Tras la reciente clausura de dos residencias para adultos mayores que operaban de manera ilegal en San Juan esta semana quedó en el tapete el destino de los 26 adultos mayores evacuados. La situación salió a la luz a partir de una denuncia formal que activó de inmediato a los equipos de regulación y control del Ministerio de Salud Pública. Tras las inspecciones, se constató que dos de los tres geriátricos denunciados estaban en funcionamiento sin la habilitación correspondiente, mientras que el tercero resultó ser inexistente. En uno de estos establecimientos residían 14 adultos mayores, mientras que en el segundo se encontró a 12, siendo un total de 26 personas las que ahora enfrentan un proceso de reubicación urgente.
Sobre este complejo panorama, Gastón Jofré, secretario de Planeamiento y Control de Gestión Sanitaria, habló sobre la situación de quienes se encontraban en estos lugares y el abordaje que está realizando el Estado. El funcionario aclaró, en diálogo con Radio Sarmiento, que “Desde el área social de acá del Ministerio tenemos ya la nómina de los residentes, porque eso también hay que aclararlo muy bien. Los residentes adultos mayores no son pacientes, son residentes y por lo tal uno los tiene que tratar como corresponde; desde el Ministerio se llama a todos los contactos familiares para la ubicación de los residentes en otras instituciones que cumplan con la habilitación correspondiente”.
El trabajo de las autoridades no se limita a la clausura administrativa, sino que implica un seguimiento social y legal. Actualmente, se fijó un plazo de 15 días para que los residentes sean evacuados, siempre y cuando los propietarios no logren regularizar una situación que ya se encuentra judicializada ante el tribunal de faltas. Jofré explicó las razones técnicas y sanitarias detrás de estas medidas extremas, señalando que la habilitación no es un simple trámite, sino una garantía de seguridad: “La habilitación de la residencia de funcionamiento tiene distintos ítems. Primero tiene que tener un director médico, el residente tiene que tener la asistencia de enfermería, tiene que tener el registro de medicación. Desde infraestructura tienen que cumplir con todos los requerimientos: cintas antideslizantes, matafuegos, detectores de humo. Eso permite darle la seguridad al residente como a cualquier ciudadano”.
Es importante destacar que desde la Justicia y desde el Ministerio de Salud no han informado cuáles son los nombres de los dos geriátricos clausurados.
Cómo denunciar
En el caso particular de una de las residencias, la precariedad era evidente, ya que solo contaban con dos cuidadoras y carecían totalmente de personal sanitario a cargo. Esta falta de profesionales y de medidas de seguridad elementales es lo que motiva la fiscalización constante sobre las 36 residencias que sí están registradas actualmente en la provincia de San Juan, según destacó Jofré. El Secretario recordó que todas las instituciones deben basarse en la Ley 1626, la cual establece las condiciones de infraestructura y atención médica que deben renovarse cada tres años.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la comunidad para colaborar con el control de estos espacios y proteger a la población vulnerable. “Realmente a cualquier ciudadano que encuentre este tipo de irregularidad, que la denuncie. Las denuncias pueden ser anónimas, pueden ser al 430-5819 o personalmente en el Ministerio de Salud en la Dirección de Regulación y Control. Si a nosotros nos aportan esos datos, automáticamente activamos el protocolo de fiscalización”, concluyó Jofré, remarcando que el objetivo final es que cada establecimiento cumpla rigurosamente con la reglamentación para asegurar una vida digna a los mayores.
