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SUSCRIBITEUn magistrado elegido por sorteo presentó un escrito dando sus razones para inhibirse de presidir el debate contra Juan Cruz Marinelli. Ahora, nuevamente deberán recurrir al bolillero.
El inicio del juicio contra el empleado judicial Juan Cruz Marinelli (actualmente desempeñándose en la Defensoría Oficial) se encuentra demorado y sin fecha exacta de apertura. Cabe destacar que esta persona está acusada de quedarse con dinero de la administración pública; precisamente, del Poder Judicial, cuando trabajaba en el Registro Inmobiliario de San Juan.
La razón de la demora para que comience este debate oral y público es que un juez se inhibió. Fuentes judiciales manifestaron que el magistrado Matías Parrón explicó en las últimas horas que no podía actuar en la causa porque tiene un vínculo cercano con el padre de Marinelli. Esta decisión de apartarse fue para garantizar la transparencia del proceso y que no esté comprometida la imparcialidad.
En Tribunales manifestaron que Marinelli trabaja en el organismo hace más de 20 años y el juez Parrón no debe ser el único con el que ha tenido vínculo. Por tal razón, cuando el bolillero escoja a otro magistrado, se deberá comprobar si existe una relación o no. Es más, esta relación íntima no solo sería con jueces o empleados, sino también hasta con un ministro de la Corte, expresaron fuentes del edificio.
Marinelli tiene una sanción administrativa que data de 2023, aunque aún se desconocen los motivos.
Marinelli se enfrentará a la Justicia tras ser detectado realizando trámites clandestinos y quedándose con dinero de particulares. Según la investigación fiscal a cargo de Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, el acusado aprovechó su cargo para engañar a ciudadanos y perjudicar las arcas estatales.
Entre septiembre y octubre de 2024, el imputado habría operado al margen de la ley en al menos cinco ocasiones. Detallando su modus operandi, este supuestamente solicitaba dinero de forma directa y sin autorización, ignorando que el único medio de pago habilitado es el sistema electrónico oficial. Luego emitía informes de dominio "sin valor legal" para simular la gestión y quedarse con el efectivo.
Todo salió a luz cuando, en uno de los casos, procesó el trámite sin que el canon ingresara jamás a las cuentas del Registro, engañando tanto a los usuarios como a la Administración Pública. El representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que estos hechos configuran un perjuicio patrimonial directo al Poder Judicial, agravado por el abuso de confianza que su rol de empleado público le otorgaba.
Como pretensión punitiva la fiscalía en la audiencia de control de acusación dijo que buscará que Marinelli sea condenado a 3 años de prisión condicional.
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