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SUSCRIBITELo decidió el Tribunal Oral Federal 2 tras un encuentro de la ex presidenta con nueve economistas en el departamento de San José 1111.
Cristina Kirchner deberá cumplir nuevas medidas en relación a las visitas que recibe en su arresto domiciliario y el Tribunal que la condenó en la causa Vialidad advirtió que, caso contrario, podría modificarse o dejarse sin efecto ese beneficio.
La decisión fue del juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, quien advirtió que no estaba autorizada la visita “simultánea” de los nueve economistas, sino de manera individual.
La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y fue beneficiada con arresto domiciliario y tobillera electrónica cuando quedó detenida en junio pasado.
Desde ahora no podrá recibir visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas.
Además, “deberá requerirse autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”, consigna la resolución a la que accedió Infobae.
Gorini es juez de ejecución de la condena y advirtió que “ante cualquier circunstancia que ponga en crisis el cumplimiento de las reglas” podrán revisarse de manera inmediata, “adoptar medidas adicionales y, de corresponder, se podrá modificar o dejar sin efecto la modalidad domiciliaria, conforme lo autoriza el art. 34 de la ley 24.660″. Es decir, la ex presidenta está bajo riesgo de ser enviada a cárcel común si incumple las nuevas condiciones.
“De momento” se mantendrá la autorización general para el ingreso del grupo de personas allegadas, resolvió además el juez. el mismo está integrado “exclusivamente” por grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos tratantes y abogados defensores, en base a listados ya aprobados.
Pero para cualquier otra persona, de ahora en más. tendrá que requerirse autorización individual “expresa y previa” acompañada de “una motivación concreta y detallada” sobre la necesidad del ingreso con fecha y hora al departamento de San José 1111.
En relación a esas visitas, serán por un máximo de dos horas hasta dos veces por semana y no podrán superar el límite de tres personas por vez.
Cuando se concedió la prisión domiciliaria, se impusieron a la ex presidenta normas sobre las visitas.
Fue el 17 de junio pasado: no debe adoptar comportamientos que perturben la tranquilidad del barrio y tiene que informa al Tribunal sobre el acceso de toda persona no incluída en el listado ya aprobado.
En la resolución se recordó que en septiembre se hizo el primer control de las condiciones de detención y se ratificaron esas reglas.
Pero el 17 de noviembre. la ex presidenta difundió desde su cuenta en X una reunión con un grupo de economistas que, según indicó, representaban a “más de ochenta profesionales” y le habían presentado un documento de unas cuatrocientas páginas.
El tribunal verificó que todas las personas que participaron del encuentro estaban incluidas en la nómina presentada el 12 de noviembre, pero remarcó que jamás se pidió autorización para que ingresaran en forma simultánea.
“La visita de las nueve personas que ingresaron al domicilio no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea, ni tampoco para participar de un encuentro colectivo”, apuntó Gorini.
Lo ocurrido “excede los términos de la autorización requerida, así como el sentido común que subyace a la regla oportunamente impuesta”.
El fallo cuestiona además el modo en que la propia condenada difundió la reunión: “La reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no sólo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad”.
Un encuentro de tal magnitud “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza este régimen excepcional”.
El tribunal recordó que el régimen en establecimientos penitenciarios prevé una visita semanal de dos horas y señaló que el esquema que rige para la ex presidenta ya era “suficientemente garantizador” respecto de los derechos básicos.
Los controles del nuevo régimen de visitas seguirán a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y serán trimestrales.
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