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SUSCRIBITEDurante la gira de Diego Santilli por las provincias, los mandatarios locales -incluido Orrego- expusieron su disconformidad con el artículo propuesto por la gestión libertaria. Este cambio impositivo le hacía perder a San Juan casi $36.721 millones de recursos coparticipables.
San Juan fue una de las provincias que expresó reparos al artículo del proyecto de Reforma Laboral que proponía reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades. En ese contexto, y tras los planteos formulados por el gobernador Marcelo Orrego junto a otros mandatarios provinciales, el Gobierno nacional decidió retirar ese capítulo del proyecto, en el marco de las negociaciones políticas y legislativas vinculadas a la iniciativa.
El punto cuestionado formaba parte del artículo 191 del proyecto de reforma laboral impulsado por la gestión de Javier Milei. La propuesta contemplaba modificaciones en el impuesto a las sociedades, con una reducción de la alícuota del 30% al 27% para el segundo tramo de facturación y el reemplazo de la tasa del 35% por una del 31,5% para el tercer tramo, lo que implicaba un cambio en la carga tributaria para las empresas alcanzadas por esos niveles de ingresos.
La modificación impositiva generó preocupación entre los gobernadores debido al impacto que podía tener sobre la recaudación y los recursos coparticipables. En el caso de San Juan, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que la provincia podría perder alrededor de $36.721 millones anuales como consecuencia de la reducción del impuesto. En la región de Cuyo, Mendoza encabezaba el ranking de pérdidas estimadas, seguida por San Juan y San Luis.
Según ese mismo estudio, el impacto fiscal no se habría reflejado de manera inmediata, sino a partir de 2027, cuando las empresas presentaran las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal previo y se liquidaran los anticipos impositivos. Los recursos afectados formaban parte de la masa coparticipable que se distribuye entre las provincias.
El artículo 191 se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales desde el inicio del debate del proyecto. En conversaciones políticas previas al tratamiento legislativo, varios mandatarios provinciales y ministros de Economía habían manifestado que no acompañarían esa modificación impositiva, al considerar que implicaba resignar recursos en un contexto de restricciones fiscales.
En paralelo, el Gobierno nacional avanzó con una estrategia política para consolidar apoyos a la reforma laboral. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, fue designado como interlocutor con las provincias y realizó una gira para dialogar con gobernadores considerados “dialoguistas”. San Juan formó parte de la agenda de contactos, en un contexto en el que el artículo referido a Ganancias aparecía como uno de los principales puntos de negociación.
En el plano legislativo, el escenario mostraba un reparto heterogéneo de posiciones. En el Senado, se proyectaban dos votos negativos y uno positivo de San Juan, mientras que en la Cámara de Diputados el panorama era más fragmentado, con legisladores a favor, en contra y con reparos respecto del proyecto. Ese contexto reforzó la percepción en el oficialismo de que el artículo sobre Ganancias podía convertirse en un obstáculo para la aprobación de la reforma.
A medida que avanzaron las negociaciones, el Ejecutivo nacional evaluó distintas alternativas para sostener la iniciativa, entre ellas la posibilidad de condicionar la reducción del impuesto a un determinado nivel de crecimiento económico o postergar su aplicación en el tiempo. Sin embargo, esas opciones no lograron consenso suficiente entre los actores políticos y económicos involucrados.
Finalmente, en reuniones de la mesa política del oficialismo, con la participación de autoridades del área económica y referentes encargados de la negociación parlamentaria, se resolvió retirar el capítulo referido a la baja del impuesto a las Ganancias. La decisión fue interpretada como una concesión en el marco del proceso de negociación para garantizar el avance del resto del proyecto de reforma laboral en el Congreso.
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