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SUSCRIBITEEl titular de Producción local expuso la postura del Gobierno provincial en el debate por la modificación de la norma nacional. Remarcó el peso de la actividad minera en la economía local y cuestionó la “falsa dicotomía” con el cuidado del agua. Además, puso el foco en la eficiencia hídrica como uno de los principales desafíos estructurales.
Durante la audiencia pública convocada para debatir la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, presentó la posición oficial de la provincia y expresó su respaldo al proyecto de adecuación normativa impulsado a nivel nacional.
En el inicio de su exposición, el funcionario dejó en claro el alineamiento con la postura del Ejecutivo provincial. “Apoyamos este proyecto de adecuación de los presupuestos mínimos de la ley de glaciares”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de revisar ciertos enfoques en torno al debate ambiental y productivo. En ese marco, cuestionó lo que definió como una “falsa dicotomía” entre la minería y el uso responsable del agua.
A lo largo de su intervención, Fernández describió las características estructurales de San Juan para contextualizar el rol de las distintas actividades económicas. “San Juan es una provincia montañosa y desértica”, señaló, y explicó que apenas una pequeña fracción del territorio corresponde a oasis donde se concentran la población y la producción agrícola. En ese escenario, sostuvo que “la minería resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades”, aunque insistió en que la provincia cuenta con una matriz productiva diversa.
En ese sentido, repasó el peso de la agroindustria -con eje en la vitivinicultura, la producción de aceite de oliva, pistachos y tomate industrial-, junto con el desarrollo de la industria manufacturera, el sector del conocimiento y el turismo. Sin embargo, advirtió que muchas de estas actividades enfrentan dificultades para mejorar su competitividad, vinculadas principalmente a problemas de infraestructura logística, acceso a energía a menor costo y limitaciones en el uso eficiente del agua.
Al abordar específicamente el recurso hídrico, el ministro aportó datos sobre su distribución en la provincia. “Solo el 3% corresponden a las concesiones para uso de agua en la minería”, indicó, al comparar ese porcentaje con el volumen destinado a la actividad agrícola y al consumo humano. A partir de esa relación, planteó que el desafío central pasa por optimizar el uso del agua, especialmente en el sector productivo tradicional.
En esa línea, explicó que una parte importante de los cultivos aún no cuenta con sistemas de riego mecanizados, lo que genera ineficiencias tanto en la distribución como en el aprovechamiento del recurso. También hizo referencia a problemas estructurales en los canales de riego y a limitaciones económicas dentro de las fincas que dificultan la incorporación de nuevas tecnologías.
Frente a ese panorama, Fernández sostuvo que la minería puede desempeñar un papel clave como motor de desarrollo. Según indicó, además de generar empleo -mayoritariamente local-, la actividad tiene capacidad de impulsar inversiones en infraestructura vial, energética e hídrica, con impacto positivo sobre el resto de los sectores productivos. En particular, mencionó la posibilidad de avanzar en obras de riego y en programas de reconversión agrícola financiados con recursos vinculados a la actividad minera.
Hacia el cierre de su exposición, el funcionario volvió a poner el eje en la necesidad de mejorar la gestión del agua como política estratégica para la provincia. “Estamos ante el verdadero desafío de nuestra provincia”, concluyó.
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