El gobierno de Javier Milei ha intensificado las negociaciones con mandatarios provinciales de diversos signos políticos, buscando asegurar los votos necesarios en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026 y destrabar una serie de reformas estructurales. La estrategia oficialista se centra en ofrecer la ampliación de la transferencia de fondos y la inclusión de obras a las provincias a cambio del apoyo legislativo de los diputados y senadores que responden a los gobernadores.
La decisión de impulsar modificaciones al Presupuesto 2026—que ya cuenta con dictamen de Comisión en la Cámara de Diputados—será efectiva después del 10 de diciembre, fecha en la que el oficialismo espera consolidar una nueva mayoría con la asunción de los nuevos legisladores.
La mesa de negociación y los actores clave
La gestión de esta "nueva etapa de diálogo" está liderada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes aceleran las reuniones con los mandatarios. No obstante, la mesa de "presupuesto y estrategia legislativa" ha incorporado un jugador fundamental: el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
La inclusión de Caputo es crítica, ya que él es el "guardián del equilibrio fiscal" y el único habilitado para firmar la liberación de recursos para las provincias. De hecho, los temas de transferencia de fondos y obras se manejan directamente entre Santilli y el Ministro de Economía.
En una reunión reciente en Casa Rosada, convocada por la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, junto a Adorni, también participaron figuras clave como Patricia Bullrich (futura jefa de bloque de senadores de LLA) y Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados), además del asesor presidencial Santiago Caputo y Lule Menem. Esta mesa coordina tanto el Presupuesto 2026 como la presentación de los textos definitivos de las reformas Laboral, Tributaria y del Código Penal, que serán enviadas para debatir en sesiones extraordinarias.
Intercambio de fondos por apoyo legislativo
El objetivo del Gobierno es claro: lograr que los legisladores que responden a los gobernadores brinden su apoyo al Presupuesto 2026 a cambio de que la Nación amplíe la transferencia de fondos y obras a sus jurisdicciones.
Santilli ha conversado con al menos una docena de mandatarios de diversas extracciones políticas: PRO, UCR, peronistas no kirchneristas e independientes. Entre los gobernadores contactados se encuentran el sanjuanino Marcelo Orrego, el tucumano Osvaldo Jaldo, el entrerriano Rogelio Frigerio, el cordobés Martín Llaryora, el mendocino Alfredo Cornejo, y el catamarqueño Raúl Jalil.
Se especula que gobernadores peronistas, como Jalil (Catamarca) o Jaldo (Tucumán), podrían separarse definitivamente del bloque kirchnerista Fuerza Patria para oficializar bloques pequeños que se integrarían a un interbloque que facilite la agenda legislativa oficialista. Un ejemplo palpable de este alineamiento se observó con Raúl Jalil, quien, además de reunirse con Santilli, mantuvo un encuentro reservado para avanzar en el traspaso de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), un activo estratégico para Catamarca. Este movimiento político se interpreta como un "gesto de alineamiento" que podría facilitar que los cuatro diputados catamarqueños dejen Unión por la Patria para formar una bancada propia que apoye la agenda del oficialismo.
El diálogo con los mandatarios ha sido definido como un acuerdo para "trabajar en conjunto, escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso Nacional para impulsar y promover las reformas estructurales".
La tensión de la "Caja": Recursos primero, votos después
A pesar de la buena voluntad política, la negociación enfrenta una tensión central: la falta de financiamiento.
Los gobernadores repiten un menú estable de demandas:
- Financiamiento para obras e infraestructura (buscando avales de Nación para tomar deuda).
- Regularización de la deuda previsional que la ANSES mantiene con 13 distritos por alrededor de $5 billones.
- Discusión sobre la nueva distribución del impuesto a los combustibles y de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).
Los mandatarios advierten que no convalidarán reformas a ciegas, señalando que "Buscar consenso no es ser escribanía". Aunque el Gobierno aspira a que el Presupuesto 2026 ordene la política, los gobernadores invierten la ecuación: primero los recursos, después los votos. La urgencia provincial se debe a que la recaudación en varias jurisdicciones no alcanza para evitar el déficit fiscal.
"Si Economía no acompaña, esto es solo una ronda de cortesía", deslizó un asesor provincial. La frase que resume la postura de las provincias es: "¿Qué reformas quieren que aprobemos si no tenemos con qué pagar los sueldos? Si no hay plata, no hay reformas".
