Presos federales en San Juan: una megamillonaria deuda que no se paga y el plan para trasladarlos urgente a una cárcel propia

La deuda acumulada es significativa, ya que abarca la mitad del año 2023, la totalidad de 2024 y 2025, sumando ya los primeros meses de 2026. Si bien no se difundió de cuántos millones de pesos es actualmente. Suárez destacó que los valores diarios por plaza que debería pagar el Gobierno Nacional están desactualizados y resultan insuficientes frente al costo real: "dentro de lo que hace al alojamiento de una persona privada de libertad en un contexto de encierro, están muy bajos los valores que deberían estar pagando", aseguró.

De acuerdo con lo expresado por Suárez, existen convenios de este tipo que datan de hace tiempo, específicamente desde los años '90 y se dieron diversas renovaciones a lo largo de los años. En este sentido, el último modelo de convenio fue aprobado y renovado en el año 2013. Esta versión es la que se encuentra vigente actualmente y es la que regula tanto la adhesión como el régimen de fijación y modificación de los valores diarios que la Nación debe pagar por el alojamiento de cada interno.

Ante este escenario, el Gobierno de San Juan no solo se limita al reclamo administrativo de los fondos, sino que busca una solución de fondo que implique el traslado de estos internos. Suárez confirmó que se están tramitando los expedientes ante la Dirección General del Servicio Penitenciario Nacional y el Ministerio de Seguridad para regularizar la deuda. No obstante, la propuesta más ambiciosa es seguir el modelo de provincias como Mendoza, donde coexisten un sistema provincial y uno federal totalmente independientes.

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Una de las alternativas que está sobre la mesa de análisis es la creación de un nuevo complejo destinado exclusivamente a internos federales, financiado íntegramente con recursos nacionales, lo que permitiría que el servicio penitenciario provincial dependa exclusivamente de sus propios recursos y necesidades.

Una posibilidad bajo evaluación es la utilización del proyecto del pretencioso Penal de Ullum, que quedó en veremos durante la gestión de Sergio Uñac, por falta de fondos. El predio, ubicado en el camino de Matagusanos, cuenta con un avance de obra mínimo y permitiría ubicar a estos internos en una zona menos urbanizada, evitando los problemas de seguridad que genera el tránsito en áreas densamente pobladas.

El complejo penitenciario en Ullum, actualmente cuenta con un 10% de avance de obra, precisó Suárez. Esta construcción ya posee infraestructura básica como "dos plataformas, dos bases ya armadas de hormigón" y "dos vallados perimetrales" con puestos aéreos de seguridad. Una variante dentro de esta misma alternativa es que el predio de Ullum funcione bajo un esquema mixto, ya que, según Suárez, el terreno permite que "una parte podría estar destinada para los federales y la otra parte podría estar destinada para internos provinciales", permitiendo que la Nación asuma la responsabilidad de su sector.

En caso de que el proyecto de Ullum no prospere, la provincia sostiene como condición indispensable que cualquier nueva ubicación se encuentre en zonas no urbanizadas. El director argumenta que el actual penal de Chimbas ha quedado "super urbanizado", lo que representa un riesgo logístico y de seguridad debido al "demasiado tránsito" en las zonas aledañas. Por ello, se busca un emplazamiento que garantice una operatividad aislada de los centros poblados para evitar los inconvenientes que hoy enfrenta la cárcel chimbera.

Estas propuestas se encuentran actualmente en "mesa de análisis" y bajo la evaluación de la Secretaría de Seguridad para ser planteadas formalmente ante las autoridades nacionales, aún no se plantean ante la gestión de Javier Milei, según precisó el funcionario de Marcelo Orrego.

La urgencia de descomprimir

El traslado de los presos federales es visto como una pieza clave para enfrentar el desafío de la superpoblación en el sistema penal de San Juan. La cifra actual de 1.850 internos supera ampliamente la capacidad original proyectada, que históricamente se situaba cerca de los 1.000 cupos. Lograr que la Nación se haga cargo de sus internos, ya sea mediante el pago de la deuda o la construcción de un penal propio, liberaría aproximadamente dos pabellones completos en la infraestructura provincial.

Esta disponibilidad de espacio es fundamental para que el Servicio Penitenciario pueda avanzar en la clasificación y categorización de los internos provinciales según su peligrosidad y el tipo de condena, una necesidad que se ha vuelto imperiosa tras la implementación del sistema acusatorio y el aumento de ingresos por flagrancia. Para Suárez, nivelar la población es el paso previo indispensable para implementar programas específicos de tratamiento y mejorar el control tecnológico y humano dentro de los muros.

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El perfil del interno federal en San Juan

El perfil de los 130 presos federales que se encuentran en la provincia no responde necesariamente a un estándar de alta conflictividad, aunque su distribución requiere decisiones estratégicas de seguridad. Suárez detalló que la gran mayoría, más del 80%, se encuentra sectorizada en un pabellón específico, mientras que el resto está distribuido por cuestiones de convivencia.

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Se trata de una población mayoritariamente joven, con edades que oscilan principalmente entre los 23 y los 45 años, aunque hay un grupo importante en la franja de los 40 a 55 años. Respecto a las condenas, el funcionario precisó que "la gran mayoría no son penas altas, sino penas más cortas". La población femenina es mínima, contando apenas con unas cinco internas que se encuentran alojadas en el sector general de mujeres. Suárez aclaró que no existe un régimen especial para ellos, ya que todos deben cumplir su detención en espacios que reúnan las condiciones de infraestructura adecuadas.