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SUSCRIBITELa acusación sostiene que habría cobrado dinero en efectivo por gestiones que solo podían abonarse de forma electrónica. La Justicia rechazó un planteo de inimputabilidad y dio por cerrada la etapa investigativa.
El Registro General Inmobiliario está situado en la avenida Rawson y calle Mitre, en la Capital provincial.
La causa que investiga a Juan Cruz Marinelli, empleado del Registro Inmobiliario de San Juan, avanzará a juicio. Así lo resolvió la Justicia provincial luego de dar por finalizada la etapa de investigación en la que se lo acusa de haber realizado cobros indebidos vinculados a trámites dentro de la dependencia estatal.
El caso se encuadra en el delito de fraude contra la administración pública, una figura penal que contempla penas que van de los dos a los seis años de prisión.
La definición se tomó este jueves durante la audiencia de control de acusación, presidida por la jueza Gema Guerrero. En esa instancia, el fiscal Francisco Nicolía comunicó que la investigación penal preparatoria estaba concluida y solicitó que el expediente avance hacia el juicio oral.
En medio de la audiencia, la defensa del imputado —a cargo del defensor oficial César Oro— intentó frenar el avance del proceso al pedir la conformación de una junta médica que evaluara una posible inimputabilidad sobreviniente. El planteo se basó en que Marinelli se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.
Este tipo de evaluación se aplica cuando una persona que en el momento del hecho era plenamente responsable pierde posteriormente la capacidad de comprender sus actos o dirigir su conducta.
El fiscal rechazó ese pedido y recordó que el empleado ya había sido examinado por profesionales del Poder Judicial. De acuerdo con esos informes médicos, elaborados a fines de enero de este año, el acusado estaba en condiciones de retomar tareas laborales.
Marinelli había solicitado licencia en noviembre de 2025 al presentar un certificado psiquiátrico tras ser trasladado a una defensoría oficial. Sin embargo, cuando intentó extender ese permiso en enero, la solicitud fue denegada luego de una nueva evaluación médica. Finalmente, la magistrada coincidió con la postura del Ministerio Público y rechazó el planteo de la defensa.
La investigación apunta a que el empleado habría utilizado su puesto dentro del Registro Inmobiliario para pedir dinero en efectivo a personas que realizaban gestiones relacionadas con el llamado “Formulario Verde”, un documento necesario para obtener la nomenclatura catastral de un inmueble.
Según explicaron los investigadores, el trámite tiene dos modalidades: una consulta sin valor legal que cuesta 2.500 pesos y otra certificada que tiene un valor de 5.000 pesos. Ambos pagos, remarcaron, deben efectuarse únicamente mediante los cajeros de autoconsulta del organismo utilizando tarjeta, ya que la repartición no recibe dinero en efectivo.
La sospecha surgió cuando una usuaria regresó al organismo para realizar otra consulta y mencionó que ya había abonado 5.000 pesos en efectivo por el trámite. El empleado que la atendió en esa oportunidad le explicó que esa modalidad de pago no existía y la derivó con las autoridades del área.
Tras revisar lo ocurrido, el Registro Inmobiliario decidió reintegrarle el dinero a la mujer e iniciar un sumario interno. Más tarde, la damnificada formalizó la denuncia ante la UFI de Delitos Especiales.
En el marco de la investigación judicial también se realizó un allanamiento en el puesto de trabajo de Marinelli. Durante ese procedimiento, los investigadores hallaron trece Formularios Verdes descartados en un cesto de basura, un elemento que fue incorporado al expediente como parte de las pruebas de la presunta maniobra.