Una aceitada organización delictiva dedicada a la usurpación de identidad y las estafas millonarias sufrió un duro revés judicial. Un total de cinco implicados decidieron reconocer sus delitos y aceptar penas de prisión efectiva en un juicio abreviado homologado por el juez mendocino Juan Ignacio Pérez Curci. Sin embargo, la investigación expuso las entrañas de una maniobra que no habría sido posible sin la pieza fundamental del engranaje: la complicidad interna dentro del Estado sanjuanino.
Natalia Castillo: la empleada que abrió las puertas al fraude
El nexo clave y principal ariete para llevar adelante la megaestafa era Natalia Castillo, la exencargada del Registro Civil de Pocito. Según la investigación judicial impulsada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, Castillo se convirtió en el brazo ejecutor dentro del organismo estatal, permitiendo que la banda vulnerara de forma sistemática la seguridad de las identificaciones oficiales.
Las pruebas recolectadas a través del peritaje de teléfonos celulares resultaron lapidarias para la exfuncionaria. Los mensajes de texto y audio revelaron que Castillo mantenía una comunicación directa con el jefe de la banda para coordinar cuándo debían asistir los "prestachicos" (las personas que ponían sus rostros y huellas digitales) para tramitar los DNI duplicados o triplicados a nombre de ciudadanos inocentes.
Los chats también dejaron en evidencia la motivación económica de la empleada estatal. En una ocasión, Castillo le exigió al líder de la banda la suma de 400 mil pesos para cancelar una deuda personal tras un pedido de nuevos documentos. En otros mensajes se quejaba abiertamente de las ganancias de la banda frente al riesgo que ella asumía: "Yo sigo igual y la que se arriesga soy yo. Ustedes andan re bien vestidos y todo y yo igual". Ante el reclamo, el cabecilla le llegó a ofrecer una tarifa fija: 400 mil pesos por cada documento falso que lograra emitirse con éxito.
Por su rol indispensable en la asociación ilícita, Castillo fue condenada a 4 años y 8 meses de prisión efectiva.
El "cerebro" de la banda y el resto de los condenados
El líder indiscutido de la organización era Rolando Javier Navarro Saide, calificado como el "cerebro" y jefe de la asociación ilícita. Navarro Saide contaba con un frondoso prontuario por estafas, encubrimiento y uso de documentos falsos. Incluso, arrastraba una condena reciente, dictada el 30 de diciembre de 2025, a 4 años y 6 meses de cárcel por transporte de estupefacientes en el norte del país. Fue justamente el secuestro de su teléfono celular en esa causa narco lo que permitió desarmar la red de los DNI.
Navarro Saide se encargaba de rastrear los nombres, números de documento y domicilios de las víctimas a través de bases de datos oficiales de ANSES (como el programa Procrear o las becas Progresar), padrones electorales e incluso nóminas de empresas privadas y de la Procuración General de la Nación. Luego, definía quiénes iban al Registro Civil a poner la firma, retiraba los plásticos y administraba el botín. El cabecilla acordó, a través de su defensa a cargo de Esteban Chervin y Sergio Herrero, una pena de 5 años y 4 meses de prisión.
Junto a ellos, otros integrantes de la banda también aceptaron su culpabilidad en el juicio abreviado:
-
Rodrigo Javier Navarro Pozo (hijo del líder): Condenado a 3 años y 10 meses de prisión.
Marcelo Omar Cardozo: Condenado a 3 años y 10 meses de prisión.
Matías Martín Martínez Villalba: Condenado a 3 años y 10 meses de prisión.
Marcos Esteban Vallejos: Condenado a 3 años de prisión en suspenso.
Estos últimos eran quienes concurrían a la oficina de Pocito a poner sus rostros y huellas dactilares para que se emitieran copias legales de DNI, pero con las identidades usurpadas. Una vez con el plástico en la mano, sacaban préstamos y compraban electrodomésticos masivamente. "Si te dan el DNI, sácate un aire y un tele... Hay que vender, hay que guardar para vender", ordenaba el jefe en uno de los audios de la causa.
La maniobra delictiva afectó a cinco personas de forma directa, generando deudas ficticias que ascendieron a los 80 millones de pesos. Para los damnificados, el fraude significó una verdadera destrucción de sus vidas cotidianas. A Diego Pedro Brady, le sacaron créditos por más de 35 millones de pesos. Sufrió embargos, inhibiciones y figuraba como moroso en los registros oficiales. Tuvo que paralizar por completo la construcción de su vivienda; a Bruno Arrighi, se desayunó con una deuda de 12.800.000 pesos. No pudo inscribirse como monotributista y hasta fue borrado del padrón electoral; Fernando Lombardo, le adjudicaron préstamos por 20.200.000 pesos. Pasó meses peregrinando por el Renaper, Defensa al Consumidor y financieras para demostrar que él no era el estafador. A un tal Diego Hipólito enfrentó intimaciones judiciales y reclamos extrajudiciales por deudas de 12.200.000 pesos que jamás solicitó; y a Natalia Baigorria Mohr, aunque la banda no llegó a sacar créditos a su nombre, vivió una pesadilla particular. Al tramitarse un DNI duplicado falso en Pocito, su documento original quedó automáticamente invalidado. Esto le provocó un bloqueo financiero internacional, dejándola virtualmente indocumentada en el extranjero entre abril y mayo de 2025 hasta que logró destrabar el problema en San Juan.
Seis imputados rechazaron el acuerdo y van a juicio
El caso no está cerrado para todos. Hubo seis acusados que decidieron no reconocer su culpabilidad en el juicio abreviado y prefirieron someterse al debate oral tradicional. Se trata de Carlos Fabián Prato, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Analía Edith Rosales, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas.
A este grupo se lo acusa de haber prestado sus imágenes para tramitar DNI falsificados en otros 19 casos. Sin embargo, en esta segunda tanda de estafas, las maniobras se frustraron porque saltaron las alertas de control del sistema de datos biométricos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
El fiscal Fernando Alcaraz ya adelantó las penas que solicitará en el juicio que tiene fecha próxima a definir: un pedido de 2 años y 6 meses de prisión condicional para Analía Rosales, y 2 años de prisión condicional para los cinco restantes.
