La justicia de La Plata ha avanzado en la detención y el pedido de prisión preventiva para Nicolás Rodríguez, un referente del Movimiento Ciudadano La Capitana, y su pareja Daniela Silva Muñoz, en el marco de una investigación por abusos sexuales y prácticas coercitivas vinculadas al Senado bonaerense. Rodríguez, quien se desempeñaba en el ámbito de la militancia política, utilizaba su posición para mostrarse como un hombre "todopoderoso" e intocable ante sus víctimas, asegurando tener información sobre todos sus movimientos y secretos.
Para cimentar esta imagen de impunidad y poder dentro del Estado, el acusado afirmaba ser familiar directo, específicamente sobrino, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según los investigadores, este supuesto parentesco no está acreditado en la causa y era utilizado como una herramienta de manipulación para presentarse como un "peso pesado" de la política y evitar cualquier cuestionamiento a sus actos. Una testigo de identidad reservada relató que Rodríguez le confió este presunto vínculo familiar como una forma de ganar su confianza tras haberle realizado propuestas incómodas.
Los hechos denunciados se desarrollaron bajo la fachada de una organización denominada “La Orden de la Luz”, una secta donde Rodríguez se autoproclamaba como un ser superior o un “Dios en la tierra” bajo el nombre de “Kiei”. En este entorno, Silva Muñoz, quien fuera candidata a concejala y referente de género, desempeñaba un rol determinante como "maestra espiritual" o “sensei”, encargada de persuadir a otras mujeres para que aceptaran las condiciones del líder bajo la premisa de que debían “domar su fuego” interno.
El mecanismo de captación incluía frecuentemente la promesa de pasantías o puestos laborales en la Cámara de Senadores, generando en las víctimas una deuda económica y moral, ya que en ocasiones el propio Rodríguez financiaba estas becas. Una vez establecida la subordinación, comenzaban los ataques sexuales que incluían acceso carnal violento y el uso de cuchillos y katanas para amedrentar a las mujeres. Las denunciantes describieron situaciones de extrema violencia física, incluyendo mordeduras, quemaduras en el cuerpo y asfixias hasta llegar al desmayo.
Incluso cuando las víctimas intentaban alejarse de la organización, el hostigamiento continuaba mediante correos electrónicos intimidatorios enviados desde una cuenta denominada “Hiraki Seiton”. En estos mensajes se advertía sobre peligros sobrenaturales o se proferían amenazas directas de muerte contra los familiares de las víctimas si rompían el silencio. Actualmente, la fiscal Betina Lacki ha formulado el pedido de prisión preventiva para ambos imputados, quienes enfrentan cargos por delitos sexuales, amenazas y privación ilegítima de la libertad, a la espera de la resolución del juez de garantías Juan Pablo Masi.
