La Justicia ha iniciado las indagatorias en la causa ANDIS, que investiga presuntos actos de corrupción y supuestas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. El proceso busca esclarecer una trama de supuestos pagos ilegales y sobreprecios que, según la investigación, generó contratos por más de $43.000 millones entre julio de 2024 y agosto de 2025.
Los principales implicados y sus roles
El principal apuntado en el caso es Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS y señalado como la cabeza de la organización. Spagnuolo está citado a declarar, aunque él se desliga de la acusación.
La investigación se centra en gran medida en Miguel Ángel Calvete, quien era la mano derecha de Spagnuolo y adquirió un rol central en la causa. Calvete fue citado a indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, pero se negó a declarar.
Para los investigadores, Calvete operaba como un gestor para distintos laboratorios y actuó como un "director para-estatal de la ANDIS". Su rol consistía en articular contactos internos y externos para "garantizar un esquema de corrupción" que beneficiaba a proveedores específicos y destrababa pagos millonarios destinados a droguerías e insumos médicos. Dentro del organismo, Calvete mantenía una red de funcionarios que le respondían directamente. Entre las firmas supuestamente beneficiadas se encuentran Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, y New Farma S.A., entre otras.
El "Grupo Museo" y la búsqueda de la "Caja Estatal"
El escándalo involucra a un círculo íntimo, denominado el "Grupo Museo", que buscaba un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto, manteniendo comunicaciones con diversos actores políticos para impulsar sus intereses en el sector salud. Este grupo, que mantenía una estrecha relación de amistad y confianza ("somos familia"), habría tenido la intención de usar la agencia como una "caja estatal" para gestionar intereses particulares.
El grupo se originó en un chat de WhatsApp creado el 15 de febrero de 2022 por Daniel María Garbellini (quien luego fue el número dos de ANDIS). Otros miembros eran Pablo Atchabahian, Patricio Rama ("Pato Country"), y Mariano Caballi. Atchabahian, un exfuncionario de la ANDIS, buscaba un lugar en la agencia desde 2022 y veía el 2023 como un "trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos," con el objetivo de lograr "4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.
Una vez que Spagnuolo y Garbellini fueron designados en la ANDIS a principios de 2024, se corroboró que Atchabahian le daba órdenes a Garbellini, indicando a quiénes pagar y a quiénes no, y a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que pudieran cotizar. Atchabahian, quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria y también se negó a declarar, aparece en todos los apuntes sensibles del expediente, incluidos chats y vínculos con proveedores.
Manipulación del sistema SIIPFIS y entrega de dinero
La investigación también reveló la manipulación técnica del sistema y el manejo de fondos ilícitos.
Luciana Ferrari, quien trabajaba en el laboratorio Roche, es señalada por haber intervenido ilegalmente en la Agencia como operadora externa a pedido de Atchabahian. Ferrari obtuvo acceso al sistema SIIPFIS mediante un usuario y contraseña registrados a nombre de otro empleado (Walter Martínez), otorgado por Daniel María Garbellini para que pudiera operar el sistema "desde afuera".
En cuanto al movimiento de dinero, las pruebas incluyen diálogos entre Spagnuolo y Calvete que giran en torno a un supuesto viaje a Israel y la forma de entregar dinero en "algún lugar disimulado". En un mensaje de audio, Calvete le pidió a su mujer, Guadalupe Muñoz (quien fue señalada por mover el efectivo), "cinco palos” en efectivo, explicando que era para "El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. Entre las pruebas se cuentan imágenes captadas por el sistema de monitoreo en el domicilio de Calvete, que muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila al hombro.
Otros citados a indagatoria incluyen a Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Patricio Gustavo Rama (director suplente de New Farma, con vínculos personales y comerciales con Calvete y Atchabahian), así como empresarios y operadores vinculados a las droguerías New Farma y Floresta, y personas involucradas en el traslado de dinero ilícito a través de firmas de aviación privada.
El caso está en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.