En San Juan vuelve el debate por la nueva ley de transporte
Desde el orreguismo confirmaron que buscarán tratar la reforma que integra apps y elimina licencias antes de fin de año. Con una sola sesión ordinaria restante, la estrategia oficial se centra en la negociación para lograr el consenso que postergó el proyecto meses atrás.
El debate por la nueva Ley de Transporte de San Juan, una iniciativa que impulsa el Gobierno Provincial que busca reformar integralmente el sistema local, está de vuelta en la agenda legislativa. Fuentes calificadas del orreguismo confirmaron este martes a TIEMPO DE SAN JUAN que buscarán dar tratamiento a la controversial iniciativa antes de que termine el año. Esta decisión se produce luego de que el tema fuera pospuesto en septiembre, tras generar fuertes protestas en la calle por parte de remiseros que se resisten a los cambios propuestos.
Una alta fuente oficialista argumentó que la iniciativa se dejó "para después de las elecciones" nacionales, tal como pidieron los diputados y ahora que pasaron las urnas se buscará retomar la discusión. El calendario juega en contra: en la Legislatura de San Juan solo queda una sesión ordinaria, que se haría la próxima semana, ya que luego de noviembre las sesiones pasan a ser extraordinarias.
A pesar de la urgencia, sacar un despacho final de comisión rápidamente se presenta como un desafío, aunque es posible. Si bien el dictamen de la Comisión de Obras ya existe, el despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) todavía está pendiente.
Búsqueda de consenso
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, arrastra un antecedente complejo. Previo a las elecciones legislativas, el oficialismo decía que ya tenía los votos necesarios para aprobar la iniciativa después de intensas conversaciones. No obstante, optó por no avanzar en el tratamiento con el objetivo de mantener la tranquilidad social y buscar un consenso más amplio, especialmente porque no se había logrado un acuerdo con el bloque del PJ.
Actualmente, no está confirmado si el oficialismo cuenta con los votos necesarios, pero sí existe una clara disposición a negociar. En su momento, el vicegobernador Fabián Martín había anticipado que no había apuro si no se lograba un consenso amplio. Martín también había manifestado que estaban proclives a abrir el proyecto a correcciones dentro de las comisiones. Esta postura negociadora se mantiene, dado que el tema se maneja con cierto hermetismo, especialmente tras las manifestaciones de algunos grupos de remiseros que se resisten a la propuesta.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, había defendido el proyecto, sosteniendo que la nueva ley tiene en cuenta al usuario y no a los "pocos sectores que hacían negocios con licencias", afectando a quienes podrían sentirse perjudicados por la eliminación de prácticas comerciales no deseadas.
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El secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, explicando el proyecto en las comisiones que lo analizan en la Cámara de Diputados de San Juan.
La reforma, centrada en el usuario
El proyecto para la nueva ley de transporte es presentado como una legislación innovadora que abandona el enfoque de regulaciones centradas en los prestadores para centrarse en proteger, cuidar y ofrecer el mejor servicio posible a la gente. El proyecto busca establecer una reforma integral del sistema.
En lo que respecta al transporte no regular (taxis, remises y vehículos con conductor mediante aplicaciones), se propone una apertura total del mercado y el fomento de la competencia. La transformación más significativa es la eliminación del sistema de licencias, reemplazándolo por un sistema de registro. Esto busca desvirtuar un problema histórico de alquiler y compraventa de licencias, permitiendo que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos (vehículo adecuado, carnet profesional y seguro específico) pueda registrarse digitalmente para prestar el servicio.
La reforma también introduce la regulación de las aplicaciones de movilidad (como Uber o Didi). Estas plataformas no son habilitadas o reguladas directamente, sino que son consideradas como "terceros de contactabilidad" y quedan alcanzadas por el Código Civil y Comercial, lo que les atribuye responsabilidad respecto al pasajero. Se busca propiciar más "sistemas de comunicación" para aumentar la eficiencia y reducir los tiempos de espera del viajero.
Además, el proyecto propone dejar atrás la tarifa regulada para establecer una tarifa libre con carácter orientativo. La Secretaría de Tránsito y Transporte establecerá una orientación basada en estudios de costos, pero el precio final será acordado entre el prestador y el pasajero, permitiendo diferenciar el costo según la calidad del servicio.
En cuanto al transporte público regular (colectivos), se busca aumentar la oferta y la cantidad de empresas en el sistema, incluso reduciendo a la mitad la participación máxima que una empresa puede tener. La ley también tiene una visión de futuro, previendo la incorporación de nuevas tecnologías y electromovilidad mediante líneas experimentales. Finalmente, el proyecto unifica la legislación de transporte de personas y de carga en una única normativa.
