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SUSCRIBITEDesde la Dirección del INTA San Juan expresaron su rechazo a la reestructuración que impulsa el Gobierno Nacional. Alertan por despidos, pérdida de capacidades técnicas y debilitamiento de la presencia territorial.
Este miércoles las autoridades del INTA San Juan, quienes, junto a las Agencias de Extensión Rural y los Grupos de Investigación, emitieron un contundente comunicado de repudio contra la reforma estructural que impulsa el Gobierno Nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Según expresaron, las modificaciones propuestas bajo el argumento de un ajuste económico “equivalen al desmantelamiento de un organismo clave para el desarrollo agropecuario nacional”, con consecuencias que podrían ser devastadoras para la producción, la innovación y las economías regionales.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es el despido del 25% del personal del INTA, lo que representa una pérdida directa de profesionales altamente capacitados, que accedieron a sus puestos por concursos públicos de antecedentes y oposición.
Desde San Juan advirtieron que esta medida no solo afecta el empleo, sino también “el conocimiento técnico acumulado durante décadas”, que ha sido clave en tareas de investigación, transferencia tecnológica y asesoramiento en el territorio.
Otra decisión duramente cuestionada es la eliminación de la extensión rural, considerada por el INTA como la herramienta esencial de conexión con productores agropecuarios y comunidades rurales.
“Este recorte afectaría gravemente la capacidad de llegada al territorio, interrumpiendo procesos de transferencia tecnológica que garantizan la sostenibilidad de muchas economías regionales”, alertaron desde la institución sanjuanina, que históricamente ha sido protagonista en el desarrollo de cultivos como la vid y el olivo.
La reestructuración también incluye la modificación del Consejo Directivo del INTA, con una reducción en la representación de productores y universidades públicas, sectores fundamentales en la toma de decisiones del organismo.
Para las autoridades locales, este cambio representa “una pérdida sustancial de pluralidad, federalismo y visión territorial”, principios que definen la misión y el funcionamiento del instituto desde su creación.