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SUSCRIBITECinco integrantes de la banda admitieron su responsabilidad en un juicio abreviado y recibieron penas de prisión efectiva. La causa reveló cómo operaba la red que falsificaba DNI desde una oficina pública y dejaba a las víctimas con deudas millonarias.
Una organización dedicada a la usurpación de identidad y estafas millonarias fue desarticulada tras un juicio abreviado en el que cinco imputados reconocieron su responsabilidad y recibieron condenas de prisión efectiva. La causa dejó al descubierto un engranaje delictivo aceitado que operaba con información sensible y que tenía como pieza clave a una empleada estatal.
En el centro de la maniobra apareció Natalia Lorena Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, señalada como el nexo interno que permitía sortear los controles oficiales. De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, su rol fue determinante para la emisión de DNI duplicados y triplicados con identidades reales, pero en manos de terceros.
Las pruebas obtenidas de peritajes telefónicos fueron contundentes. En los mensajes, Castillo coordinaba con el líder de la banda los turnos de los llamados “prestachicos”, quienes aportaban sus datos biométricos para confeccionar documentos falsos. También quedaron expuestas discusiones por dinero: la exfuncionaria reclamaba pagos de hasta $400.000 por cada trámite y cuestionaba el reparto de ganancias frente al riesgo que asumía.
Por su participación, Castillo fue condenada a 4 años y 8 meses de prisión efectiva. Su caída reavivó además una fuerte reacción en redes sociales, donde antiguos usuarios que aseguraron haber sido atendidos por ella recordaron malos tratos y lanzaron duras críticas. “Y tan soberbia que era cuando ibas a hacer el documento”, escribió un usuario. Otros mensajes también se viralizaron con fuertes cuestionamientos a su desempeño.
El jefe de la organización fue Rolando Javier Navarro Saide, alias “El Narigón”, un viejo conocido del ambiente delictivo sanjuanino con un frondoso prontuario. Acumulaba al menos 13 causas por estafas similares, muchas de ellas vinculadas a la usurpación de identidad. Ya en 2015 había sido detenido con múltiples pedidos de captura, y en 2023 fue procesado por utilizar el DNI de una mujer para gestionar créditos y realizar compras fraudulentas.
Navarro Saide también había sido condenado a fines de 2025 por transporte de estupefacientes en el norte del país. Fue, justamente, el secuestro de su teléfono en esa causa lo que permitió avanzar sobre la red de falsificación de documentos. En este expediente, fue considerado el “cerebro” de la banda y recibió una pena de 5 años y 4 meses de prisión.
Según la causa, el líder obtenía datos de víctimas a través de bases oficiales y privadas —como ANSES, padrones electorales y registros empresariales— y luego definía quiénes se presentarían en el Registro Civil para completar el circuito. Una vez emitidos los DNI, los utilizaban para solicitar préstamos y adquirir bienes que luego revendían.
Junto a él fueron condenados su hijo, Rodrigo Navarro Pozo, Marcelo Omar Cardozo y Matías Martín Martínez Villalba, todos a penas de 3 años y 10 meses de prisión, mientras que Marcos Esteban Vallejos recibió 3 años en suspenso. Ellos eran quienes se presentaban físicamente a realizar los trámites con identidades usurpadas.
El impacto de la maniobra fue devastador para las víctimas. Cinco personas quedaron atrapadas en deudas que, en total, superaron los 80 millones de pesos. Algunos sufrieron embargos, inhibiciones y hasta la imposibilidad de operar en el sistema financiero. En uno de los casos, una mujer quedó prácticamente indocumentada en el extranjero tras la invalidación de su DNI original.
La investigación, sin embargo, no está cerrada. Seis imputados rechazaron el acuerdo de juicio abreviado y enfrentarán un proceso oral, acusados de haber participado en al menos otros 19 intentos de estafa que fueron frustrados por los sistemas de control biométrico del Renaper. El fiscal ya anticipó que solicitará penas condicionales para este grupo.
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