Una causa que se inició a partir de un hecho contravencional terminó con una condena efectiva por una serie de estafas. Este jueves, en el marco de un juicio abreviado, la Justicia de San Juan condenó a Carlos Manuel García Pérez a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de vehículos.
De acuerdo a lo confirmado por fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, la audiencia se realizó bajo la modalidad de juicio abreviado, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal. El juez Diego Sanz resolvió homologar el acuerdo y condenarlo por el delito de defraudación por engaño -cuatro hechos en concurso real- en calidad de autor, en perjuicio de cuatro víctimas identificadas en la causa.
El caso tiene antecedentes que se remontan a comienzos de este año. En enero de 2026, el ahora condenado había sido detenido luego de intentar retirarse sin pagar de un local gastronómico, episodio que permitió advertir que se encontraba prófugo de la Justicia. A partir de allí, la fiscalía reconstruyó una serie de maniobras en las que recibía dinero por bienes -entre ellos vehículos- que nunca entregaba, o bien se apoderaba de rodados sin cumplir con los pagos acordados.
Entre los hechos acreditados, se determinó que García Pérez ofreció productos y vehículos a distintas personas, obteniendo sumas de dinero o bienes a cambio, sin concretar las operaciones. En uno de los casos, incluso, se quedó con dos automóviles tras prometer una permuta que nunca cumplió.
La investigación estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, representada por los fiscales Guillermo Heredia y María Gabriela Blanco Fernández, mientras que la defensa oficial fue ejercida por Leonardo Slavutzky Preisz. Además de la pena de prisión, el magistrado dispuso el pago de las costas del proceso y declaró la reincidencia del condenado.
Como parte de la resolución, se ordenó mantener la prisión preventiva de García Pérez hasta que el fallo quede firme, tras lo cual continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. También se dispuso su sometimiento al control del Patronato de Presos, Condenados y Liberados durante el tiempo que dure la condena.