El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, confirmó su respaldo a la reforma de la Ley de Glaciares y defendió la iniciativa en el recinto con un discurso centrado en el federalismo, la seguridad jurídica y el desarrollo productivo de las provincias cordilleranas. Tal como se había anticipado en la previa, el legislador de La Libertad Avanza acompañó la postura del Gobierno nacional y votó a favor del proyecto.
“Estábamos esperando 15 años para tratar algo que es de vital importancia”, comenzó Olivera, al sostener que la normativa actual generó “ambigüedad jurídica” y frenó el desarrollo de varias provincias. En ese sentido, buscó despejar cuestionamientos y afirmó que la reforma “no deroga la protección de glaciares, no habilita actividades prohibidas y no viola la Constitución Nacional, todo lo contrario: hace que se cumpla”.
El senador citó el artículo 41 de la Constitución, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, y el 124, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Según planteó, la reforma “armoniza ambos artículos” y devuelve a las jurisdicciones la potestad de decidir sobre sus recursos con base técnica y estudios de impacto ambiental.
Olivera rechazó lo que definió como una “falsa dicotomía” entre agua y desarrollo productivo. “El agua y la minería no son enemigos, nunca lo fueron”, aseguró, tras señalar que el problema radica en una legislación “técnicamente deficiente” que, a su criterio, terminó equiparando geoformas con función hídrica con otras que no aportan recurso alguno.
Durante su exposición, mencionó la participación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en el debate en comisión. Según indicó, el organismo realiza inventarios en base a imágenes satelitales y no siempre con estudios de campo que determinen si una geoforma en ambiente periglaciar cumple o no función hídrica. “Hemos paralizado el desarrollo de provincias enteras sobre la base de una presunción”, sostuvo.
También afirmó que Argentina es “el único país en el mundo” que convirtió el ambiente periglaciar en una categoría jurídica específica y comparó la situación con naciones con cordillera y actividad minera como Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá, que —según dijo— protegen el ambiente sin una regulación similar.
Para Olivera, la reforma permitirá delimitar con mayor precisión qué geoformas deben protegerse: “Si la ciencia demuestra que una geoforma aporta recurso hídrico, es intocable. Si demuestra lo contrario, ¿por qué no realizar una actividad allí?”, planteó. En esa línea, defendió que la protección ambiental moderna debe basarse en daños “reales y medibles”, y no en prohibiciones generales.
En el tramo final de su discurso, vinculó la reforma con la posibilidad de explotar minerales estratégicos como cobre, litio, oro y plata, en el marco de la transición energética global. “Sin técnica no tenemos política seria, sin federalismo real no hay país posible y sin seguridad jurídica no tenemos futuro ni inversión”, concluyó