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SUSCRIBITELa comisión parlamentaria que analiza lo operado con la criptmoneda $Libra señaló que Javier Milei "utilizó la investidura presidencial" para participar en la estafa. Además, se insistió en la comparecencia de Karina Milei para que de explicaciones en relación a su participación en lo investigado. En la nota, el extenso informe completo.
La Comisión Investigadora Especial de la Criptomoneda $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, difundió este martes su informe final de 204 páginas, desatando un "cimbronazo político" y elevando una recomendación de altísimo impacto institucional: el Congreso de la Nación debe evaluar si el presidente Javier Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El documento, que reúne testimonios y elementos documentales, concluye que la promoción que el presidente Milei realizó del token desde una cuenta oficial fue una condición necesaria para que la estafa a miles de inversores se concretara.
El informe establece que la promoción de $LIBRA no fue un hecho aislado y describe un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente incompatible con sus deberes constitucionales.
Los diputados remarcaron que Milei hizo la publicación sin consultar a organismos de control, lo cual para la comisión configuró una violación a la Ley de Ética Pública y rompió cualquier estándar de control institucional. El texto sostiene que el mandatario desdibujó los límites entre lo público y lo privado y omitió activar los mecanismos internos de control antes de intervenir en un negocio que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional. El diputado Maximiliano Ferraro expuso que el Presidente "habría promovido un emprendimiento privado" usando su investidura para beneficios particulares.
El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, había admitido durante su interpelación que el Presidente evitó consultar a organismos públicos para verificar si la difusión podía generar conflictos de interés.
Además, la comisión señaló que el Presidente no pudo justificar cómo obtuvo el link con el contrato del token $LIBRA, un dato que no circulaba de manera pública y cuyo acceso requería información privilegiada. La diputada Sabrina Selva afirmó que se evidenció "claramente que Milei no solo promocionó $LIBRA, sino que fue parte de la gestión y operatoria previa". El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, destacó que se registraron compras 22 segundos antes del posteo del presidente.
Los legisladores identificaron que el Presidente y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy habían participado previamente en al menos tres operaciones similares asociadas a Coin X, Vulcano y KIP Protocol (esta última en diciembre de 2024). El informe sostiene que la promoción del token no auditado, la falta de reacción ante advertencias formales y el uso de instalaciones oficiales para reuniones con promotores del token exceden las decisiones discrecionales.
Respecto al funcionamiento del token, se recordó que Milei presentó el proyecto $LIBRA como una herramienta seria para financiar pymes, aunque técnicamente se trataba de una meme coin manipulada para un posterior rug pull (tirón de alfombra). El episodio afectó a miles de inversores, con informes técnicos indicando que el 80% de las billeteras perdió dinero.
La comisión también señaló a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por autorizar la entrada a la Casa Rosada y a Olivos de los empresarios relacionados con el proyecto, facilitando las instalaciones oficiales para un hecho que se investiga como presunta estafa internacional. Se confirmaron 16 reuniones en Casa Rosada y Olivos con los empresarios cripto involucrados.
El informe cuestionó la ausencia de varios funcionarios del Gobierno citados, incluyendo a Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva. La comisión consideró que esta actitud impidió un esclarecimiento más rápido, configurando un incumplimiento de deberes, y resolvió denunciar penalmente a estos cinco funcionarios.
Un capítulo del informe se dedicó a la Justicia, describiendo la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi como "obstruccionista" por negar el acceso al expediente y rechazar medidas de prueba. La comisión solicitó un jury de enjuiciamiento contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.
La jornada de debate final se desarrolló con una sala colmada. El informe obtuvo el aval de 14 miembros, aunque el oficialismo (La Libertad Avanza - LLA), que estuvo ausente durante gran parte de los trabajos, objetó reglamentariamente que no se contara con las 15 firmas necesarias para un dictamen.
El diputado libertario Nicolás Mayoraz calificó la investigación de "delirio" y un "capricho" de la oposición, sosteniendo que la comisión no había escuchado testigos ni realizado pericias. El oficialismo insistió en que no había un informe final por falta de firmas.
Las conclusiones del informe quedaron estructuradas en tres ejes: político, legislativo y judicial. El eje político exige que el Congreso evalúe el mal desempeño presidencial.
En el apartado legislativo, se recomendó avanzar con reformas sobre ética pública, regulación de proveedores de activos virtuales, y la creación de una "Oficina de Investigaciones" del Congreso para robustecer el control político.
El informe final se convierte, según los analistas, en un frente legislativo inevitable que el Congreso deberá resolver.