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SUSCRIBITELa maquilladora y empresaria fue condenada en 2023 por regentear un prostíbulo en su casa de masajes. Este martes obtuvo la prisión domiciliaria por su estado de salud.
Patricia Coria, la dueña de Eros.
Después de pasar 2 años, 7 meses y 28 días en el penal de Chimbas, Patricia Coria volvió a su casa. La maquilladora y empresaria condenada en 2023 por regentear y prostituir jóvenes en su local de masajes y estética “Eros For Men”, en el centro de San Juan, obtuvo este martes 26 de mayo el beneficio de la prisión domiciliaria por el deterioro de su estado de salud.
Patricia Coria, de 63 años, desde hoy cumplirá el resto de la condena de 4 años de cárcel en su domicilio. Así lo resolvió el juez Federico Zapata, titular del Juzgado de Ejecución de Primera Nominación, a partir de un pedido que hizo su defensa en una audiencia realizada este martes en Tribunales. El abogado Franco Montes planteó la situación de la esteticista, cuya salud mental se fue deteriorando producto de una profunda depresión y que empezó a mostrar el avance del Parkinson.
Esto fue certificado por un médico del Servicio Penitenciario Provincial y una junta del Poder Judicial de San Juan, de modo que la fiscalía no se opuso al pedido. La decisión de otorgarle la prisión domiciliaria también se dio en el momento en que Coria ya cumplió los dos tercios de su condena y se encuentra en condiciones de recibir la prisión condicional.
El “Caso Eros For Men”, como lo llamaron algunos en mayo de 2022, salió a la luz cuando una joven de 19 años denunció en la UFI CAVIG que era obligada a ofrecer servicios sexuales a clientes del local de estética y masajes ubicado sobre calle 25 de Mayo, en Capital.
A partir de ese momento quedaron en la mira Patricia Coria, la dueña de ese centro de estética, y su hija Natalia Pablo. En aquellos días surgieron versiones de otras empleadas que describieron el funcionamiento del lugar y aseguraron que las dueñas se quedaban con gran parte del dinero que obtenían las chicas por los llamados “servicios especiales”. En el local trabajaban alrededor de 14 mujeres de entre 19 y 30 años, que cumplían tareas de masajistas y esteticistas durante extensas jornadas. Los investigadores sospechaban que varias de ellas también realizaban prácticas sexuales con clientes a cambio de dinero.
Fuentes judiciales señalaron en aquel entonces que el resto de las chicas posiblemente no quiso denunciar por vergüenza, temor o para no exponerse públicamente. También se conoció que en los allanamientos encontraron registros de más de 100 clientes, con nombres, DNI y formas de pago, además de datos sobre hombres que concurrían semanalmente al lugar. Esa lista jamás se conoció, pero se habló de que había nombres de funcionarios, empresarios y otras personas conocidas del medio local.
La empresaria fue detenida el 10 de mayo y al otro día realizaron la formalización de la causa ante el juez de garantías Andrés Abelín Cottonaro. Allí, el fiscal Juan Manuel Gálvez imputó a Patricia Coria por promoción y facilitación de la prostitución en calidad de autora, mientras que a su hija le atribuyó participación como coautora. Aunque el Ministerio Público pidió la prisión preventiva para ambas, el magistrado dispuso dejarlas en libertad bajo fianza mientras avanzaba la investigación penal preparatoria.
El 3 de octubre de 2022, tras nueve jornadas de juicio oral, el tribunal integrado por los jueces Alberto Caballero, Gloria Verónica Chicón y María Gema Guerrero condenó a Coria a 4 años de prisión efectiva por promoción y facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución. En cambio, Natalia Pablo fue absuelta.
A pesar de la condena efectiva, Coria continuó en libertad cerca de un año como consecuencia de las distintas presentaciones de su defensa para revertir el fallo. El 21 de marzo de 2023, el Tribunal de Impugnación compuesto por los jueces Ana Lía Larrea, Benedicto Correa y Daniel Guillén confirmaron la condena dictada en primera instancia. Aún así, la defensa insistió con otros recursos.
Esa situación cambió el 28 de septiembre de 2023, cuando el tribunal rechazó un nuevo planteo de su abogado y ordenó su detención inmediata para que se hiciera efectivo el cumplimiento de pena. Ese día, efectivos de la brigada de la UFI CAVIG fueron hasta su domicilio para trasladarla al penal de Chimbas, donde finalmente comenzó a cumplir la pena. Desde entonces permaneció alojada en el Servicio Penitenciario Provincial hasta este martes 26 de mayo de 2026.