Diputados de la oposición presentaron este miércoles por la mañana una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), al considerar que no cumple con los requisitos básicos de participación ciudadana. La presentación fue encabezada por Maximiliano Ferraro y cuenta con las firmas de Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brügge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.
Según el escrito, la audiencia resulta inválida por las “graves irregularidades” en la metodología adoptada, que restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
Ferraro advirtió que el esquema implementado limita la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para la selección de participantes y excluye a la gran mayoría de las personas inscriptas. También señaló que las condiciones de participación fueron modificadas una vez iniciado el proceso, alterando las reglas originalmente establecidas.
“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100.000 personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país y para muchas provincias, comunidades y actividades productivas afectadas directamente por el agua de los glaciares. En lugar de garantizar la escucha, la Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces. No se puede avanzar con cambios de esta magnitud de manera exprés, sin debate real y sin la licencia social necesaria”, afirmó el diputado.
En el mismo sentido, la diputada Sabrina Selva sostuvo que “se cercenó la participación de manera arbitraria, sin transparentar el proceso de selección de los participantes” y cuestionó que miles de personas que pretendían expresarse oralmente hayan sido obligadas a reformular sus intervenciones. Además, señaló que se utilizó un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para restringir la participación de ciudadanos de todo el país. “De esta manera, lo que se pretende es simular una audiencia pública, no cumplir con una instancia real de participación”, dijo.
Los legisladores también remarcaron que el formato adoptado vulnera estándares básicos de participación pública, como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la necesidad de garantizar instancias sustantivas de debate previo a la toma de decisiones. “El procedimiento implementado desnaturaliza la finalidad de la audiencia pública, transformándola en una instancia meramente formal, sin deliberación real ni posibilidad efectiva de incidencia por parte de la ciudadanía”, sostuvo Ferraro.
Por estos motivos, solicitaron que se declare la invalidez de la audiencia pública, la nulidad de los actos realizados en su marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones reales, abiertas e inclusivas de participación. Finalmente, dejaron planteada la reserva de acudir a la vía judicial si persiste la afectación del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.
