El presidente Javier Milei ratificaría su inflexible política de ajuste fiscal al anunciar su decisión de vetar leyes fundamentales aprobadas por el Congreso, incluyendo la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan y la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.
Esta medida, deslizada por fuentes oficiales al filo del plazo, va a contramano de la pretendida apertura al diálogo tras el fracaso electoral en la provincia de Buenos Aires y promete escalar los conflictos con diversos sectores.
Golpe a la Educación Pública y la Ciencia
El veto a la Ley de Financiamiento Universitario ha desatado una fuerte reacción en la comunidad educativa. Esta iniciativa, aprobada hace dos semanas en el Senado con amplio respaldo, establecía la reapertura de paritarias, la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos y la garantía de becas y financiamiento para las universidades nacionales.
Las autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya han manifestado su rechazo con más de 60 clases públicas, stands artísticos y ferias de ciencias en Plaza de Mayo, exigiendo al Gobierno la reglamentación de la ley y que no se desfinancie ni desmantele el sistema científico-tecnológico nacional. Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), enfatizó que los estudiantes defienden el sistema universitario y científico como "un orgullo para nuestro país" y que garantiza "soberanía, desarrollo y futuro para la Argentina", advirtiendo que "vamos a seguir en las calles hasta que el gobierno retroceda en su intento de destruirlo".
La situación es crítica, especialmente considerando que un veto similar el año pasado provocó una "descomunal pérdida de poder adquisitivo" de los sueldos docentes y no docentes, y este año la recomposición salarial "no logró compensar la inflación", llevando a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo.
Pilar López Barcala, presidenta del Centro de Estudiantes de FADU, comparó la crisis universitaria con la de "jubilados, personas con discapacidad o el Hospital Garrahan", vinculando la defensa de la educación pública con la de "todos los derechos sociales que hoy están siendo vulnerados".
La consigna de la protesta es clara: "Si hay veto, hay marcha", en reclamo por salarios dignos y presupuesto para la ciencia y la universidad pública. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ya ha resuelto un paro nacional al día siguiente del eventual veto presidencial, acompañado de protestas y la convocatoria a una nueva gran Marcha Federal.
Emergencia Pediátrica y otros Sectores Vulnerados
Además de la ley universitaria, Milei vetará la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca aumentar el financiamiento de los hospitales pediátricos (como el Garrahan) y frenar el éxodo de profesionales por los bajos salarios derivados del ajuste. Los trabajadores del Hospital Garrahan, al igual que el sector universitario, amenazan con planes de lucha que incluyen paros y movilizaciones conjuntas contra los vetos, anunciando que "vamos a responder juntos y masivamente en las calles". Esta ley es vista por la oposición como una respuesta a una crisis que el Poder Ejecutivo "no supo o no quiso enfrentar", buscando garantizar atención pediátrica de alta calidad.
El presidente ha ratificado su intención de "agudizar la política de ajuste fiscal", afectando "especialmente a la ciencia, la educación, la cultura, y los derechos que protegen a los más vulnerados".
Conflicto con las Provincias por la Coparticipación
El tercer veto clave es a la ley que propone una distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, siguiendo el esquema de coparticipación. Los gobernadores, que buscan un acercamiento con la Casa Rosada, consideraban que no vetar esta ley sería un "verdadero gesto" de diálogo.
Sin embargo, el Gobierno ha resuelto "rebotar esa norma", lo que significa "iniciar el diálogo con el pie izquierdo". Una alta fuente gubernamental afirmó: "Primero vetamos y después veremos qué necesitan los gobernadores", rematando con un tajante "No vamos a negociar con un revolver en la cabeza".
Este veto se suma a la tensión preexistente y se mezclará con la discusión del Presupuesto Nacional 2026, que ingresará a Diputados el próximo lunes. En este marco, los gobernadores tendrán la oportunidad de "poner sobre la mesa sus planteos y forzar algún otro tipo de negociación con la Rosada", aunque los márgenes parecen acotados. La ley vetada era "superadora" porque contemplaba una recomposición salarial docente y no docente por la inflación desde diciembre de 2023.
Reacciones y Futuro Parlamentario
Si el mandatario cumple su promesa y veta ambas normas, se expondrá a un "amplio rechazo" que incluirá una nueva gran Marcha Universitaria. En el Congreso, la oposición ya ha iniciado contactos para sesionar y tratar los vetos. En el Senado, la ley de ATN fue aprobada con más de dos tercios de los votos, lo que facilitaría la insistencia en su sanción. La discusión en Diputados, donde no se alcanzó esa mayoría, será más compleja. La posibilidad de que el Congreso insista con la sanción con los dos tercios de los votos en ambas cámaras es una alternativa.
Milei, aunque reconoció la derrota electoral y prometió "corregir los errores", ratificó que el "rumbo económico no se negocia" y permanece "inflexible en su postura de vetar cualquier norma que altere el equilibrio fiscal". Esta posición guiará la presentación del Presupuesto 2026.