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SUSCRIBITELa ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, descartó que la administración provincial estuviera liderando un proyecto para modificar la Ley de Glaciares.
Jimena Latorre, ministra de Energía, expuso en el plenario de comisiones del proyecto Distrito Minero Malargüe Occidental II. (Foto: Prensa Legislatura de Mendoza).
Días atrás, Javier Milei anunció la intención de enviar un proyecto de ley para modificar la Ley Nacional de Glaciares, asegurando que la idea había sido propuesta directamente por el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, lo que generó una desmentida desde el mismo Gobierno mendocino.
El presidente sostuvo que esta modificación es clave para la minería, a la par que señaló que la propuesta busca devolver el federalismo a las provincias para que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Y remató su afirmación señalando: "Esa idea ni siquiera es mía, es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo".
Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Mendoza fue inmediata y buscando desvincularse de la iniciativa de reforma de la ley de presupuestos mínimos. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, descartó que la administración provincial estuviera liderando un proyecto para modificar la Ley de Glaciares. Latorre minimizó el señalamiento de Milei, sugiriendo que el Presidente pudo haber puesto en valor el liderazgo de Cornejo en la Mesa del Cobre (que preside Marcelo Orrego) o en su rol como representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo, más allá de la autoría específica de la propuesta legislativa.
La funcionaria mendocina, según publicó Los Andes, negó la existencia de una iniciativa oficial que haya salido de la provincia: "Que nosotros tengamos conocimiento, no hay un proyecto oficial y menos que menos ha salido de la letra de esta Provincia el proyecto", dijo.
La postura de Mendoza parece centrarse en la necesidad de generar claridad y complementación dentro del marco normativo ya existente, evitando cualquier modificación directa a la ley de presupuestos mínimos que pudiera reabrir conflictos políticos y ambientales.
La ministra Latorre explicó que la confusión podría derivar del trabajo que la provincia está realizando con la Secretaría de Ambiente de la Nación en una guía para relevar las zonas periglaciares. La funcionaria mendocina reconoció que las provincias, en el marco de competencias concurrentes, necesitan ampliación y aclaración sobre la aplicación de la ley nacional.
A diferencia de la propuesta de ley que busca el Ejecutivo nacional -y que permitiría a cada provincia determinar la zona periglaciar con la promesa de una gran inversión en minería-, Mendoza se enfoca en resolver la indefinición técnica de una norma que tiene diez años de vigencia pero que aún no cuenta con reglamentación ni relevamiento de zona periglaciar.
Latorre explicó detalladamente cuál es la herramienta que sí está impulsando Mendoza: "Lo que se propone es trabajar en una guía de referencia que les indique a los proponentes de estos proyectos cómo tienen que actuar, qué información tienen que relevar, cómo tienen que comunicarla y quiénes van a ser los auditores de la información, lo que nos va a dar el beneficio de poder construir información conjunta".
La funcionaria aclaró que esta guía, trabajada conjuntamente con la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Ianigla, tendría la misma fuerza de ley que la declaración de impacto ambiental en aquellos proyectos a una altura que podrían estar en una zona periglaciar. Latorre insistió en que el verdadero objetivo es clarificar los roles y tareas, no alterar la normativa de base: "Quizás lo que necesite esta ley (de Glaciares) es mayor definición y aclaración sobre cuáles son los roles y tareas de cada una de estas autoridades con facultades concurrentes, lo que no significa en absoluto tocar esta ley de presupuestos mínimos".
La negación mendocina y su enfoque en la guía de referencia se entienden al contrastar su contexto interno con el de San Juan, y el escenario político nacional.
El debate por la Ley de Glaciares, que prohíbe la exploración y explotación en zonas glaciares y periglaciares, siempre ha estado atravesado por la dicotomía entre centralismo ambiental (Nación/IANIGLA) y el federalismo (provincias, que reclaman potestad sobre sus recursos). Actualmente, la falta de definición clara sobre qué es un ambiente periglacial o permafrost traba inversiones en provincias mineras.
San Juan, que concentra la mayoría de los proyectos de cobre del país (seis de diez), ejerce una presión constante para lograr definiciones que permitan el despegue de la actividad. El gobernador Orrego ha insistido con que es necesario "concluir con este circuito con un decreto reglamentario o una nueva ley que establezca que sean las provincias las autoridades de aplicación", argumentando que con seguridad jurídica y estabilidad fiscal aseguradas, la reglamentación es el último eslabón pendiente. El orreguismo incluso presentó un borrador de decreto y cree que la norma debe devolver la potestad de evaluación ambiental a la provincia.
A diferencia de San Juan, que ostenta una historia de desarrollo minero y un consenso político fuerte para avanzar, Mendoza carga con un historial de rechazo social a la megaminería, un factor que explica la extrema cautela de Cornejo en este debate.
La insistencia sanjuanina por una nueva ley o un decreto rápido muestra la licencia social y política de la provincia para avanzar, mientras que la negación de Mendoza a ser la autora de la iniciativa reformadora subraya la fragilidad de su propia licencia social.
Para Mendoza, impulsar una ley que "toque" los presupuestos mínimos ambientales, tal como lo plantea Milei, podría reactivar las resistencias ambientales internas y generar un costo político que su gobierno no está dispuesto a asumir. La estrategia mendocina, por lo que se viene mostrando, es avanzar con la minería del cobre mediante herramientas de clarificación técnica (la guía) que no alteren la ley de presupuestos mínimos, evitando así reabrir el conflicto ambiental que ha definido su política productiva durante años.
El Gobierno nacional está ante una disyuntiva: avanzar con un decreto reglamentario rápido, preferido por San Juan, pero vulnerable a impugnaciones judiciales por tratarse de un tema ambiental sensible; o impulsar una ley aclaratoria, la vía legislativa que gana adeptos en el gabinete tras el aumento de legisladores del oficialismo. La ley, aunque más lenta e incierta, ofrece mayor solidez jurídica y permitiría ordenar las competencias provinciales y nacionales.
El deslinde de responsabilidad de Mendoza en el proyecto de reforma, aunque Milei lo haya atribuido al gobernador, configura un escenario donde la ley que eventualmente se envíe al Congreso pueda ser impulsada con más fuerza por las jurisdicciones más vinculadas con la promoción minera, como San Juan y Catamarca, y no por Mendoza, que prefiere mantenerse en el terreno de la "aclaración" y la "guía de referencia".
Esto demuestra que, si bien el objetivo final (destrabar proyectos) es común a muchas provincias mineras, las estrategias y los riesgos políticos asumidos difieren bastante, reflejando el distinto peso de la licencia social en cada jurisdicción.
La ministra Latorre sostuvo: "Yo creo que el Presidente ha puesto en valor el liderazgo de Cornejo en la Mesa del Cobre, más allá de que la presidencia es de (el gobernador de San Juan, Marcelo) Orrego. Cornejo además es representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo. Entonces hay un liderazgo del gobernador en las reformas estructurales".
Además afirmó que "puede haber llevado a confusión esto que estamos trabajando con la Secretaría de Ambiente de la Nación, que es una guía para relevar (zonas periglaciares). Pero no ha habido ninguna propuesta".
Explicó: "Las provincias, por esto de las competencias concurrentes, que necesitan ampliación, aclaración o lo que fuera, han estado poniendo sobre la mesa esto de que la ley nacional de presupuestos mínimos requiere una complementación".
Y completó: "San Juan tiene seis grandes proyectos que requieren definiciones para poder avanzar, Catamarca y Salta también, son todas las provincias que necesitan claridad para administrar los recursos. Que nosotros tengamos conocimiento, no hay un proyecto oficial y menos que menos ha salido de la letra de esta Provincia el proyecto".
(Con información de diario Los Andes)
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