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Los antecedentes de un imputado por la megaestafa de Global Market, con una mina de Valle Fértil como escenario

La figura de Gustavo Omar Ahumada, uno de los principales imputados en la causa por la presunta megaestafa financiera, vuelve a quedar en el centro de la escena. Su nombre no solo aparece en la investigación por millonarias maniobras económicas, sino también en expedientes vinculados a una cantera en Valle Fértil que arrastra antecedentes por irregularidades, accidentes y hasta una muerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El avance de la causa por la presunta megaestafa de Global Market no solo puso bajo la lupa las maniobras financieras atribuidas a Gustavo Omar Ahumada, sino que también reactivó el interés sobre sus antecedentes en otros ámbitos. Entre ellos, sobresale su vínculo con una cantera en Usno, Valle Fértil, donde se registraron episodios graves en los últimos años, desde irregularidades operativas hasta un accidente laboral de consideración y una muerte en circunstancias trágicas.

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La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Especiales, determinó que la cantera presentaba diversas irregularidades. Entre ellas, que se encontraba inoperable desde septiembre de 2023 y había sido suspendida en reiteradas oportunidades por la Policía Minera por falta de condiciones de seguridad.

A pesar de esas restricciones, la actividad habría continuado, lo que derivó en la imputación de Ahumada por lesiones culposas e incumplimiento de normas del Código Minero.

Fuentes judiciales indicaron posteriormente que el conflicto derivó en una instancia de conciliación entre las partes y Ahumada no fue condenado.

Un antecedente aún más grave: una muerte y explosivos ilegales

El historial de la cantera “El Jote” se remonta incluso a años anteriores. En 2021, el lugar fue escenario de una tragedia: la muerte del trabajador Víctor Eugenio Cortez tras una explosión.

A raíz de ese hecho, la UFI de Delitos Especiales ordenó la clausura del predio y detectó una situación aún más delicada: la presencia de material explosivo sin la debida autorización.

Durante el procedimiento, se secuestraron cerca de 250 kilos de gelamon, un explosivo de alto poder, lo que encendió las alarmas por el riesgo que implicaba su almacenamiento en condiciones irregulares.

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Según se informó en ese momento, parte del material debió ser destruido en el lugar debido a su estado, ante el peligro de una detonación accidental.

La causa también abrió la puerta a la intervención de la Justicia Federal, ya que la tenencia de explosivos sin autorización constituye un delito que excede la competencia provincial.

La causa por la megaestafa y el salto al fuero federal

La investigación por la denominada megaestafa de Global Market sumó en los últimos días un giro clave. El juez de Garantías Javier Figuerola resolvió declarar la incompetencia de la Justicia provincial y remitir el expediente al fuero federal, al considerar que los hechos bajo análisis exceden una simple estafa.

El planteo fue impulsado por el fiscal Nicolás Alvo, quien sostuvo que, además del presunto fraude a inversores, existen indicios de delitos como lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada.

Según la hipótesis fiscal, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada habrían utilizado fondos de clientes para canalizarlos hacia empresas propias, bajo una apariencia de operaciones legales. En ese contexto, se investiga si los imputados desviaban el dinero hacia GMI Inversiones, contrariando el perfil conservador de los inversores.

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Ahumada, junto con Cañada, ante el juez Figuerola.

Ahumada, junto con Cañada, ante el juez Figuerola.

La causa también incorpora elementos que complejizan el escenario, como la presunta utilización de auditorías inexistentes para generar confianza en los clientes. De hecho, la Comisión Nacional de Valores desmintió la existencia de esos controles.

En paralelo, surgió en la investigación la firma EPYCHOST S.A.S., vinculada al entorno familiar de Ahumada, por presuntas maniobras con cheques electrónicos que no habrían sido autorizadas.

Hasta el martes pasado, la causa acumula 47 denuncias y un perjuicio económico estimado en alrededor de 2.900 millones de pesos, cifra que podría incrementarse.

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