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SUSCRIBITEEl reciente crimen en un establecimiento educativo de San Cristóbal trajo al recuerdo los episodios ocurridos en la provincia. En los últimos años se registraron casos con armas en manos de alumnos, desde un disparo dentro de una escuela hasta situaciones recientes que encendieron alarmas.
Imagen de archivo de Clarín.
La conmoción por el ataque a tiros ocurrido en una escuela de San Cristóbal -Santa Fe- volvió a poner el foco sobre un tema tan sensible como inquietante: la presencia de armas en ámbitos educativos. En San Juan, si bien no se registraron hechos de igual gravedad en tiempos recientes, existen antecedentes que dejaron huella y mantienen latente la preocupación.
El caso más estremecedor se remonta al 4 de abril de 2011, en la escuela Faustina Sarmiento Belín, en Desamparados. Aquella mañana, la rutina escolar se quebró con un disparo que pudo haber terminado en tragedia. Un alumno de 14 años ingresó al establecimiento con un revólver calibre 38 oculto entre su ropa y, tras dirigirse al patio, apuntó contra la dirección.
Del otro lado de la ventana se encontraba la directora Mónica Soler. La bala atravesó el vidrio y cayó a centímetros de donde estaba sentada. El estruendo paralizó a toda la escuela y desató una escena de desesperación. La docente, aún aturdida, salió a perseguir al adolescente, que terminó siendo reducido a pocas cuadras por la Policía.
El episodio, que milagrosamente no dejó heridos, expuso una situación límite. El menor había protagonizado conflictos previos y, según se reconstruyó, habría actuado por enojo tras no poder inscribirse ese año. Sin embargo, por su edad, no pudo ser juzgado y fue restituido a su familia, en un caso que quedó grabado como uno de los más graves dentro de una institución escolar sanjuanina.
Uno de ellos ocurrió en agosto pasado en la escuela General San Martín de Jáchal. Allí, un alumno de apenas 11 años llevó en reiteradas ocasiones un arma de fuego cargada, junto con municiones y cuchillos. El hecho salió a la luz gracias al relato de sus propios compañeros, lo que generó temor entre los padres y derivó en una investigación judicial.
La gravedad del caso provocó que varias familias decidieran no enviar a sus hijos a clases hasta obtener respuestas, reflejando el nivel de preocupación que generó la situación.
Semanas después, otro episodio tuvo lugar en el Colegio San Agustín, en Rivadavia. En ese caso, un alumno de tercer grado asistió a clases con lo que inicialmente se creyó que era un arma de fuego. La intervención policial confirmó luego que se trataba de una réplica de una pistola 9 milímetros, en mal estado y sin capacidad de disparo.
Aun así, el hallazgo generó tensión dentro de la institución y una fuerte repercusión entre los padres, que rápidamente viralizaron la situación en grupos de mensajería. El miedo no era menor. El antecedente de un caso en Mendoza -sucedido en septiembre de 2025-, donde una adolescente se había atrincherado con un arma real en una escuela, estaba todavía fresco.
Según se informó, fue una docente quien detectó el objeto en la mochila del niño y activó el protocolo correspondiente. El elemento fue retirado, se dio aviso a la familia y posteriormente intervino la Policía, que procedió a su secuestro.
A estos episodios se suma otro hecho ocurrido en noviembre de 2025, que si bien no involucró armas de fuego, volvió a exponer situaciones de violencia dentro del ámbito escolar. En la escuela secundaria Leonor Sánchez de Arancibia, dos grupos de alumnos protagonizaron una pelea a la salida del turno mañana que incluyó amenazas con armas blancas y cadenas.
Según trascendió, algunos de los adolescentes llevaban esos elementos con la intención de agredir físicamente a sus rivales, aunque el enfrentamiento no llegó a concretarse. El episodio generó alarma entre los presentes y derivó en una denuncia radicada por uno de los padres en la Comisaría 9°.
El hombre aseguró que su hijo temía regresar a clases por posibles represalias. La Justicia de Menores tomó intervención, mientras la Policía avanzó con distintas averiguaciones, incluyendo la toma de testimonios al personal directivo.
El reciente crimen en el departamento santafecino, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero dentro de una escuela, reavivó el debate sobre la violencia en ámbitos educativos y el acceso de menores a armas.
El caso, además, abrió una discusión jurídica: pese a la reciente aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil -que baja la edad de imputabilidad a 14 años-, el acusado no podrá ser juzgado debido a que la normativa aún no entró en vigencia efectiva, ya que contempla un plazo de 180 días desde su publicación.
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