A fines de abril se logró en la Legislatura Provincial la modificación de la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía de San Juan, un cambio que impulsó el mismo Gobierno de San Juan mediante la Secretaría de Seguridad, buscando generar una mayor disponibilidad de personal para cubrir la creciente demanda de seguridad. Esta reforma legislativa permitió destrabar un sistema que antes dejaba a muchos efectivos fuera de la posibilidad de sumar ingresos extra debido a sanciones por faltas menores.
En el contexto económico de hoy en Argentina, los servicios adicionales se consolidaron como un componente vital para la economía de los uniformados sanjuaninos, llegando a representar una parte sustancial de su ingreso mensual. Según detalló el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, sobre una planta total de 6.000 policías en la provincia, aproximadamente 1.500 efectivos realizan estas tareas de manera regular cada mes. Este volumen de trabajo extra tiene detrás una fuerte razón, ya que el valor de cada turno de cuatro horas tuvo una importante actualización, pasando de los 3.000 pesos que se pagaban en diciembre de 2023 a los 22.000 pesos actuales.
Desde finales de 2023, se dio un cambio drástico en el interés de los policías sanjuaninos por hacer servicios adicionales, pasando de ser considerados una "carga" a convertirse en un recurso indispensable para enfrentar la crisis económica.
El funcionario destacó que este incremento de lo que se les paga cambió la percepción del personal sobre estas tareas. Señaló que anteriormente los que buscaban este trabajo extra eran menos: "el adicional era una carga para el policía, no había motivación por el reflejado en lo económico". En la actualidad, el impacto en el bolsillo es determinante para paliar la crisis, y Delgado precisó que este rubro "tiene un monto importante. Va de los 300.000 a 400.000 pesos" al mes, lo que en comparación con un sueldo promedio de 1.100.000 pesos significa que los adicionales representan un tercio y hasta un poco más del salario total de un agente.
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Con un pago que creció más del 700%, el servicio de adicionales deja de ser una carga para convertirse en el refugio de los uniformados de San Juan frente a la inflación.
Benditos cupos
El sistema de adicionales está sujeto a una organización estratégica centralizada en una oficina específica de la Policía de San Juan, cuyo objetivo es garantizar una distribución equitativa de las tareas entre toda la planta. Los servicios se prestan mayoritariamente en turnos de cuatro horas en lugares de alta concurrencia como hospitales, escuelas y espectáculos deportivos. Existe un límite jerárquico para acceder a estos servicios, ya que solo están habilitados los efectivos hasta el grado de oficial principal; a partir de la jerarquía de subcomisario, los oficiales pasan a tener una dedicación de tiempo completo dentro de la fuerza.
La cantidad de adicionales disponibles no es ilimitada, sino que existe un cupo mensual determinado por el Ministerio de Hacienda en función de los recursos económicos disponibles. Respecto a la demanda de estas tareas, Delgado afirmó que "siempre hay más necesidad de hacer adicionales", aunque la asignación debe equilibrarse para que todos los interesados tengan la misma oportunidad de participar. Otro avance relevante en la gestión fue la mejora en los plazos de pago: mientras que al inicio de la gestión el retraso era de cinco meses, actualmente se ha reducido a 60 días, con la meta de alcanzar el pago en un plazo de 30 días.
Los montos de los adicionales en la Policía de San Juan se actualizan dos veces al año, en junio y a principio de año, siguiendo el ritmo de la inflación, con lo que pronto el pago por turno tendrá un incremento que todavía no se revela.
El fin de la "exagerada" inhabilitación
La modificación del artículo 48 de la Ley N° 298-R, aprobada el 30 de abril es la llave para ampliar el cupo de personal apto para realizar adicionales. El argumento principal de la Secretaría de Seguridad para impulsar este cambio fue la existencia de una "imposibilidad legal" que afectaba a muchos policías. Bajo el régimen anterior, una falta leve, como no saludar a un superior, podía inhabilitar a un efectivo para hacer adicionales durante seis meses, mientras que una falta grave implicaba un año de prohibición.
Delgado explicó que este sistema era contradictorio y demasiado estricto, ya que se contaba con el cupo de dinero pero no con el personal disponible debido a estas sanciones. Con la nueva normativa, el policía que cumple una sanción por falta leve queda habilitado de inmediato para trabajar en servicios adicionales. En el caso de faltas graves, que son aquellas que implican una suspensión mayor a siete días, el efectivo solo debe esperar 15 días tras cumplir su castigo para volver al sistema. El secretario fundamentó que si una persona vuelve a la fuerza tras una suspensión es porque está apta para trabajar, concluyendo que "la persona que no está apta para estar en la Policía se le da la cesantía", pero mientras preste servicio debe poder acceder a este ingreso clave.
Con la reciente modificación del artículo 48 de la Ley N° 298-R, esos efectivos quedan habilitados casi de inmediato tras cumplir su sanción, por lo que se espera un "alud de interesados" que permitirá cubrir cupos que antes quedaban vacantes a pesar de contar con el presupuesto.
