Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema

El sistema se basa en una Ley Provincial que adhiere a una Nacional, y requiere la instalación de un medidor bidireccional que registra tanto la energía que se consume de la red como la que se inyecta. Ante las dudas sobre la conveniencia de la inversión, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) viene difundiendo aclaraciones para incentivar la adopción de paneles, calificando como "mitos" varios de los temores de la población.

Según el EPRE, es falso que se cobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) sobre la energía autoconsumida, aclarando que el VAD representa los costos de la red eléctrica que pagan todos los usuarios proporcionalmente a la potencia máxima demandada. El ente sostiene que, si bien la inversión inicial es elevada (ejemplificando un costo de medidor de $629.069 más IVA), es una alternativa inteligente que permite ahorrar alrededor de 1.300 dólares anuales en las facturas de un hogar tipo. Asimismo, el organismo afirma que los impuestos se aplican únicamente sobre los cargos efectivamente cobrados y que la energía inyectada reduce la base imponible.

La fábula de la vaca y el lechero

Pese a los incentivos oficiales, dos de los primeros usuarios registrados en el sistema plantean serios dilemas sobre la realidad del beneficio económico. Daniel Aguado, uno de los ingenieros que integra el grupo de generadores distribuidos, utilizó una analogía para explicar la frustración que sienten frente al régimen actual.

En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, Aguado expuso la problemática de la siguiente manera: "Es como una persona que vivía en Macondo cuando había escasez de leche. El gobierno dice: vamos a sacar una ley de fomento, vamos a dejar que la gente tenga una vaca en la casa y consuma su propia leche y la que le sobra la venda. Entonces la persona compró una vaca, hizo un corral en su casa y dice: voy a producir mi leche. Pero el gobierno le dice: a usted le conviene que la leche que le sobre la venda. Tiene que comprar la máquina de ordeñar y tiene que comprar un tarro para vender la leche. El mismo lechero que le vendería la leche le vende el tarro. Paga la vaca, paga el corral y le empieza a sobrar la leche. Entonces, cuando la va a vender, se da cuenta de que se la debe vender al lechero para que él se la venda a sus vecinos. Cuando le dice al lechero 'cuánto me va a pagar', el lechero le dice: no le voy a pagar nada porque me ha dado un subsidio al gobierno para que yo no pierda plata. Se beneficia el lechero porque al final vendía la leche del productor a los vecinos y no le pagaban nada".

Para Aguado, esta situación se debe a una mala interpretación del marco regulatorio en San Juan, a diferencia de otras provincias, donde se paga un incentivo al generador por el esfuerzo realizado. El usuario destaca que el plan nacional de fomento es muy útil y debería potenciarse, pero advierte que en San Juan no se están cumpliendo los objetivos porque la inversión no se retribuye adecuadamente. Según sus cálculos, la falta de una explosión en la cantidad de usuarios, que debería ser diez veces mayor a la actual, se debe a que los números no cierran para las familias.

Las "irregularidades" en la facturación

Por su parte, Pontoriero, quien se identifica como el primer usuario generador domiciliario de la provincia, profundiza en las objeciones técnicas y legales sobre cómo se confeccionan las boletas de luz. Su principal reclamo se centra en una fórmula de cálculo aplicada por el EPRE que, según su visión, termina gravando la energía que el usuario genera y consume dentro de su propia casa sin usar la red pública.

Pontoriero detalla el conflicto técnico de esta forma: "La ley nacional dice que la energía consumida y por la cual te tienen que cobrar es la diferencia entre lo que yo recibo y lo que yo entrego. Por eso te obligan a poner un medidor bidireccional que mida lo que entra y que mida lo que sale y nada más que ahí. Ahora, ¿qué hace la gente del EPRE cuando la reglamenta? Agarra graciosamente y dice que no, que la energía consumida es la energía demandada, o sea, la que vos le pedís a la distribuidora, menos la energía inyectada, y le agrega la energía generada, o sea, todo lo que yo genero en mi casa y consumo en mi casa, lo meten en la fórmula y al aplicarlo así cobran el VAD sobre eso. Lo que yo hago en mi casa es un problema mío, es una apropiación indebida lo que están haciendo. Me cobran el VAD sobre lo que yo consumo, me cobran el VAD sobre lo que yo inyecto y me cobran el VAD sobre lo que yo consumo en mi casa, como si fuera un sistema de transporte que yo tengo en mi casa similar al de la distribuidora. Una locura".

Además del cargo por distribución, Pontoriero señala que se obliga a los usuarios a realizar tareas administrativas que no figuran en la ley nacional. Explica que deben comprar un equipo adicional llamado Smart Meter, con un costo de entre 700 y 800 dólares, para informar mensualmente a la distribuidora mediante una planilla de Excel el detalle diario de su generación. "Esa medición la tendría que hacer la distribuidora. Si me quieren cobrar eso, tendría que ser una medición de ellos, no mía. Yo todos los meses tengo que hacer un informe informándole a Energía San Juan día por día cómo funcionó mi aparato y eso no está previsto en la ley".

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El camino hacia la justicia

Ambos usuarios coinciden en que han agotado las vías administrativas sin éxito. Pontoriero afirma haber presentado numerosas notas ante el Ministerio de Infraestructura y el EPRE desde agosto de 2024, recibiendo respuestas que cierran el trámite sin resolver los planteos de fondo. El usuario sostiene que las resoluciones del EPRE se presentan como irrecurribles en la provincia, lo que deja a los ciudadanos sin defensa ante lo que consideran un enriquecimiento ilícito por parte de la empresa distribuidora Naturgy (ex Energía San Juan).

Ante este escenario, se preparan acciones legales para exigir que se respete la ley nacional de fomento 27.424 y su adhesión provincial. Pontoriero menciona la posibilidad de solicitar una medida cautelar para detener los cobros que considera indebidos hasta que la justicia resuelva la cuestión de fondo. El objetivo final de estos usuarios es que se instruya a la distribuidora a facturar únicamente la energía consumida de acuerdo con la legislación nacional y se reintegren los importes percibidos de manera irregular, asegurando que el beneficio de la energía limpia llegue efectivamente a quienes realizan la inversión.

El contraste con otras provincias

La situación de los usuarios en San Juan se diferencia de lo que ocurre en otros distritos del país, donde los entrevistados aseguran que se respeta la Ley Nacional de Generación Distribuida sin las interpretaciones locales que generan cargos extra. Según Aguado, en provincias como Santa Fe, el sistema funciona con un esquema de incentivos donde se le paga al usuario un valor superior al precio que la distribuidora abona en el mercado mayorista, reconociendo así el esfuerzo económico del inversor privado.

Asimismo, se destaca el caso de Córdoba, que cuenta con unos 1.400 usuarios registrados, una cifra que contrasta con los 169 de San Juan y que demuestra, según estos usuarios, una mayor efectividad en las políticas de fomento. Mientras que en el resto del país se aplica el criterio de cobrar únicamente por la diferencia neta entre la energía recibida y la entregada a la red, los usuarios locales sostienen que San Juan es la única jurisdicción que ha implementado fórmulas que incluyen el autoconsumo dentro de los costos de distribución. Esta disparidad regulatoria es la que, según los denunciantes, impide que en una provincia con un recurso solar privilegiado se produzca la explosión de usuarios que el sistema nacional busca promover.

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¿Cómo se calcula el VAD y por qué causa conflicto?

El VAD o Valor Agregado de Distribución es el costo reconocido a las empresas distribuidoras por llevar la energía desde los puntos de transmisión hasta los hogares, comercios e industrias. En el caso del sistema de generación distribuida, el EPRE sostiene que es un "mito" que se cobre el VAD sobre la energía autoconsumida (la que el panel produce y se usa dentro de la casa sin salir a la calle). EL EPRE sostiene que "no se cobra nada por la energía 'autoconsumida'. Esta es una de las confusiones más graves y ha sido aclarada en múltiples ocasiones. Es imposible 'eliminar' un cobro que no existe. El VAD representa los costos de la red eléctrica que pagan todas las personas usuarias, proporcionalmente a la potencia máxima que se demanda de la red. En los suministros donde se registra potencia (comercios, industrias, riego agrícola), el VAD se cobra en función de la potencia medida. En los suministros donde no se mide potencia (hogares), se calcula a partir de las energías registradas. Se puede elegir libremente otro sistema de facturación".

El conflicto surge porque hay usuarios generadores, como los ingenieros Pontoriero y Aguado, que denuncian que la reglamentación local desnaturaliza la Ley Nacional de Fomento 27.424. Ellos consideran que se realiza una "apropiación indebida" al cobrar por el uso de una infraestructura (la red de distribución) sobre energía que nunca circula por ella, sino que se genera y consume dentro del domicilio privado.

Los puntos clave del desacuerdo son:

• Inclusión del autoconsumo en la base de cálculo: Pontoriero explica que la ley nacional establece que se debe cobrar solo por la diferencia neta entre lo que entra y lo que sale del medidor bidireccional. Sin embargo, afirma que el EPRE aplica una fórmula donde la energía consumida se define como: (Energía demandada de la red - Energía inyectada) + Energía generada en el hogar. Al sumar la energía generada y consumida internamente, el VAD termina gravando un proceso que no utiliza la red pública.

• Anulación del beneficio económico: Los usuarios denuncian que el cargo variable asociado al VAD es, en ocasiones, superior al monto que se les reconoce por la energía que inyectan a la red. Esto provoca que el ahorro esperado desaparezca, haciendo que el usuario prácticamente "regale" su excedente a la distribuidora.

• Carga impositiva: Al aumentar la base imponible mediante esta fórmula de cálculo, también se incrementan proporcionalmente los impuestos (IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales), lo que contradice la ley nacional que prohíbe gravar la energía de fomento con cargos de distribución o tasas adicionales.

• Desaliento a la inversión: Mientras que originalmente se estimaba que un equipo solar se amortizaba en 5 o 6 años, los usuarios aseguran que, con este sistema de cobro de VAD, el recupero de la inversión se estira a 12 o 14 años, desincentivando la adopción masiva del sistema.