El Consejo de la Magistratura tiene la pelota. Ya están los anotados para suceder al difunto Eduardo Quattropani al frente del Ministerio Público Fiscal. Es el turno de las entrevistas y del proceso de depuración de candidatos para enviar una terna -tres nombres- a la Cámara de Diputados de la Provincia, que debatirá y elegirá al nuevo fiscal General de la Corte. La lupa está en el órgano que define el listado final. Tiene cinco miembros. Todos con vinculaciones políticas que pueden pesar al momento de tomar una decisión respecto a los postulantes. La pregunta es quién es quién en el Consejo.
La muerte del fiscal General Eduardo Quattropani disparó la sucesión por la conducción del Ministerio Público Fiscal. Falleció el lunes 21 de julio a las 4.40 de la madrugada y terminó con una era dentro del Poder Judicial sanjuanino. Después de 32 años, San Juan discutirá candidatos para uno de los puestos de mayor envergadura junto con la Corte de Justicia. El cargo es vitalicio y tiene un alto impacto en el día a día de la Justicia, sobre todo después de la implementación del Sistema Acusatorio.
Jimmy, como lo conocían todos en la esfera política y judicial, ingresó en 1993 durante el gobierno de Jorge Escobar como parte de un acuerdo con la Cruzada Renovadora de Alfredo Avelín. Es un puesto que tenía y tiene una ligazón partidaria. Todo indica que ahora sucederá algo similar. Los diferentes espacios que componen el poder en San Juan tienen la intención de mover sus fichas. De movida, el oficialismo provincial es el favorito para proponer el nombre del nuevo fiscal General.
Los nombres están listos. Son 35 personas las que ambicionan el puesto. Hay de todo: pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil. Vale la pena recordar que en ese lote están el camarista laboral Guillermo Baigorrí, los penalistas Nasser Uzair y Fernando Castro, el fiscal Ignacio Achem, y la jueza Adriana Tettamanti, entre otros. Son los suenan en los pasillos de Tribunales.
Ahora, el Consejo de la Magistratura debe realizar las entrevistas y elaborar la terna de los posibles reemplazantes para el cargo. Una vez seleccionada la terna, será evaluada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan. Luego, se somete a votación y quien obtenga la mayoría de los votos en el recinto será el nuevo fiscal General. Pero la cuestión llega a la Legislatura precocinada. El Consejo es un espacio donde, en ocasiones, imperan los intereses políticos. Cada miembro tiene una extracción partidaria y actúa en conformidad.
El Consejo está compuesto por el cortista Juan José Victoria (presidente), la ministra de Gobierno, Laura Palma (Poder Ejecutivo), la diputada provincial Fernanda Paredes (Poder Legislativo), y los matriculados Raúl Acosta y Valeria Torres (Foro de Abogados). ¿Quién es quién?
Recientemente, una investigación periodística nacional arrojó que la Corte de Justicia de San Juan es la más contaminada de nexos políticos de todo el país. Está emparentada con el peronismo, principalmente con el sector del senador Sergio Uñac. De hecho, fue durante sus mandatos al frente de Provincia que fueron nombrados los cinco magistrados. Victoria, por ejemplo, asumió en el 2019. De acuerdo al relevamiento del portal Ruido y CONNECTAS, fue asesor en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía -aunque no precisa los años- y fue jefe de Legales de la Municipalidad de Rawson durante la gestión de Juan Carlos Gioja.
La ministra Palma, naturalmente, es parte del equipo del gobernador Marcelo Orrego. Fue concejal opositora a las administraciones justicialistas en Pocito y ahora es candidata a diputada nacional en segundo término por el frente Por San Juan. En tanto, la legisladora Paredes es una uñaquista de primera hora. Es parte del Consejo Provincial Justicialista e integrante de la conducción de la Rama Femenina del partido. La dirigente sonó varias veces como potencial candidata a diputada nacional en caso de una lista conjunta con el sector de José Luis Gioja. Como no hubo unidad en las candidaturas y se impuso el uñaquismo, no participará de la contienda electoral del 26 de octubre.
Por su parte, en nombre de la abogacía, están los letrados Acosta y Torres. Los dos ingresaron por la lista de Abogados Justicialistas. Sin embargo, no es seguro que voten en conformidad al partido. El primero, según su rumorea, podría dar un salto al orreguismo. La segunda, aunque en un momento respondió al exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, sostiene su afinidad con los matriculados del peronismo.
El escenario, entonces, pinta para votaciones divididas. A priori, Palma y Acosta votarían en conjunto por los nombres que el oficialismo considere potables para la Fiscalía General. En contraposición, Paredes se inclinará por perfiles afines al Partido Justicialista y Torres podría hacer lo mismo. Dos contra dos. Así las cosas, desempataría Victoria. No obstante, para los cargos más suculentos, como en este caso, aunque se arman ternas, en la práctica ya viene “cantado” quién es el favorito del oficialismo.
En resumen, la elección del nuevo jefe de fiscales en San Juan no se define sólo por méritos, sino por una compleja red de negociaciones políticas. El Consejo de la Magistratura actúa como filtro, pero en la práctica suelen existir recomendaciones desde las estructuras partidarias, oficialistas y opositoras, con los favoritos. El problema es que, si la designación se empantana, la Corte de Justicia tiene la llave para resolver con un interino, lo que abre otro escenario de poder y tensiones internas. Si en 90 días no se cubre la vacante, la Corte puede nombrar a un interino. Eso le da margen de poder a la Corte para poner a alguien de confianza o mantener al actual subrogante (Daniel Galvani). Algunos cortistas podrían preferir esta salida para manejar mejor el equilibrio de poder y evitar conflictos como en el pasado.
