La Ley de Glaciares ha estado en el centro de la tormenta desde su primer surgimiento en 2008. Por un lado, las empresas mineras ven a la normativa como un impedimento para desplegar su actividad; por el otro, asambleas ciudadanas de diferentes partes del país promueven su vigencia cuestionando la actividad minera. Este jueves 26 de febrero se tratará la modificación de la ley y, de este modo, podría darse un paso fundamental para dar luz verde a los proyectos, que esperan cambios en la legislación y así obtener la reclamada seguridad jurídica.
La historia arranca en 2008 cuando la entonces diputada Marta Maffei, con respaldo del diputado Miguel Bonasso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales), propuso la discusión sobre una legislación que protegiera al ambiente glaciar y periglaciar. Esta normativa fue aprobada por el Congreso Nacional, aunque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió vetarla mediante el decreto 1837/2008, al considerar que “podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas”. En ese momento, jugó un papel clave el exsecretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, para proteger la actividad minera, ya que su cartera aparece mencionada explícitamente en el decreto presidencial.
En 2010 se retomó la discusión por una nueva Ley de Glaciares. En este caso, fue promovida nuevamente por Miguel Bonasso (Movimiento Proyecto Sur) con el apoyo de Pino Solanas (Movimiento Proyecto Sur) y en acuerdo con Daniel Filmus (Frente para la Victoria), quienes llegaron a un consenso tras varios intercambios y propusieron una legislación. La iniciativa llegó de la mano de organizaciones sociales, asambleas y diferentes colectivos que llevaron el proyecto al Congreso Nacional. De esta manera, fue sancionada el 30 de septiembre de ese año, contando con el respaldo de legisladores oficialistas y opositores, como Miguel Ángel Pichetto y el radical Gerardo Morales. La legislación del 2010 terminó siendo más restrictiva para la minería que la vetada por Cristina.
Tras la sanción de la normativa, Barrick —con la adhesión del Gobierno de San Juan bajo la gestión de José Luis Gioja y Sergio Uñac— inició en 2011 una demanda por considerar inconstitucional la Ley de Glaciares, debido a que planteaban que el contenido excedía las competencias federales. La causa logró llegar a la Corte Suprema y, finalmente, en 2019 se declaró la constitucionalidad de la legislación.
Durante las sucesivas gestiones presidenciales de Mauricio Macri y Alberto Fernández, estuvo sobre la mesa la reforma de la Ley de Glaciares para garantizar el avance de emprendimientos mineros que requerían una estructura legislativa que garantizara seguridad jurídica a las inversiones. Pero nunca llegaron a concretarse. Otro de los ítems que se cuestionó fue el alcance de la definición del concepto de ambiente periglaciar que, según algunos científicos, no estaba definido claramente.
Al asumir el presidente Javier Milei en 2023, propuso en la denominada Ley Ómnibus la modificación de artículos de la Ley de Glaciares que planteaba una definición diferente al concepto de glaciar y periglaciar, pero no avanzó en el Congreso Nacional. En este sentido, la gran apuesta del gobernador Marcelo Orrego también fue la modificación de la normativa para impulsar la activación de emprendimientos mineros como un hito de su gestión.
Una vez caída la Ley Bases, empezó la "peregrinación" del mandatario para reformar la ley. La primera acción política fue el armado de la Mesa del Cobre (nacida en Bruselas como un espejo de la Mesa del Litio) y su presentación oficial en mayo de 2024 durante la Expo San Juan Minera. Este acuerdo interprovincial, impulsado por los gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza, permitió instalar el tema en la agenda y generar un bloque amalgamado que empujara por objetivos comunes; entre ellos, los cambios a la legislación que impulsó y defendió en su momento el ex diputado Daniel Filmus, Bonasso y Solanas.
Por un momento, el orreguismo buscó que, a través de un decreto reglamentario, se permitiera definir qué se considera “glaciar”, “periglacial” y “permafrost”, aclarando zonas grises. Esta era la opción preferida por los sanjuaninos por dos razones: darles una señal rápida a los inversores y evitar un traspié en el Congreso, donde el apoyo legislativo era difuso. Desde Nación acordaban con el planteamiento de cambiar la ley, pero pasando por el Congreso Nacional para evitar judicializaciones futuras.
Con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las compañías mineras buscaron acelerar el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares para agilizar los planes de inversión y disponer de los millones de dólares necesarios en procura de activar definitivamente la producción de nuevos yacimientos de minería metalífera en la alta montaña, como El Pachón, Los Azules o Vicuña.
En qué consiste la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei pretende redefinir la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, puntualmente en artículos claves relacionados con la relevancia hídrica y con brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus recursos.
En este contexto, se espera un debate intenso con los sectores parlamentarios opositores a La Libertad Avanza (LLA), como es el caso de la mayoría de los legisladores de Unión por la Patria (UxP), a los que se suman las ya anunciadas manifestaciones de organismos ambientalistas que rechazan el tratamiento, debido a que la modificación de la ley actual (26.639) dejaría sin efecto la prohibición de actividades mineras y de hidrocarburos que puedan afectar la condición natural de los glaciares, el ambiente periglacial y las cuencas hídricas, consideradas reservas hídricas.
Es decir, el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la minería y con ello facilitar el desarrollo económico, especialmente en los sectores de hidrocarburos.
En esta misma línea, el bloque libertario del Senado aseguró que la ley actual genera "inseguridad jurídica y parálisis de inversiones", por lo que el proyecto que impulsan busca restringir el objeto de protección solo a aquellos glaciares que "cumplan una función hídrica efectiva y estratégica” y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
