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SUSCRIBITELa Cámara de Diputados debatiría el 11 de febrero la aclaratoria a la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional que busca redefinir el alcance del ambiente periglacial y otorgar mayor participación a las provincias.
La Cámara de Diputados trataría el próximo 11 de febrero la aclaratoria de la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional que introduce modificaciones a la Ley 26.639 y que resulta clave para provincias mineras como San Juan, donde el alcance de la normativa tiene impacto directo sobre proyectos estratégicos de inversión.
La iniciativa llegará al recinto luego de haber obtenido dictamen favorable en diciembre pasado, tras varias jornadas de exposiciones técnicas y políticas. El 18 de diciembre, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron un dictamen de mayoría que habilitó el avance del proyecto, aunque se resolvió mantener el análisis durante el receso de verano. Concluida esa etapa, el oficialismo decidió incluir el tema en el llamado a sesiones extraordinarias de febrero.
Desde el ámbito parlamentario indicaron que la intención es que el debate se dé antes de avanzar con la reforma laboral, otro de los proyectos prioritarios del Ejecutivo. En ese marco, la sesión prevista para el 11 de febrero aparece como una instancia decisiva para definir el futuro de una norma que genera posiciones enfrentadas entre el sector productivo y el ambiental.
El proyecto propone redefinir el concepto de “ambiente periglacial” y otorgar a las provincias un rol más activo en la identificación de las áreas alcanzadas por la protección de la ley. El objetivo es que sean los gobiernos provinciales los encargados de evaluar los emprendimientos mineros en sus territorios, siempre bajo el cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos a nivel nacional.
La propuesta cuenta con el respaldo de los gobernadores de provincias mineras, entre ellas San Juan y los distritos que integran la Mesa del Litio y del Cobre, que reclaman mayor previsibilidad jurídica para el desarrollo de inversiones. Desde esos sectores sostienen que la redacción actual de la ley genera interpretaciones dispares que terminan frenando proyectos y afectando la actividad económica y el empleo.