Quedó imputado por aterrorizar a una mujer con una falsa citación judicial: le dijo que la acusaban por "intento de homicidio con amenazas"

El hecho se remonta al pasado 12 de septiembre, cuando C. B. recibió un mensaje de Alejandro Rubén Olmos Sánchez, que incluía la foto de perfil del Ministerio Público Fiscal y una supuesta citación para presentarse el 18 de septiembre en la UFI Genérica. El mensaje, firmado aparentemente por “Carla Salinas, Secretaria de la UFI”, indicaba que la mujer estaba imputada en un expediente caratulado como “Intento de homicidio con amenazas”.

Al concurrir junto a su abogado defensor, C. B. constató que la causa no existía y que nadie la había citado, lo que derivó en la denuncia y el inicio de la investigación. Fuentes oficiales confirmaron a este diario que Olmos y la denunciante se conocían previamente, aunque no trascendió qué tipo de relación tenían.

Olmos fue detenido por policías de la Brigada de la UFI Genérica durante el último jueves y lo trasladaron a los calabozos de la Comisaría 29°. Este viernes se realizó la audiencia de control de detención y formalización de investigación penal preparatoria en la Sala 6 de los tribunales sanjuaninos. La audiencia estuvo a cargo del juez Diego Manuel Sanz, con la participación del fiscal de la UFI Genérica, Francisco Pizarro, y la ayudante fiscal Eliana Roca. La defensa oficial estuvo a cargo de Cecilia Mut.

Durante la audiencia, se declaró la legalidad de la detención y se formalizó la investigación contra Olmos por el delito de usurpación de autoridad, en calidad de autor. El juez decidió mantener al imputado en libertad, imponiéndole medidas de coerción por cuatro meses. El hombre deberá presentarse mensualmente ante la Comisaría 29°, notificar cualquier cambio de domicilio, no salir de la provincia sin autorización judicial y tiene prohibido cualquier acercamiento o contacto con la denunciante, incluyendo mensajes por cualquier medio digital o redes sociales.

La Investigación Penal Preparatoria (IPP) continuará durante el plazo de cuatro meses, período en el cual se recopilarán pruebas sobre la falsificación de la citación y la suplantación de autoridad.