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SUSCRIBITEUn debate interno en el Gobierno nacional mantiene en suspenso una definición clave para las inversiones mineras sobre la Ley de Glaciares.
El futuro del cobre en San Juan depende de una definición sobre la Ley de Glaciares. El debate en la Nación mantiene en suspenso una norma clave para dar certidumbre a las inversiones mineras.
El presidente Javier Milei habló en el Council of the Americas en la Ciudad de Nueva York, sobre el cobre argentino ante las principales mineras y alentó a sus CEOs a invertir en Argentina, destacando las medidas del gobierno orientadas a generar “previsibilidad y atraer capital”. Sin embargo, puertas adentro de su propio Gobierno persiste una traba que impide que esas promesas se materialicen: la falta de definición sobre la Ley de Glaciares.
Se trata de una norma central para las provincias mineras como San Juan, donde se concentra la mayoría de los proyectos de cobre del país. Todos quieren clarificar la ley para que lleguen las inversiones. La disyuntiva es cómo hacerlo.
Hasta ahora siempre se habló de la necesidad de reglamentar la ley de glaciares para definir exactamente que es un ambiente periglacial, un glaciar de roca y otras definiciones que hacen “ruido” por prestarse a múltiples interpretaciones. Pero tras las elecciones y el contundente triunfo de La Libertad Avanza surgió una novedad: buena parte del gabinete nacional impulsa la sanción de una ley complementaria, ahora que tiene más legisladores en el Congreso, informaron fuentes oficiales.
El decreto es rápido, pero puede ser vulnerable. Una ley es más sólida, pero también más lenta y de solución incierta. En esta última San Juan podría introducir con más peso una pretensión que el orreguismo considera fundamental: que las decisiones sobre los glaciares sanjuaninos sean potestad de la provincia, y no como es ahora que dependen de organismos externos como el IANIGLIA.
Ambas coinciden en que no se trata de derogar la ley, sino de precisar sus definiciones vagas y ordenar competencias entre Nación y provincias. Pero mientras se decide qué camino tomar, las inversiones esperan.
El gobernador Marcelo Orrego volvió a insistir en el tema ayer lunes, en una reunión en Casa Rosada con Manuel Adorni y Diego Santilli. “De los diez proyectos de cobre que existen en el país, seis están en San Juan. Muchos están avanzados. Estoy convencido de que se van a concretar porque hoy hay seguridad jurídica, estabilidad fiscal y se eliminó el cepo. Pero es necesario concluir con este circuito con un decreto reglamentario o una nueva ley que establezca que sean las provincias las autoridades de aplicación”, afirmó. Por primera vez Orrego se permitió hablar de la posibilidad de una nueva ley.
San Juan ya presentó hace meses un borrador de decreto reglamentario a los ministerios del Interior y de Economía. En la visión provincial, esta sería la salida más rápida y práctica. Pero en la Nación no hay consenso: algunos funcionarios temen que un decreto sea más vulnerable a impugnaciones judiciales, especialmente tratándose de un tema ambiental sensible, contaron las fuentes a Tiempo de San Juan.
En un contexto de estabilidad fiscal, eliminación del cepo y vigencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la reglamentación de la Ley de Glaciares aparece como el último eslabón pendiente para que la minería del cobre despegue.
La provincia de San Juan insiste en que se debe ordenar las competencias entre la facultad de la Nación para establecer presupuestos mínimos ambientales y la potestad de las provincias sobre los recursos naturales. El orreguismo cree que la norma debe devolver la potestad a las provincias para evaluar ambientalmente la situación vinculada a los proyectos mineros y los glaciares. Es decir, reclaman que la autoridad de aplicación sea provincial, ya que la Constitución les reconoce la potestad sobre sus recursos naturales.
El Gobierno nacional, en cambio, debe fijar los presupuestos mínimos ambientales. Esa superposición es la que la ley actual nunca resolvió del todo. Y en esa indefinición se traban las inversiones: las empresas no saben quién puede autorizar o frenar un proyecto que esté cerca de zonas glaciares o periglaciares. En ese punto, la sanción de una ley complementaria es clave.
Desde la Cámara Minera de San Juan remarcan que la industria “no cuestiona la protección de los glaciares”, sino la falta de precisión técnica de la ley vigente, que confunde conceptos como “ambiente periglacial” o “permafrost” y genera interpretaciones erróneas. Así, la posibilidad de inversiones queda frenada con la incertidumbre acerca de si es posible realizar un proyecto productivo de cualquier tipo en la cordillera y precordillera de los Andes.
“Se necesita una reglamentación que complemente la ley y defina con rigor científico qué debe protegerse y qué zonas pueden desarrollarse sin riesgo ambiental”, sostuvo Iván Grgic, presidente de la entidad. Agregó que estas inquietudes ya fueron hechas públicas por la entidad que preside, por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), otras Cámaras Mineras Provinciales, la Unión Industrial, Cámaras de proveedores mineros y algunos de los Gobiernos provinciales liderados por San Juan.
En la misma línea, Javier Robeto, gerente general del proyecto Altar, advirtió que “con la ley tal como está, la incertidumbre es tan alta que difícilmente un proyecto en la cordillera pueda avanzar hacia la etapa de mina”. “Definiciones como ambiente periglacial o permafrost son demasiadas amplias y ambiguas, necesita ser mejor definido a conciencia y sustento científico para que se pueda aplicar mejor la ley y puedan avanzar proyectos en alta cordillera, mineros y no mineros”, indicó.
Ambos coinciden en que clarificar la ley daría previsibilidad para las inversiones, complementando la seguridad jurídica que ya ofrece el RIGI.