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SUSCRIBITELo confirmó el propio Sebastián Dávila, al ser consultado por el caso que investiga los pormenores de la obra y su licitación. Ante las sospechas de corrupción y el perjuicio del patrimonio de la Provincia, el Estado impulsará la instrucción como querellante.
Si bien era un hecho que se esperaba que ocurriera, este miércoles la Fiscalía de Estado se constituyó formalmente como parte querellante en la causa penal que investiga la licitación y la ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum. La novedad fue confirmada por el propio Sebastián Dávila en Off the Record, quien aseguró que la Provincia impulsará el caso que está en boca de todos y bajo la lupa del Ministerio Público.
Frente a las sospechas de corrupción que denunció el dirigente Marcelo Arancibia y ante el posible perjuicio patrimonial que habría sufrido la Provincia, el Estado provincial será parte de la causa que indaga el fiscal Sebastián Gómez, secundado por Francisco Pizarro, de la UFI de Delitos Especiales.
Aunque meses y semanas atrás Dávila había dejado entrever que la conformación del expediente era posible, lo cierto es que finalmente se concretó y, por ello, explicó que queda un largo camino por delante. Es que el quipo de abogados que compone la Fiscalía de Estado deberá analizar las pruebas y documentos -hasta ahora colectados- para definir si es necesario solicitar otros elementos probatorios.
Fuentes allegadas a la investigación preliminar, la que en principio dudaría 90 días como mínimo, prorrogable con otros 90 días, el Ministerio Público analiza la documentación que le requirió a OSSE. A partir de ello, se haría una reconstrucción de las licitaciones y posteriores procesos hasta la concreción de la obra que generó una deuda que -aún hoy- la Provincia paga.
Las presuntas irregularidades en la obra salpicaban -a priori- al primo del ex gobernador Sergio Uñac, Gustavo Monti, quien lamentablemente falleció este mismo miércoles. Pese a su trágico desenlace, el proceso penal no se detiene e intentará establecer si hubo responsabilidades en otros actores que participaron de la contratación y ejecución, acorde lo pone en manifiesto la denuncia.
A mediados de enero de este año, Arancibia amplió la denuncia pidió que se investiguen delitos más graves que complicarían a ex funcionarios de alto rango. Por primera vez, nombró a ex autoridades y las vinculó a una hipótesis de corrupción administrativa estructural.
Tras la publicación de Tiempo de San Juan, que hacía referencia a un documento que relacionaba a Monti con la empresa en la mira (Krah América Latina S.A) y que ponía la lupa sobre el ex presidente de OSSE, Sergio Ruíz, el abogado penalista fue a la carga una vez más y requirió que se indague sobre la supuesta red de irregularidades que incluye abuso de precios y pagos anticipados indebidos.
Con el expediente de OSSE firmado por Monti en carácter de apoderado de la empresa implicada y por Ruíz, actual asesor del Uñac en su labor como senador, Aranciabia señaló una serie de anomalías que pondrían tras las cuerdas no sólo a Monti, en su participación privada, sino también a la entonces cabeza de la empresa estatal, dados los presuntos vínculos directos entre el poder político y la empresa adjudicataria de la obra.
Según la denuncia, apoyada la documentación publicada por por este diario, se excedería una relación circunstancial y mostraría un vínculo formal y funcional, con una coincidencia temporal relevante entre decisiones administrativas de fuerte impacto económico y la actuación del familiar del entonces mandatario provincial.
En ese sentido y de probarse esos extremos, el escrito advierte que podrían configurarse, en grado de hipótesis investigativa, los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 265 y 248 del Código Penal Argentino.
Lo último que surgió del caso fue la aparición de dos fotos que mostraban juntos a Monti y al ex presidente de OSSE. Las imágenes datan del 2022 y fueron tomadas en Santiago del Estero, durante el MotoGP. Ruiz estuvo al frente de la empresa estatal hasta el 2019 y fue durante su presidencia cuando Krah se quedó con la provisión de caños.
La obra del acueducto se encuentra paralizada por objeciones técnicas, que aún no son resueltas. La Provincia empezó a pagar el año pasado el crédito kuwaití que financió los trabajos -que no están terminados-, según lo informado por el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, en Paren las Rotativas.