El hecho generó sorpresa por la cantidad de personas que se veían involucradas, del mismo modo en que algunas de ellas habrían aprovechado sus conocimientos y posiciones dentro de la estructura judicial para beneficiar a la supuesta asociación ilícita en perjuicio de las arcas públicas. Fue por eso que la noticia ocupó buena parte de los titulares de la época, con las novedades y el minuto a minuto de la investigación.
Como consecuencia de ello, por ejemplo, el juez titular del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, fue sometido a un jury y resultó destituido de sus funciones frente a las sospechas que pesaban sobre sus hombros por la causa de expropiaciones. A pesar de que su estado de inocencia aún se hallaba vigente, el Jurado de Enjuiciamiento halló elementos suficientes para apartarlo de sus funciones como juez y quitarle los fueros. En la misma sintonía y previo a ello, el abogado de la Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, había sido cesanteado; lo que también causó impacto.
Los personajes implicados
Quizás una de las partes más esenciales de la megacausa se representa en los protagonistas, es decir, en los imputados que desde hace 2 años y 9 meses afrontan el juicio, como así también en aquellos que aún no avanzaron a esa instancia y que, posiblemente, les toque el turno más adelante. Lo cierto es que, encabezados por Santiago Graffigna, la vinculación de cada uno de los implicados desató la polémica no sólo por el tenor de sus nombres, sino por la posición que ocupaban, ya que muchos de ellos eran autoridades judiciales o trabajaban para el propio Estado.
Así fue que, acompañando a Graffigna, se vieron bajo la lupa dos ex jueces civiles, Macchi (destituido) y Rosalba Marún de Sobelvio (jubilada); el ex Fiscal de Estado, Mario Díaz, la perito de la Fiscalía de Estado, Ana María Melvin; el ex empleado de la Fiscalía de Estado, Baistrocchi; tres miembros del Tribunal de Tasaciones, Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera; el empleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz; tres peritos vinculados a Graffigna, Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos; y el abogado especialista en expropiaciones, Horacio Alday.
El 1 de marzo de 2013, se llevó adelante la detención de 11 de los imputados, entre ellos Graffigna, la ex jueza Marún (hoy fallecida) y el ex fiscal de Estado Díaz. También fueron a parar tras las rejas los integrantes del Tribunal de Tasaciones, la perito Melvin y el ex funcionario Ruiz. El único que no pudo se hallado en su domicilio fue Alday, quien fue declarado prófugo por las autoridades. A ese operativo de las detenciones, según trascendió, en la Policía, lo denominaron "Los 12 Apóstoles".
La maniobra delictiva
Según se presume, tal lo sostuvo la fiscalía a lo largo del juicio, se efectuó una ingeniería criminal dedicada a estafar al Estado con los valores de los terrenos expropiados. Es que se sospecha que una red de abogados y funcionarios conformaron una asociación ilícita para elevar los precios de las propiedades que eran expropiadas por la Provincia y, así, alzarse con sumas millonarias que, de otra forma, no hubiera sido posible.
Para lograr su cometido, tanto la fiscalía como la querella, sostienen que tuvieron actores implicados en todos los sectores claves dentro del proceso de expropiación. Con miembros de la supuesta banda delictiva, de un lado y del otro del mostrador, habrían defraudado a la Administración Pública con la venta a precios exorbitantes de terrenos de la zona del dique Cuesta del Viento, del Parque de Mayo, del Canal Benavídez, entre otros sitios del territorito local.
Tal lo describió el querellante Rubén Pontoriero, se trató de una "industria del juicio" que operaba bajo una apariencia de legalidad, ya que funcionaba con la connivencia de jueces y funcionarios de alto rango.
El proceso judicial
Si bien la denuncia se hizo en 2010, la instrucción duró varios años y, en el medio, decenas de nombres que aparecieron en los expedientes. Tan amplia se volvió la causa, que debieron desdoblarla y apuntar contra un grupo principal de sospechosos. Fue por ello que, recién el 25 de julio de 2019, el juez Benedicto Correa, titular del Quinto Juzgado de Instrucción, cerró la etapa de investigación y, a pedido del fiscal Carlos Rodríguez, elevó la causa a juicio.
Antes, Graffigna, que había permanecido detenido, desfiló muchas veces por los pasillos de Tribunales ya sea para declarar en la causa o para presentar documentación, en favor de su defensa. No fue el único, ya que cada uno de los imputados debió atravesar el umbral del edificio de calle Rivadavia, lo mismo que afrontar los micrófonos de la prensa, que buscaba respuestas.
Como pocas veces sucede en los casos que llegan a la justicia penal, en la causa se registró una danza de inhibiciones, en la que jueces -y también fiscales- debieron dar un paso al costado por mantener vínculo cercano con las partes, sobre todo con aquellos que habían formado parte del Poder Judicial. Incluso, el propio fiscal Rodríguez intentó inhibirse y la seguidilla de apartamientos continuó con la causa elevada a juicio, por lo que costó conformar el tribunal colegiado del debate.
La dilatación en el tiempo
Los años hablan por sí solos. Del 2010 al 2019, la causa fue investigada por el Ministerio Público hasta que finalmente consiguió avanzar a la elevación a juicio. En el mientras tanto, hubo decenas de incidentes jurídicos y extrajurídicos, como las muertes de dos imputados: Baistrocchi y Marún de Sobelvio. Por otro lado, Pedro Bazzani, ex miembro del Tribunal de Tasación, fue apartado por tener una enfermedad mental.
Es que las presentaciones de todos los implicados, apelaciones a los procesamientos y demás planteos, sumado a la complejidad propia de la causa, pues depende en gran parte del factor técnico, en el campo de la agrimensura, entre otros, hicieron que los tiempos se extendieran.
Y, para no diferir con lo que significó la instrucción, el comienzo del debate se hizo esperar. En ese lapso también hubo presentaciones de parte de las defensas, que recusaron la intervención de los magistrados que integrarían el tribunal. Al cabo de las resistencias, de uno y otro lado, la Cámara Penal realizó el sorteo definitivo que colocó a Martín Heredia Zaldo, Silvina Rosso de Balanza y Matías Parrón al frente del tribunal.
El juicio
El debate oral y público comenzó el 19 de octubre de 2022, en el recinto del Concejo Deliberante de Capital. Frente a un importante número de imputados, la justicia sanjuanina se mudó a la sede del municipio capitalino, luego de coquetear con la idea de la ejecución del mismo en el Rectorado de la UNSJ, como los juicios de lesa humanidad.
A lo largo de las audiencias, pasaron todo tipo de testigos. En el medio, hubo cruces entre las partes e, incluso, entredichos entre los acusados y quienes fueron llamados a atestiguar. Las exposiciones fueron de película y, en algunos casos, contaron con pantallas, micrófonos personalizados y sonido especial. También hubo quienes únicamente se valieron de láminas o de sus notebooks, para tomar notas y hacer su propio archivo del juicio.
Un perjuicio millonario
Si bien se habló en un principio de un perjuicio de 15 millones de dólares, las cifras han variado con el paso del tiempo. No obstante, para la querella el daño podría ser mayor al punto de dejar en jaque el estado financiero de la Provincia, si se llevan adelante todas las expropiaciones que se vieron frenadas por este proceso judicial.
Según indicó, las consecuencias económicas de este juicio podrían ser devastadoras para la provincia. Si el tribunal no encuentra culpables a los acusados, podrían reactivarse ejecuciones de sentencias ya firmes, con montos que suman hasta 300 millones de dólares, incluyendo intereses y honorarios. Un ejemplo es la causa por la expropiación del Parque de Mayo, cuyo fallo exige el pago de 250 millones de dólares.
Denuncias cruzadas
En el transcurso de la causa, se han derivado otro tipo de acusaciones y de denuncias entre las partes. Uno de los últimos cruces fuertes fue el del Graffigna con el actual cortista y ex Fiscal de Estado, que participó de la instrucción, Guillermo De Sanctis. En pleno debate, radicó una denuncia penal en su contra y lo acusó de haber presentado un documento falso en el Juzgado Contencioso Administrativo, con el fin de hundir a Graffigna.
Sin embargo, desde el Ministerio Público desestimaron la denuncia. Ante este rechazo, el abogado de Graffigna -Marcelo Fernández- expresó que irá hasta la última instancia para revocar esta resolución. De igual manera, dijo que era esperable ya que el que está en la mira es alguien importante. “Hay documental necesaria para comprobar lo que denunciamos”, sostuvo.
Las posibles condenas
Para la mayoría de los acusados, lo que les podría deparar es la cárcel tras el pedido de la fiscalía y la querella. Aunque el Ministerio Público fue con los tapones de punta, lo fue aún más la querella que en su pretensión punitiva elevó los castigos que se equiparan con delitos como el homicidio.
En la etapa de alegatos, la fiscalía pidió 15 años de prisión para el hombre señalado como el cabecilla de la asociación ilícita, Graffigna. Fue señalado como autor material responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en función del delito de estafa, en 9 hechos. Además, por tentativa de fraude en 6 hechos y por el ser el jefe de una asociación ilícita que cometió fraude por ocultamiento y sustracción de prueba.
El fiscal Daniel Galvani, junto a Liliana Marinero, solicitó además 10 años de prisión para Alday, por considerarlo partícipe necesario en la comisión delictiva, mientras que para Melvin pidió 9 años de prisión efectiva. Para Macchi, pidieron 8 años de pena, al igual que para Ruiz. Para Díaz, solicitaron 6 años de prisión.
Por su parte, el Fiscal de Estado Sebastián Dávila pidió 25 años de prisión efectiva para Graffigna. Tras señalar que la megacausa impactó contra los cimientos del Poder Judicial y el Estado, afectando su credibilidad por la participación de la Justicia, dado los tribunales intervinientes, la participación de la Fiscalía de Estado y sus funcionarios, al igual que los integrantes del Tribunal de Tasación y los abogados implicados, no dudó en manifestar que por sus acciones la Justicia se convirtió en una "oficina para la corrupción". Es por eso que solicitaban máximas penas para los implicados.
