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SUSCRIBITELos cinco detenidos fueron imputados por asociación ilícita, hurto agravado, tenencia de material peligroso y manipulación de material tóxico.
De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorren, y la defensora oficial María Emilia Nielson.
Después de que un empresario de Santa Lucía denunciara que había sido víctima del robo de combustible, los empleados de la presunta víctima cayeron tras las rejas y este lunes fueron acusados formalmente por los presuntos delitos de asociación ilícita, hurto agravado, tenencia de material peligroso y manipulación de material tóxico.
Se trata de Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58), quienes recibieron la prisión domiciliaria por 30 días, mientras la fiscal Claudia Salica y su equipo profundizan la investigación que los habría dejado al descubierto, no sólo como empleados infieles, sino como toda una red delictiva "roba combustible".
Es que la sospecha del Ministerio Público es que los trabajadores, que cumplían funciones para la empresa OPEM S.R.L., encargada de trasladar combustible a otras firmas, no descargaban la totalidad de la mercadería y se quedaban con algunos restos. Esa modalidad, aplicada de forma sistemática, habría representado un perjuicio importante para el denunciante pues, en un allanamiento en un domicilio vinculado a los imputados encontraron 3.000 litros de gasoil.
El dueño de la empresa afectada, Alberto Bejar, conoció la situación gracias a otro ex empleado, quien le contó lo que sus colegas supuestamente hacían. Es por ello que el 29 de septiembre, acudió a la fiscalía y radicó la denuncia. A partir de entonces, inició la investigación que encontró elementos de convicción en el levadero de uno de los sospechosos. La acusación fue negada por los defensores, los abogados particulares Claudio Vera, Alejandro Iragorren y Manuel Giménez Puchol, y la representante de la defensoría oficial María Emilia Nielson.
Allí, Maldonado, que era encargado de los traslados de combustible, tenía tanques con gasoil que no pudo demostrar su procedencia. Como los trasladados eran a otras provincias, se estima que los compañeros se organizaban -Pirri como encargado del depósito- y Gramajo como chofer- para desviarse del camino y descargar litros en el sitio elegido como centro de acopio.
Frente a las sospechas, Salica los acusó por hurto agravado por transportar mercadería, tenencia de materiales inflamables sin autorización, manipulación, transporte y utilización de materiales peligrosos; y asociación ilícita (porque es una banda con roles organizados).
Tras dictar prisión domiciliaria, el juez Roberto Montilla fijó 6 meses de Investigación Penal Preparatoria, en la que la fiscalía peritará los GPS de los camiones en cuestión como así también pedirá informes al CISEM, para conocer los recorridos de los mismos. Con estas pruebas, podría demostrar las sospechas que tiene.
Entre las especulaciones de los investigadores, también surge la duda si los sospechosos adulteraban el gasoil con el fin de obtener mayor rédito en sus operaciones ilícitas.
Si bien la mayoría guardó silencio, uno de los detenidos, Matías Gramajo Sánchez, declaró frente al juez Montilla y aseguró no ser parte de ninguna organización delictiva. "Me declaro inocente", sostuvo.