Por qué motivo detuvieron al ex intendente de Caucete

Fuentes judiciales le confirmaron a este diario que Gil intentó sobornar a la madre de una víctima de abuso sexual. El propósito era beneficiar a su defendido, identificado como Francisco Washington Frías y quien estaba imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad.

El pasado 21 de marzo, la UFI ANIVI recibió una declaración testimonial a la madre de la menor de edad víctima de la agresión sexual y en ella delató al denunciado. Dijo que Gil había mantenido una reunión con una de sus hijas días antes -el 9 de marzo de 2024- y que, en ese encuentro y por su rol de parte denunciante, la habí intentado convencer de desistir de la acción penal. La madre de la damnificada contó que su hija grabó el encuentro con su celular.

En dicha grabación, se lo escucha al abogado caucetero hablar de un caso anterior en el que una causa se había caído por el arrepentimiento de la denunciante. Las fuentes señalaron hizo mención al caso “Rodríguez” y que, en términos generales, aseguró que todo se acordó por fuera de la Justicia y con dinero de por medio.

La prueba exhibió algunas declaraciones de Gil que lo pusieron contra las cuerdas. En ellas habría afirmado que la denunciante le pidió plata al denunciado y le hizo firmar unos pagarés, que él mismo los llevó al Penal de Chimbas y los hizo firmar por el hombre que estaba preso; y que luego la mujer fue a CAVIG y logró que la investigación fuera para atrás.

A partir de semejante declaración, desde la UFI ANIVI presumieron que el abogado habría incurrido en un ilícito, afectando la investigación en la causa a la cual hace referencia como “Rodríguez” y por ello remitieron las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales. Es que, efectivamente, ese caso tuvo a Gil como defensor de José Armando Rodríguez, quien a pesar de haber sido imputado por abuso sexual con acceso carnal y amenazas agravadas, razón por la que acabó tras las rejas, recuperó la libertad gracias a que la denunciante "desmintió" la agresión sexual que describió en su primera versión.

Tras la remisión de la causa, el fiscal Francisco Micheltorena y su ayudante fiscal Francisco Nicolía dieron inicio a las actuaciones preliminares y, en el marco de dicha instrucción, le solicitaron al juez de Garantías una orden de allanamiento en los domicilios de José Armando Rodríguez y la denunciante, con el objetivo fue proceder al secuestro de sus teléfonos celulares. Más allá de lo que hallaron en los dispositivos, fue la propia víctima la que confesó que Gil la había convencido para cambiar la declaración para beneficiar al imputado. Dijo que en una ocasión, la llevó a su casa y el ex intendente le dio $6.000. Finalmente, allá por el 2021, aceptó la oferta del letrado por las necesidades económicas que tenía.

Frente a las sospechas de encubrimiento agravado por esa conducta y varios elementos de convicción que complican al abogado, los representantes del Ministerio Público pidieron su inmediata detención, la que provocó el asombro de propios y extraños. Ahora Gil afronta una imputación por encubrimiento agravado por intervenir en la materialización de un pago de dinero para lograr la modificación de una declaración testimonial, lo que excede su rol como abogado.

Según las fuentes, la maniobra constituye una conducta gravísima contra la justicia, contra los jueces y fiscales que han resultado engañados por este accionar y, fundamentalmente, contra la víctima de un delito sexual.