida se anunció tras una protesta masiva de taxistas y remiseros que paralizó el centro capitalino. También se anticipó una ley para regular el transporte.
En medio de los cortes de calles en San Juan, el gobernador Marcelo Orrego fue categórico: “En San Juan, la gente tiene que estar libre para transitar”. La advertencia no fue casual. Se dio tras una jornada marcada por una protesta masiva de taxistas y remiseros que colapsó el microcentro capitalino, exigiendo controles más estrictos contra choferes informales.
El mandatario aprovechó un acto institucional para dejar en claro que el Gobierno no tolerará más bloqueos en la vía pública. “La gente tiene que circular libremente, llegar a su trabajo, a un hospital. No podemos permitir que una protesta vulnere esos derechos”, afirmó durante la inauguración de una escuela de nivel inicial en Chimbas.
Aunque reconoció que el conflicto con los transportistas “no es nuevo” y que las aplicaciones de movilidad “han llegado para quedarse”, Orrego sostuvo que el Estado reforzará los controles y exigirá que todos los vehículos cumplan con los requisitos legales. Además, anticipó que enviará a la Legislatura un proyecto para regular el sistema de transporte público de forma integral.
La protesta del sector se originó por la presencia —según denuncian— de más de 3.000 autos particulares que operan como taxis sin habilitación. Frente a ese reclamo, la Casa de Gobierno ratificó su compromiso de ordenar la actividad, pero sin avalar medidas de fuerza que afecten al resto de los ciudadanos.
Pocas horas después de la manifestación, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, anunció que el nuevo protocolo antipiquetes ya está en marcha. En diálogo con Radio Sarmiento, fue directo: “No vamos a permitir más cortes en San Juan”.
Delgado explicó que, a partir de ahora, las manifestaciones deberán respetar ciertas condiciones impuestas por la Policía, como ocupar solo media calzada o manifestarse desde la vereda. Si se bloquean completamente las calles, se considerará un delito flagrante y actuará la Justicia.
El funcionario no descartó que se presenten denuncias penales por lo ocurrido el martes, aunque aclaró que el Gobierno sigue abierto al diálogo. “Queremos garantizar el derecho a protestar, pero sin afectar a miles de personas que no tienen nada que ver con el conflicto”, concluyó.
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