El Servicio Penitenciario de San Juan está desarrollando una estrategia de modernización tecnológica para cerrar definitivamente la posibilidad de que los internos usen teléfonos móviles dentro de las celdas. Según explicó Carlos Suárez, al frente del Penal de Chimbas, este plan no solo se enfoca en los dispositivos celulares, sino que también busca neutralizar nuevas amenazas como el uso de drones para el ingreso de elementos prohibidos. El funcionario destacó que la meta es la implementación de un sistema de inhibición selectiva de señales radioeléctricas y dispositivos electrónicos.
Sobre los primeros pasos de este proyecto, Suárez detalló que se encuentran en una fase de diagnóstico. Al respecto, el director señaló que "desde el Servicio Penitenciario estamos avanzando en un proceso de modernización tecnológica con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar los sistemas de control dentro del establecimiento. Uno de los ejes principales de este proyecto es la implementación de un sistema de inhibición selectiva de señales de radioeléctricas y de dispositivos, en este caso electrónicos como el celular, destinado para prevenir la comunicación no autorizada dentro de lo que hace el perímetro interno".
Un aspecto clave del plan oficial es la precisión técnica para evitar que el bloqueo de señales afecte a los barrios vecinos, lo que fue en otras épocas un impedimento para que la inhibición no pudiera lograrse. Suárez aclaró que se trata de una tecnología específica para el entorno carcelario. Según explicó en diálogo con Radio Sarmiento, "es importante aclararlo que se trata de un sistema inteligente y selectivo, que está diseñado para afectar las comunicaciones críticas, autorizadas, por una cuestión clara que son los servicios del entorno urbano cercano a la unidad penal. Entonces, para ello estamos trabajando y evaluando en un relevamiento técnico en conjunto con el área nuestra de informática, para poder evaluar este diseño de ingeniería específico para garantizar un funcionamiento controlado y que sea eficiente".
En cuanto al despliegue operativo, el plan contempla una ejecución gradual y un control constante desde una base de operaciones dedicada. El funcionario explicó que "en una primera etapa la cobertura alcanzaría cierta cantidad de pabellones o sectores con posibilidades de una expansión hacia otros sectores que están dentro de la unidad penitenciaria. Además, el sistema va a ser un sistema administrado desde un centro de monitoreo centralizado que va a permitir ajustar parámetros y frecuencias según la necesidad operativa que surja". Actualmente, el trabajo se concentra en el análisis conjunto con la Secretaría de Seguridad para abordar los requerimientos de infraestructura previos a la instalación definitiva.
Un punto de fuerte diferenciación con otras jurisdicciones del país es la estricta prohibición del uso de celulares en las celdas, una política que San Juan defiende basándose en la experiencia negativa de otras provincias donde estos dispositivos se utilizan para continuar con actividades delictivas. Suárez afirmó que "no está permitido que las personas privadas de libertad cuenten con telefonía celular en sus pabellones. De acuerdo a las estadísticas, a los resultados en los que se ha podido evidenciar en algunos otros servicios penitenciarios de otras provincias, han sido obviamente del mal uso que le han dado a la telefonía de los teléfonos celulares. Dentro del servicio de acá ellos no tienen autorizado los teléfonos celulares dentro de los pabellones. Por ende, trabajamos de manera permanente con lo que respecta al procedimiento de requisas".
Para sostener esta prohibición mientras se termina de implementar la tecnología, el penal mantiene un esquema de control manual y tecnológico intensivo. El director detalló que se realizan requisas permanentes en los 25 pabellones que albergan a 1856 internos, utilizando escáneres de bolsos y de personas, además de rastrillajes en los perímetros para detectar envoltorios arrojados desde el exterior. En lo que va del año, estos procedimientos han permitido secuestrar un promedio de 25 teléfonos móviles, muchos de los cuales fueron detectados durante los intentos de ingreso por parte de las visitas entre su mercadería o vestimenta.
Cuándo y cuánto
¿Qué falta para que los inhibidores estén plenamente operativos? El proceso está en la etapa de diseño técnico final y evaluación de costos. Suárez evitó dar una fecha exacta o un monto de inversión definitivo, ya que destacó que el proyecto debe seguir un recorrido administrativo jerárquico. El funcionario dijo que el camino a seguir es que "una vez que ya esté bien todo el sistema técnico diseñado en los puntos clave en el cual queremos afectar la inhibición, eso va a ser elevado a la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad ya hará su correspondiente elevación al Ministerio de Hacienda y ahí evaluarán los cálculos estimativos que esto pueda llegar a costar, porque hay que pensar también en eso. Y ahí poder aplicar el recurso paulatino de la metodología a llevarse a cabo con este sistema". Por el momento, el enfoque principal sigue siendo el análisis de viabilidad para asegurar que la inversión resulte verdaderamente funcional a la seguridad pública.
