En la tarde de este viernes, el exintendente de Caucete y abogado Julián Gil fue sentenciado por la Justicia sanjuanina por dos casos de encubrimiento de causas de abuso sexual. Pese a este hecho, no irá a prisión porque acordó la condena mínima de un año de prisión en suspenso tras mostrarse arrepentido.
La audiencia comenzó con polémica. Su abogado defensor Mario Morán pidió a la jueza de garantías Gloria Chicón que prohibiera el ingreso de los medios de comunicación para preservar “la integridad moral por la trayectoria política” del exintendente.
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Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal -a cargo del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, y su ayudante Francisco Nicolía- pidió la prisión preventiva para Gil, tras la acreditación de los hechos de los delitos de Encubrimiento Agravado. Cabe destacar que el letrado intentó sobornar a dos defendidos que fueron imputados en causas de abuso sexual. Desde el entorno de las víctimas confirmaron que el exintendente les ofreció dinero para cambiar la versión de ambos casos.
El exjefe comunal no declaró, pero se mostró arrepentido y buscó una salida elegante para evitar la Investigación Penal Preparatoria. Posteriormente, acordó la condena mínima y fue sentenciado a un año de prisión en suspenso a través de un juicio abreviado. Además, el dirigente no tenía antecedentes ni causas pendientes.
Salió sonriendo de Tribunales, tras firmar su libertad. Luego decidió no brindar declaraciones a Tiempo de San Juan ni otro medio.
Los dos casos por los que Gil quedó imputado
Fuentes judiciales le confirmaron a este diario que Gil intentó sobornar a la madre de una víctima. El propósito era beneficiar a su defendido, identificado como Francisco Washington Frías y quien estaba imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad.
El pasado 21 de marzo, la UFI ANIVI recibió una declaración testimonial a la madre de la menor de edad víctima de la agresión sexual y en ella delató al denunciado. Dijo que Gil había mantenido una reunión con una de sus hijas días antes -el 9 de marzo de 2024- y que, en ese encuentro y por su rol de parte denunciante, la había intentado convencer de desistir de la acción penal. La madre de la damnificada contó que su hija grabó el encuentro con su celular.
En dicha grabación, se lo escucha al abogado caucetero hablar de un caso anterior en el que una causa se había caído por el arrepentimiento de la denunciante. Las fuentes señalaron hizo mención al caso “Rodríguez” y que, en términos generales, aseguró que todo se acordó por fuera de la Justicia y con dinero de por medio.
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Gloria Chicón, la jueza que aceptó a la petición del defensor de Julián Gil de sacar a la prensa de la sala de audiencia para cuidar su "integridad moral".
La prueba exhibió algunas declaraciones de Gil que lo pusieron contra las cuerdas. En ellas habría afirmado que la denunciante le pidió plata al denunciado y le hizo firmar unos pagarés, que él mismo los llevó al Penal de Chimbas y los hizo firmar por el hombre que estaba preso; y que luego la mujer fue a CAVIG y logró que la investigación fuera para atrás.
A partir de semejante declaración, desde la UFI ANIVI presumieron que el abogado habría incurrido en un ilícito, afectando la investigación en la causa a la cual hace referencia como “Rodríguez” y por ello remitieron las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales. Es que, efectivamente, ese caso tuvo a Gil como defensor de José Armando Rodríguez, quien, a pesar de haber sido imputado por abuso sexual con acceso carnal y amenazas agravadas, razón por la que acabó tras las rejas, recuperó la libertad gracias a que la denunciante "desmintió" la agresión sexual que describió en su primera versión.
Más allá de lo que hallaron en los dispositivos, fue la propia víctima la que confesó que Gil la había convencido para cambiar la declaración para beneficiar al imputado. Dijo que, en una ocasión, la llevó a su casa y el ex intendente le dio $6.000. Finalmente, allá por el 2021, aceptó la oferta del letrado por las necesidades económicas que tenía.
La negativa a la prensa
El propio Morán antes de empezar la audiencia le solicitó a la jueza Gloria Chicón que pidiese a los medios de prensa que abandonaran la sala para preservar la "integridad moral" de Julián Gil. El fiscal Micheltorena no hizo ninguna objeción y la magistrada, la misma que tiempo atrás fue sancionada por faltar a su trabajo y mentir en su justificación, aceptó el pedido de la defensa del ex intendente.
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No siquiera en los pasillos dejaron permanecer a los periodistas, que no pudieron cubrir la audiencia pública en la que el ex intendente y abogado Julián Gil es sospechado de manipular a una víctima de violación para que se retractara de la denuncia.