El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en San Juan sigue pasando por una crisis institucional y económica que se generó tras el decreto emitido por el Ejecutivo Nacional para reestructurarla que tuvo freno pero impactó igual en el funcionamiento del organismo. La falta de presupuesto operativo es tan crítica que los trabajadores de la delegación sanjuanina se vieron obligados a pagar el combustible y los viáticos con dinero propio para poder continuar con sus actividades diarias, mientras enfrentan un último trimestre del año sin fondos asignados, según contó a TIEMPO DE SAN JUAN la directora del INTA local, Mónica Ruíz.
El 8 de julio se conoció un decreto que buscó implementar una reestructuración profunda del organismo y se eliminó toda la cúpula directiva del INTA nacional. Aunque este decreto no se terminó de implementar completamente gracias a la baja en el Congreso Nacional y los amparos judiciales presentados por los gremios del sector, sí "se implementó" una parálisis operativa.
Ruíz detalló que desde el 8 de julio hasta casi fines de septiembre la institución "estuvo totalmente paralizada". Durante esos más de dos meses, el funcionamiento administrativo se quebró por completo.
Sobre lo que no se pudo hacer, la directora informó que "no teníamos movimiento de expedientes, no teníamos circuitos de firmas". En este periodo, no se pudo realizar "ninguna compra de absolutamente nada, de ningún insumo de nada". La ejecución de gastos se limitó a boletas de servicios básicos (luz, agua) que estaban por vencerse, y únicamente tras solicitudes puntuales.
Al ser consultada sobre las consecuencias de esta parálisis, Ruíz habló de los 108 trabajadores sanjuaninos. Aunque las líneas de trabajo se siguieron ejecutando, la subsistencia fue posible solo gracias a fondos externos manejados por la Fundación ArgenInta y la cooperadora del INTA. Estos dineros permitieron seguir adelante, pero en muchos casos se tuvo que recurrir a la autofinanciación.
Ruíz confirmó que tuvieron que echarle mano a "fondos personales también, para movilizarse, para combustibles, para un montón de cosas". El combustible es esencial para el movimiento territorial de la institución, destacó.
Los investigadores, incluso, llegaron a pagar el combustible de su bolsillo para poder salir a hacer el trabajo de campo: "en algunos casos lo hemos hecho. Muchos de nosotros trabajamos en la institución porque amamos lo que hacemos, amamos la institución y en estos tiempos difíciles la verdad que le pusimos el hombro como trabajadores y lo seguimos haciendo porque se está todo volviendo a reestructurar, pero todavía ese proceso no termina".
La directora destacó que la crisis institucional y económica "continúa". Aunque se restituyeron las autoridades nacionales que fueron destituidas por el decreto, la reorganización está siendo lenta, remarcó.
La situación financiera es crítica porque, para el último trimestre del año, el INTA San Juan no tiene presupuesto asignado para el funcionamiento por parte del Ejecutivo Nacional, destacó la directora. Ruíz aseguró que esto "está poniendo en jaque la asistencia al lugar de trabajo". Además, los fondos anexos no pueden cubrir los costos fijos elevados de servicios como la luz y el agua, los cuales "directamente no se puede afrontar" si no es con fondos del Estado nacional. La realidad es que no tienen certeza de que puedan pagar la luz del mes siguiente, según dijo.
Además del riesgo de quedarse sin servicios básicos, la falta de partidas presupuestarias para mantenimiento ya comenzó a notarse en el deterioro de los vehículos de la institución, se lamentó Ruíz.
Aunque en San Juan no hubo renuncias ni despidos tras el decreto, los 108 trabajadores no están tranquilos. Ruíz señaló que existe la amenaza constante de que los echen porque "este Gobierno claramente tiene un plan de achicamiento de las instituciones del Estado".
El fantasma de la inestabilidad persiste, dijo Ruíz. Y mencionó que la idea de los retiros voluntarios está. De hecho, varias personas están esperando esta posibilidad para irse, en parte porque los sueldos se hicieron difíciles de sostener, aseguró. La directora expresó que los sueldos del plantel de profesionales se están pagado pero quedaron "casi con un 30% por debajo de la inflación".
Días atrás la directora local se reunió con el director nacional restituido, Ariel Pereda (quien había ingresado por concurso en septiembre de 2023), y juntos hablaron del impacto del decreto libertario: la institución "se rompió", concluyeron. Así en INTA San Juan, como en todo el país, siguen con la zozobra. "Seguimos en situación de vulnerabilidad. Seguimos en crisis", concluyó Ruíz.
¿Y los inmuebles?
Aunque los inmuebles del INTA San Juan no han sido "tocados" ni se ha dispuesto nada distinto sobre ellos, la directora mencionó que desde que asumió el actual gobierno, le han estado pidiendo "información todo el tiempo de los inmuebles, del uso de los inmuebles, de las superficies", lo que genera inquietud.
La directora consideró que la no implementación del decreto de reestructuración fue una suerte, ya que el plan de venta de tierras "sí que hubiera sido como el final de nuestra institución".
Sobre los inmuebles específicos del INTA San Juan, Ruíz detalló que los principales son el campo de Pocito, un terreno que abarca 70 hectáreas; y el campo anexo en San Martín, que comprende 130 hectáreas. Las agencias de extensión son 8, que están distribuidas en la provincia. Ruíz aclaró que no todas pertenecen al INTA, ya que algunas son de los municipios o del gobierno provincial y han sido "cedidas en comodato". Los dos campos (el de Pocito y el de San Martín) que suman 200 hectáreas "están en uso" y tienen plantaciones.
